Yevhen Zhuk podría haber jugado la carta de la guerra, pero no le merecía la pena. Este ucranio de 51 años llegó hace cinco a Polonia, con su mujer y su hijo, desde una localidad cercana a la región del Donbás, inmersa en un conflicto. Ni siquiera se planteó pedir protección internacional: era tan fácil obtener un permiso de trabajo en la misma Polonia, a menudo presentada como una fortaleza antinmigración, que ni se lo pensó. “Al Estado polaco le da igual por qué estoy aquí, lo que le importa es que trabaje”, cuenta en una cafetería de Varsovia en una pausa entre entrega y entrega. Trabaja en Correos y admite que su migración tuvo “más que ver con el nivel de vida” que con el conflicto en su región natal.
El primer año, cuenta, fue difícil, sin conocer bien la lengua ni las leyes. Cuatro más tarde, le va muy bien. Gana el equivalente a casi 1.800 euros al mes (por encima del salario medio en Polonia) gracias a su trabajo como repartidor y a dos quioscos. Solo por el primero percibe cinco veces más de lo que lo haría en Ucrania, calcula. “Sé que ganaría más en otros países de la UE, pero Polonia estaba más cerca y era más fácil venir. Además, estoy ya mayor como para aprender otra lengua. Y tampoco quiero volver a sufrir de nuevo ese primer año. Así que mejor trabajo aquí y algún día me voy a Tenerife de vacaciones, que es mi gran sueño”, resume entre risas.
Zhuk dista de ser una excepción. Sexta economía de la UE y necesitada de mano de obra para sostener su crecimiento, Polonia fue el año pasado el país comunitario que más permisos de residencia concedió a ciudadanos de fuera del bloque: 598.000, casi el doble que Alemania o España, según datos de Eurostat. En más de medio millón de los casos, por motivos laborales, sobre todo en sectores como la construcción o las nuevas tecnologías. Y ahí, los ucranios son legión (un millón en un país de 38 millones de habitantes), si bien también migran al país bielorrusos (con una dimensión política añadida), georgianos, nepalíes, rusos o armenios, entre otros. Los extranjeros son el 5% de la población del país, según un estudio del Gobierno.
“Están haciendo en Polonia los trabajos que los polacos hacen en Europa Occidental”, asegura Aleks Szczerbiak, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Sussex y especialista en política polaca contemporánea. “Cubren los huecos laborales generados por la pertenencia a la UE. Un polaco puede ganar mucho más en otras capitales de la UE por ese mismo trabajo”, añade. Es una suerte de desplazamiento de las labores hacia el Oeste. En Varsovia, por ejemplo, es fácil ver a ucranios en los mismos empleos (a pie de obra, en una contrata de limpieza o como reponedor en un supermercado) en los que en España, Francia o Italia no sorprendería ver a un polaco. También como médicos o en las tecnologías de la información.
Polonia, uno de los países europeos más étnica y religiosamente homogéneos, ha mantenido estas semanas una postura de dureza (apoyada por la UE) ante los miles de migrantes, en su mayoría kurdos, agolpados en su frontera para entrar de forma ilegal, en una maniobra orquestada por el régimen bielorruso. Está devolviendo en caliente a la gran mayoría de los que logran cruzar, lo que es ilegal. Además, en 2015, cuando la UE estableció un sistema de cuotas de reparto de refugiados de la crisis de ese año, se negó —con Hungría y República Checa— a acoger su parte, apenas unos pocos miles. “Eran musulmanes. Y Polonia sentía que aceptarlos suponía elegir el multiculturalismo”, agrega Szczerbiak.
“Papel enorme”
Dorota Heidrich, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia, considera que la diferencia entre la actitud del Gobierno que lidera el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) hacia los migrantes a los que facilita contratos de trabajo y permisos de residencia —ucranios y bielorrusos tienen una lengua y cultura similar— y aquellos a los que devuelve en caliente no tiene solo que ver con que los primeros estén en situación legal y los segundos traten de colarse de manera ilegal. “Su condición de musulmanes desempeña un papel enorme, los convierte en símbolo de la amenaza. Si fuesen bielorrusos, ya estarían aquí”, asegura por teléfono. Zdzisław Racki, abogado especializado en asuntos de extranjería, explica que los ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Georgia y Armenia tienen un régimen especial laboral que facilita su contratación. Los cinco son países de mayoría cristiana.
Kristina Prykhalko espera un pedido en un establecimiento de comida rápida en la estación de tren de Varsovia Este. Tiene la bicicleta aparcada fuera y carga una de las famosas mochilas de la empresa de entrega a domicilio Glovo. Para ella, este es un trabajo temporal (para poder mandar dinero a su familia en Ucrania) en un hogar temporal, una suerte de escala hacia otros países de la UE.
No habla más polaco que cuatro palabras para apañarse con los encargos, ni lo necesita. Con 19 años, estudia en inglés Tecnologías de la Información. “Para este tipo de estudios, aquí tienes muchas universidades que te aceptan. Y es mucho más barato que otras opciones que miré, como España, Francia o Inglaterra. Obtener el visado es muy fácil. En cuanto al trabajo, recibo 25 zlotys (5,3 euros) la hora. En Ucrania nunca ganaría esto”, explica.
Los ucranios totalizaron el año pasado el 72,6% de los 406.000 permisos de trabajo, según datos de la oficina central de estadísticas difundidos el pasado mayo. El 97% no eran prórrogas, lo que muestra lo extendida que está la opción de venir por unos meses, ahorrar y volver. La pandemia frenó el aumento, pero la tendencia es clara, con 340.000 permisos más que en 2015.
El segundo gran grupo, con algo menos del 10% de los nuevos permisos de trabajo, fueron los ciudadanos de Bielorrusia, otro país fronterizo y culturalmente cercano. La mayoría tiene permisos de residencia por orígenes polacos. Una parte recibe además una suerte de visado humanitario por la represión de la oposición tras las elecciones del año pasado.
En el grupo de los orígenes polacos se encuentra Uladzislau Prapushniak, de 29 años y conductor de Uber en la capital, a la que llegó hace cuatro años. “Fue fácil obtener la tarjeta de residencia. Bastaba poco más o menos con hacer una llamada y mostrar que el nombre de mis antepasados figuraba en un archivo”.
Prapushniak bascula a lo largo de la conversación entre el principal motivo por el que hizo las maletas —el económico— y la queja política. “Estoy mucho mejor. Aquí se puede progresar. Lo político fue solo un añadido, aunque es verdad que si cuelgas la bandera blanca y roja [la original del país, que usa la oposición] te pueden meter en la cárcel el tiempo que quieran. Tengo ahí a mi familia y quiero volver, pero no ahora mismo, que está gobernado por gente vieja y va cuesta abajo”, apunta.
No es el caso de su compatriota Natalia Stsepantsova. Vive en Bialystok, la principal ciudad del noreste del país, a 50 kilómetros de Bielorrusia, en la que se estableció hace ya 20 años, a los 28. Su marido tuvo que huir a toda prisa por “un problema político mezclado con uno empresarial” y ella le siguió meses más tarde. “Hay una especie de solidaridad entre los que llegamos antes y los que lo han hecho después de las elecciones. Nos apoyamos y decimos que todo va a ir bien”, señala.
El cartero Zhuk tiene que volver al reparto. Pero antes quiere hablar de su casa en Bielorrusia, situada en el bosque al lado de un río. Ha contratado a una empresa para que monte paneles fotovoltaicos y así tener electricidad gratis dentro de 10 años, cuando se jubile y vuelva a su tierra natal. “Sí”, aclara, “confío en que entonces no habrá guerra”. Su hijo, en cambio, casado ya con una polaca, “se quedará aquí. Al 100%”.
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