Una manifestante con la palabra ‘aborto’ pintada en la cara, durante las protestas en Bogotá (Colombia), este martes.Juan Barreto (AFP)
El 10 de julio de 2020 el mundo seguía paralizado por la pandemia de coronavirus. En un pequeño pueblo de Santander, en el oriente de Colombia, una adolescente de 15 años quedaba marcada por el sistema judicial: “homicidio en grado de aborto”. Meses antes, una mañana de enero, la menor fue hallada en el baño de su casa sangrando, después de tomar un medicamento abortivo. Estaba embaraza de siete meses. El relato, detallado en un expediente judicial al que ha tenido acceso este diario, dice que la Policía las trasladó a ella y al bebé a una clínica; que la joven jamás le contó a su familia que estaba embarazada por temor a su reacción; que el bebé falleció y que ella aceptó los cargos.
Ni la Fiscalía, ni la Defensora de Familia ni el juez se preocuparon por el estado de salud de la menor, tampoco por si se encontraba dentro de las tres causales permitidas para abortar en Colombia desde 2006: si había sido abusada, si el embarazo había puesto en riesgo su vida o tenía alguna malformación. En su lugar, el fiscal alegó que no le importaba si llevaba “un día, una semana, siete u ocho meses (de embarazo)”, y regañó a los padres: “Lo que más extraña es ver lo que hizo una hija de un matrimonio católico”, les dijo.
En Colombia, el Código Penal ordena penas de entre 16 y 54 meses a las mujeres que aborten, pero las menores tienen un régimen especial. La adolescente fue condenada a libertad asistida y a recibir tratamiento psicológico y terapéutico para “orientar al menor a controlar sus impulsos sexuales”.
No se trata de un caso aislado. A comienzos de 2016, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, otra menor sentía que el mundo le caía encima. Tenía un retraso. “Estaba estudiando y la situación económica en mi casa era muy precaria”, dijo ante un juzgado, en el que narró que empezó a investigar cómo interrumpir su embarazo de seis semanas “sin tanto riesgo”. “Mientras averiguaba, di con una página de internet y los contacté. Quien me respondió me dijo que enviara 80.000 pesos (21 dólares). Cuando confirmaron mi giro, me enviaron las pastillas con un domiciliario y me dieron las indicaciones”, contó la adolescente de 17 años. Tras dos días con cólicos y sangrado decidió acudir a una clínica. Allí determinaron que tenía un aborto retenido y, al ver que era menor de edad, llamaron a la Policía.
Una historia similar a la de otra joven de 17 años, que acudió al hospital con complicaciones y fue denunciada por una enfermera, o a la de una de 15 que, tras un año de agotador proceso judicial, aceptó los cargos. Los ingredientes que se unen en casi todas las historias de menores judicializadas por abortar son similares. Datos sacados de internet de fiabilidad dudosa, vendedores de pastillas, falta de información que pone en riesgo sus vidas, patrulleros que interrogan, médicos o enfermeras que las denuncian, defensores de familia, fiscales o jueces que las obligan a largos procesos judiciales.
De acuerdo con un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer y de la Universidad de los Andes, las menores de edad son más perseguidas y sancionadas por el delito de aborto que las mujeres de otros rangos de edad. De acuerdo con el estudio La criminalización del aborto en Colombia, de las 355 sentencias condenatorias contra mujeres entre 2006 y 2019 en el país, 81 corresponden a menores de 14 a 17 años. “El 12,5% de los casos perseguidos (5.737 investigaciones por aborto) involucran a mujeres menores de edad, el 25% de las finalmente condenadas (estrictamente se usa la expresión sancionadas) son menores”, asegura el documento.
Para el movimiento feminista Causa Justa, que agrupa a casi 100 organizaciones de mujeres, la eliminación del delito de aborto en el Código Penal que estos días estudia la Corte Constitucional permitiría que adolescentes como estas tuvieran información segura en clínicas legales que no pusieran en riesgo sus vidas.
Desde el punto de vista de la salud se podrían evitar muertes maternas, afirma la ginecobstetra Laura Gil, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que llevó el caso ante la Corte para que elimine el delito. “En estos doce años de despenalización parcial teníamos la Ley para evitar 500 muertes maternas y las barreras lo impidieron. Con la eliminación del delito disminuiríamos muchísimo los abortos inseguros”, dice.
Desde el ámbito legal, también se evitarían costosos procesos que no contribuyen a evitar o disuadir a las mujeres del aborto, como explica Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Hay un uso excesivo del derecho penal en relación con el aborto y está demostrado que el delito no es eficaz ni ha servido para proteger la gestación”.
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