El 1 de mayo de 1981 fallecía en Torrejón de Ardoz (Madrid) Jaime Vaquero García, de ocho años, afectado por una enfermedad a la que llamaban “neumonía atípica”. Una semana más tarde seis personas habían muerto y otras 150 estaban enfermas solo en la provincia de Madrid. Ese verano y en los meses siguientes fallecieron más de 600. Alrededor de 25.000 resultaron afectadas en una veintena de provincias (las cifras oficiales, sin embargo, rebajan el número de fallecidos a 346 y el número de afectados a 18.500). Fue el primer caso de envenenamiento masivo de España.
El fraude provenía de desnaturalizar aceite de colza (inicialmente comestible) al añadirle la anilina, que fue el agente tóxico de la enfermedad, aun desconocido entonces, según la sentencia del Supremo de septiembre de 1997. El aceite resultante se destinó al consumo humano en un circuito de venta ambulante y también clandestina entre vecinos y sin ningún tipo de control: aceite barato para pobres. Una de las empresas más activas fue RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
En octubre de 1995 se inició el “juicio de los altos cargos” que concluyó el año siguiente con la condena simbólica de un funcionario para que el Estado se hiciera cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, la condena definitiva no llegó hasta 1997, más de 16 años después del inicio del envenenamiento masivo. El Supremo condenó a dos funcionarios por imprudencia temeraria a seis meses y un día de prisión y al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar la totalidad de las indemnizaciones. En 2006 todavía quedaban 36 expedientes por concluir y unas 300 personas con derecho a cobrar indemnización que entonces no habían presentado su reclamación. A principios de los años noventa, Sanidad abrió unidades especializadas en todas las comunidades autónomas, además de una unidad de investigación de la enfermedad en el Instituto Carlos III. En 2021 solo un hospital, el 12 de Octubre de Madrid, cuenta con dos salas precarias especializadas para las miles de víctimas. El resto de unidades de las comunidades autónomas se desmanteló, aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluyen en el capítulo relativo a los servicios sociales una dotación de créditos por valor de 27,5 millones de euros para los afectados por el síndrome tóxico.
¿Qué reclaman las víctimas? La mayoría de las ayudas no llegaron, el proceso de cobro fue muy lento y hoy algunos no tienen ni pensión, pero las secuelas de aquella epidemia no han desaparecido. Viven enganchados a las promesas sin otro horizonte. Tampoco nunca les ha recibido un presidente del Gobierno. Quizá el gesto escandaloso de la ocupación de una sala del Prado ha tapado el desvalimiento de las víctimas, 40 años después de su envenenamiento.
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