Por Alberto Vizcarra Ozuna
Apenas había transcurrido un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto (28 de septiembre del 2021) con el que supuestamente se le transfiere la administración del Distrito de Riego 018 a la tribu yaqui y se presume una dotación de 673 millones de metros cúbicos de agua, cuando representantes de las autoridades eclesiásticas de la etnia e integrantes de la misma comunidad indígena, interpusieron amparos contra la decisión presidencial, logrando una acción suspensiva de un juez federal, quien ordena que se consulte a los pueblos yaquis, de acuerdo con sus usos y costumbres y en consideración a los protocolos internacionales que obligan a México para la consulta a los pueblos indígenas.
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El mismo juez incorpora en los criterios que determinan la suspensión lo señalado por los quejosos, quienes refieren que con la instalación del nuevo Distrito de Riego en las comunidades yaquis, no obstante que se promete más agua, se podría limitar el volumen de agua que debe ser entregado conforme al decreto del 22 de octubre de 1940 emitido por el presidente Lázaro Cárdenas.
Los yaquis quejosos sostienen que quienes elaboraron el texto de decreto al presidente López Obrador lo hicieron pensando más en nutrirle sus afanes justicieros que en el rigor técnico y en la realidad hídrica de la Cuenca del Río Yaqui. Además, los responsables de instrumentar el llamado Plan de Justicia ordenado por el ejecutivo, esto es los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), en todo momento han estado comprometidos con que el Acueducto Independencia, que ilegalmente le sustrae agua a la Cueca del Río Yaqui para trasvasarla a la ciudad de Hermosillo, se acepte como una realidad de fuerza en el contexto de todas las promesas de beneficios que se contemplan en el plan de justicia.
Hay razón en los temores de los yaquis, pues está técnicamente establecido en los estudios que la Conagua ordenó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en el 2006, que la Cuenca del Río Yaqui estaría, antes de finalizar la presente década, registrando un déficit de más de 250 millones de metros cúbicos, esto sin considerar que ilegalmente se le ha agregado a la cuenca un usuario más con ambiciosas proyecciones de extracción, como la ciudad de Hermosillo, con el Acueducto Independencia. Los yaquis detectaron la trampa de que les está ofreciendo agua que no existe, a cambio de que acepten como un hecho consumado la operación del acueducto, obra que profundiza la condición deficitaria de la cuenca y amenaza con disminuir la dotación de agua a la tribu y a las actividades productivas de toda la región sur del estado.
En entrevista reciente, José María Martínez Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca del Noroeste, confirma los temores de los yaquis, pues no se compromete a entregar a la tribu los volúmenes de agua contemplados en el decreto del presidente López Obrador. Elude la realidad arguyendo que se carece de los estudios técnicos para determinar la disponibilidad del agua ofrecida por el reciente decreto.
La Cuenca del Río Yaqui ha sido celosamente protegida como proveedora del recurso hídrico para la producción de alimentos. Hay una secuencia de decretos de veda, que desde 1927 van confirmando el sentido de que tales aguas no se distraigan, ni se desvíen para otros usos. El decreto del presidente Lázaro Cárdenas de 1939, recoge el sentir de los gobiernos posrevolucionarios, pero además, al reconocerle la territorialidad a la tribu yaqui, la dota de un volumen de agua que comprende el 50 por ciento de los almacenamientos regulados por la presa de la Angostura, primera estructura construida en la parte alta del Río Yaqui.
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Al consentir el desvío de las aguas del Río Yaqui, para otro destino y otros usos con el Acueducto Independencia, el decreto de López Obrador, le da la espalda a este orientación histórica y termina por plegarse a la anacrónica política hídrica puesta en marcha por los gobiernos neoliberales que estiman el recurso en razón de su tasa de retorno monetario y no como un bien estratégico para el desarrollo económico y el bienestar social. Como los sostienen los apologistas del acueducto: reditúa más dinero un metro cúbico de agua empleado en los proyectos inmobiliarios en la ciudad de Hermosillo que el utilizado en beneficio de la tribu o en una planta de maíz o trigo en el Valle del Yaqui.
La larga resistencia de la tribu yaqui la ha dotado de una intuición y suspicacia singulares. Sus temores tienen fundamento. Sustituir un decreto, como el de Cárdenas, que en todo momento y circunstancia les garantiza primacía y volumen específico de agua, por otro que les promete un recurso no disponible, es como soltar el pájaro en mano por los cien que van volando.
Ciudad Obregón, Sonora, miércoles 19 de enero 2022
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