La Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol, eligió este jueves como nuevo presidente para sus próximos cuatro años a Ahmed Naser al Raisi, un general de Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusado de torturas y con varias investigaciones abiertas en distintos países europeos. Si bien el cargo es mayormente ceremonial ―puesto que el día a día de Interpol lo lleva el secretario general, actualmente el alemán Jürgen Stock―, el nombramiento de Raisi ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y representantes políticos ante lo que consideran un progresivo control y abuso de esta organización de cooperación policial internacional por parte de regímenes autoritarios. De hecho, el anterior presidente, el chino Meng Hongwei, desapareció en 2018 durante un viaje a su país natal y posteriormente Pekín reconoció que lo había arrestado (en 2020 fue condenado a 13 años de cárcel bajo acusaciones de corrupción).
La elección de Raisi se llevó a cabo durante la Asamblea General de Interpol que se celebra estos días en Estambul. En votación secreta de los delegados a la asamblea y ya en la tercera ronda, el emiratí recibió cerca del 70% de los apoyos, imponiéndose a la checa Sárka Havránková, vicepresidenta de Interpol para Europa y que, precisamente, había hecho campaña para que, tal y como señalan los estatutos de la organización, esta respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Interpol es una organización indispensable […] Continuaré promoviendo su espíritu de colaboración mientras trabajamos por crear un mundo más seguro para la gente y las comunidades”, dijo Raisi tras su elección. El nuevo presidente de Interpol ejerce de inspector general del Ministerio de Interior y, como tal, supervisa el funcionamiento de las fuerzas de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, una pequeña y rica monarquía petrolera del Golfo Pérsico donde no existe libertad política ni de expresión y los castigos corporales forman parte del ordenamiento jurídico. La situación de los derechos humanos en el país ha empeorado desde la Primavera Árabe, dado que los jeques de Emiratos han perseguido sin contemplaciones a todo opositor por temor a que se produjesen revueltas como en otros estados de la región. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como informes del Departamento de Estado de EEUU, las detenciones arbitrarias y las torturas están a la orden del día. El pasado año, el comité de expertos de la ONU que se encarga de los derechos humanos pidió al Gobierno emiratí que reformase las “degradantes condiciones” en las que son mantenidos los presos en las cárceles del país. Diputados europeos, especialmente alemanes y franceses, habían advertido en los pasados meses en contra de la elección de Raisi, ya que “minaría la credibilidad” de Interpol.
Se ha documentado, también, la participación de las fuerzas de seguridad emiratíes en decenas de desapariciones de sus propios ciudadanos y de residentes extranjeros, o incluso en el secuestro de miembros de la familia real de Dubai que han tratado de escapar del país. Entre los extranjeros que han sido detenidos y torturados se hallan al menos dos británicos -Matthew Hedges, un estudiante de posgrado que, acusado de espionaje, permaneció 7 meses en prisión, y Ali Ahmad, un aficionado al fútbol que acudió a un partido con una camiseta de Qatar, país adversario de EAU- y un turco, Mehmet Ali Öztürk, empresario involucrado en el envío de ayuda humanitaria a Siria, que fue detenido en 2018 cuando visitaba un festival gastronómico de Dubai al que ya había acudido anteriormente.
Las investigaciones judiciales abiertas contra Raisi se refieren precisamente a estos casos: un proceso abierto por los abogados de Öztürk en un tribunal de Estambul ha identificado a varios cargos de la seguridad emiratí como responsables de la irregular detención del empresario turco y de las torturas que habría sufrido. Hedges y Ahmad también han identificado a Raisi como el responsable de su detención y torturas y han abierto varios casos contra él en diversos países europeos.
Fuentes de la Fiscalía Antiterrorista francesa confirmaron, sin embargo, este jueves a EL PAÍS que las dos demandas presentadas contra Raisi en Francia por “torturas” han sido archivadas “por ausencia de competencias”, ya que el denunciado no reside en territorio galo, informa Silvia Ayuso desde París. Una de ellas había sido presentada a comienzos de octubre por el abogado de Hedges y de Ahmad en Lyon, al ser esta ciudad francesa la sede de Interpol. Previamente, en junio, la ONG Centro del Golfo por los Derechos Humanos (GCHR) presentó otra demanda por “torturas y actos de barbarie” en nombre del opositor emiratí Ahmed Mansoor, detenido en Abu Dabi “en condiciones propias de la edad media y constitutivas de actos de tortura”.
Pese al revés judicial, el abogado francés de GCHR, William Bourdon, aseguró a la Agencia France Presse que se dispone a presentar una nueva demanda en Francia, ya que Raisi ahora será residente, aunque sea de forma intermitente, en territorio francés, por lo que la justicia debería declararse competente para juzgarlo. Mientras, el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, anunció que la ciudad sede de Interpol se dispone a crear un “dispositivo de ciudadano de honor de la ciudad de Lyon” y que Mansour será “el primer beneficiario”. La elección de Raisi es una “vergüenza” y un “grave ataque al respeto de los derechos humanos y a la imagen” de Interpol, dijo Doucet en Twitter.
Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un país cada vez más influyente gracias a una activa política exterior, a inversiones millonarias y a la compra de armas, que le ha llevado a reforzar sus alianzas con Estados Unidos y Francia, o a tejer nuevas con Israel. Pero también a intervenir en varios conflictos como el de Libia, del lado de Rusia y Egipto; el bloqueo a Qatar, junto a Arabia Saudí, o el Mediterráneo Oriental, forjando una alianza con Grecia, Chipre, Egipto e Israel frente a Turquía. Precisamente, Ankara ha sido su gran enemigo durante los últimos años, pues Abu Dabi acusa al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan de financiar a movimientos islamistas como el de los Hermanos Musulmanes y de apoyar a los rivales de EAU, y el Gobierno turco ha llegado a acusar a Emiratos de financiar el intento de golpe de Estado contra Erdogan de julio de 2016. Sin embargo, este miércoles -un día antes de la votación de Interpol- ambos países escenificaron la reconciliación con la visita a Erdogan del príncipe heredero emiratí, Mohammed bin Zayed, y con un acuerdo que prevé inversiones emiratíes de hasta 10.000 millones de dólares en la economía turca.
Abuso de las “notificaciones rojas”
Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando el creciente abuso de los instrumentos de Interpol por parte de países como China, Rusia, Turquía o los propios Emiratos para lograr la detención de opositores y disidentes refugiados en el extranjero. “Los estados autoritarios construyen un hecho delictivo y lo adornan de tal forma que cuando esa persona llega a un país salta una notificación roja de Interpol y, efectivamente, parece que ha cometido un delito. Solo cuando se empieza a investigar se da uno cuenta de que esa demanda de extradición es fraudulenta”, explicó hace unos meses a este diario el jurista español Manuel Ollé Sesé, que ha publicado un libro sobre la cuestión.
Aunque finalmente no se proceda a detener a esa persona, estas notificaciones de Interpol pueden hacer que a una persona se le deniegue un visado, la entrada a un país o incluso que se le despida de su puesto de trabajo, sostiene el bufete de abogados estadounidense Nemets, que lidera una campaña contra el abuso de Interpol y por la reforma de sus instrumentos.
El poder blando de Emiratos Árabes
Ángeles Espinosa
El flamante presidente de Interpol, el general emiratí Ahmed al Raisi, ha recibido como “un honor” su elección, según un comunicado del que se han hecho eco los medios de comunicación locales. Ninguno menciona las objeciones que han suscitado tanto al candidato como su país entre grupos de derechos humanos. Subrayan, sin embargo, que se trata el primer representante de Oriente Próximo en asumir el cargo desde la fundación de la organización policial en 1920.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ya mostró su interés por participar más activamente en Interpol cuando en 2018 acogió en Dubái su asamblea general. El general Al Raisi, que trabaja como inspector general en el Ministerio del Interior y ya formaba parte del comité ejecutivo de la organización policial, expuso en un reciente artículo sus motivos para presentarse a la presidencia. “Quiero modernizar y transformar [Interpol]. Quiero mejorar el intercambio de información, impulsar la inversión para modernizar los equipos de comunicación, y promover el desarrollo de nuevas tecnologías que apoyen la aplicación de la ley”, explicaba.
Pero más allá de su voluntad personal, el acceso de un emiratí a la cúpula de la Interpol forma parte del proyecto de Emiratos Árabes para ampliar su presencia internacional y proyectar poder blando. “Queremos ser un actor global”, reconoció el año pasado Anwar Gargash, portavoz habitual del Gobierno y en la actualidad consejero diplomático del presidente Khalifa. De momento, el pequeño país del Golfo, el 90% de cuyos 9,5 millones de habitantes son extranjeros, se ha convertido en una potencia regional y ya ha logrado una silla en el Consejo de Seguridad para el bienio 2022-2023. Para Gargash la elección de Al Raisi refleja “los logros de EAU y su eficiencia en el campo de la aplicación de la ley”.
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