La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, aprobó un decreto que elimina la conmemoración de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos. El decreto fue aprobado con 62 votos a favor del oficialismo, con lo que los legisladores sellan una de las principales demandas de Bukele, para quien los acuerdos fueron una “farsa” que no generó “ningún beneficio” a los salvadoreños, a pesar de que el llamado Pacto de Chapultepec —por haberse firmado en México— permitió poner cotas al Ejército, reconocer las violaciones a los derechos humanos, instaurar un sistema democrático y crear una policía bajo el control del poder civil. En su lugar, los diputados aprobaron declarar el 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
Según el dictamen votado el martes, “los referidos Acuerdos, lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción, dejando en el olvido por décadas los derechos y las necesidades más básicas de la población, como es la salud, educación, vivienda y la justicia social”. Se trata de un “justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el conflicto, así como a todas las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares con la falsa idea de una sociedad más justa que nunca llegó”.
Con este decreto, el presidente Bukele pretende borrar de la foto de la historia a los actores que firmaron el Pacto de Chapultepec, los integrantes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrilla de izquierda que se enfrentó al Ejército en una terrible guerra civil que dejó varios de los episodios más sangrientos del continente, incluyendo la masacre de El Mozote —donde fueron asesinadas al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas)— y el matanza de jesuitas de la Universidad Centroamericana de San Salvador.
“La guerra fue una farsa. Mataron a 75.000 personas entre los dos bandos. Fue una farsa como lo son los Acuerdos de Paz. Una negociación entre dos cúpulas, pero ¿qué beneficio le trajo los Acuerdo de Paz al pueblo salvadoreño?, fueron firmados el 16 de enero de 1992 y ¿qué ganaron?, ¿qué ganó el pueblo salvadoreño”, dijo Bukele en diciembre de 2020. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, agregó el mandatario.
Los Acuerdos de Paz fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, por el Gobierno salvadoreño y la guerrilla para poner fin a doce años de una cruenta guerra civil que había dejado, además, 8.000 desaparecidos. El documento establece poner fin al conflicto, impulsar la democratización de El Salvador, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.
Defensores de derechos humanos han criticado la deriva autoritaria de Bukele, quien desde que asumió el poder en junio de 2019 ha tomado decisiones controvertidas, como la destitución de jueces para poner en su lugar a magistrados leales, las críticas contra la prensa independiente y el espionaje a periodistas, el allanamiento las sedes de oenegés, varias de ellas relacionadas con el movimiento feminista, o cuando irrumpió arropado de policías y militares en la Asamblea tras la negativa de los diputados a aprobar un préstamo clave. La oposición denunció que se trataba de un “autogolpe”.
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La organización Human Rights Watch (HWR) ha alertado este jueves en un informe que Bukele y sus aliados “ha socavado los controles y equilibrios democráticos básicos” en El Salvador y lo acusa de “seguir utilizando a los militares en operaciones de seguridad pública, aunque lo prohíbe el acuerdo de paz de 1992″.
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