La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez (de espaldas), saluda a los consejeros de las comunidades autónomas antes de una reunión en Madrid.Isabel Infantes (Europa Press)
Los frentes se le acumulan a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid, que mantiene una durísima pugna con Pablo Casado por el control del PP de Madrid, irrumpió este viernes de lleno en el debate sobre la financiación autonómica provocando el enojo de las comunidades más afectadas por la despoblación. “La España olvidada no va a tener oportunidades hasta que todas las comunidades autónomas bajen impuestos y apoyen a sus empresas. Y no habrá futuro echando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos, sin planes de natalidad, expulsando a instituciones como la Guardia Civil y atacando a la capital del país para después copiar muchas de sus políticas”, afirmó tras la visita a una explotación de ganado en Colmenar Viejo, una localidad de 50.000 habitantes a 40 kilómetros de Madrid.
La reacción del Gobierno y de las comunidades socialistas no se hizo esperar mientras los ejecutivos autonómicos del PP se afanaron en evitar el choque directo con la presidenta de Madrid. “No sé cuál es el interés de Díaz Ayuso con estas declaraciones estridentes que además entran en el ámbito de la competencia y del trabajo de otros presidentes autonómicos”, afirmó la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, al término de una reunión en la que preparó con representantes de todas las comunidades, salvo Euskadi, la Conferencia de Presidentes de enero en la isla de La Palma. “Se merecen el mismo respeto que ella y debería tratarles con ese mismo respeto. No solo son presidentes autonómicos, son personas que viven en otras partes de España y reivindican poder vivir mejor, tener acceso a los servicios básicos con legitimidad y con un respeto mayor del que muestra la presidenta de la Comunidad de Madrid”, apostilló la portavoz del Gobierno. “Es una broncas, se ha especializado en la bronca. No sé a quién se referirá con lo de la lengua, a no ser que lo haga a Galicia y busque un problema con Alberto Núñez Feijóo”, se mostró indignada la vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales, en declaraciones a EL PAÍS. “No se pueden abordar reformas como la financiación con posiciones tan frívolas”, apostilló.
Las declaraciones de Díaz Ayuso no eran nuevas. El miércoles, un día después de la cumbre que las ocho comunidades más perjudicadas por la pérdida de habitantes —Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja por el PSOE, Galicia y Castilla y León por el PP y Cantabria (PRC)— celebraron en Santiago de Compostela, ya se pronunció en los mismos términos a través de un tuit.
Los ocho barones de la España despoblada, que gobiernan en el 62% de la superficie del país, en la que residen 11,5 millones (un 25%) de los 47 millones de españoles, reclaman que el modelo de financiación vigente, pendiente de renovar desde 2014, reconozca mediante más fondos el coste real de los servicios por el envejecimiento de la población, su dispersión geográfica y la orografía frente al criterio del número de habitantes de las autonomías más pobladas. Un debate entre bloques —Andalucía y Murcia (PP) y la Comunidad Valenciana (PSOE), las más infrafinanciadas según diferentes informes, han acercado posiciones— en el que Madrid parece haberse quedado sin aliados. El sistema de financiación autonómica de régimen común no afecta a País Vasco y Navarra. El Govern independentista de ERC y Junts en Cataluña no es una opción. Canarias tiene un tratamiento fiscal diferenciado por su condición de ultramar, y Baleares está más alineada con las comunidades del Mediterráneo.
Incomodidad en el PP
Las palabras de Díaz Ayuso fueron recibidas con estupor en el PP. “No nos sentimos aludidos”, aseguraron fuentes de la Junta de Castilla y León, que evitaron hacer más comentarios. La Xunta de Galicia optó por la ironía. “Desde Madrid las cosas a veces se ven de otra forma”, se pronunció un alto cargo del Ejecutivo de Núñez Feijóo. Fuentes del PP de Madrid, que Díaz Ayuso aspira a presidir como ya hacen en sus territorios el resto de barones, se desmarcaron de la estrategia seguida por la presidenta.
Frente a los silencios incómodos en el PP, otras comunidades del PSOE sí explicitaron su malestar. El vicepresidente de Asturias, Juan Cofiño, que representó al Principado en la sede de Política Territorial, entiende que la posición de Díaz Ayuso respecto al problema de la despoblación “destruye en vez de tratar de arreglar los problemas territoriales”. Varios de los consejeros que asistieron al comité preparatorio de la próxima Conferencia de Presidentes destacaron cómo Madrid, que en 2022 aspira a convertirse en la primera comunidad sin impuestos propios —ya es la única que no grava Patrimonio, y bonifica al 99% Sucesiones y Donaciones— solicitó al Gobierno que mantuviera fondos autonómicos como el del año pasado a fondo perdido para que las comunidades pudiesen hacer frente con más recursos a los costes de la covid. “Es contradictorio”, resumió el vicepresidente asturiano. “El debate no puede ser subir o bajar impuestos sino qué recursos necesitamos para mantener la sanidad, la educación o la dependencia”, se pronunció su homóloga extremeña.
Castilla-La Mancha, la otra comunidad junto a Extremadura donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta, también cargó contra Díaz Ayuso. “El único partido que expulsó a la Guardia Civil del mundo rural fue el PP recortando 10.000 efectivos con Mariano Rajoy”, recordó en redes sociales Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de organización autonómico del PSOE. La Policía Nacional perdió un 9,9% de su personal y la Guardia Civil un 6,4% durante la presidencia de Rajoy —la perdió en la moción de censura de junio de 2018— hasta finales de 2016. Los efectivos policiales pasaron de 72.457 a 65.287 en ese periodo (7.170 plazas sin cubrir). En el caso del instituto armado las vacantes eran 5.265, tras descender de 82.692 a 77.427 miembros. Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal, gobernó entre 2011 y 2015, fue la región donde, porcentualmente, más personal no se reemplazó (16,2%), con 271 agentes menos. “El único motivo lingüístico fue no enseñar Lengua en los 70 colegios cerrados por Cospedal”, remachó Gutiérrez.
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