España ha sacado todo su arsenal diplomático para tratar de salvar el capital de una empresa española en Colombia. El choque legal entre el Gobierno de Iván Duque y el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, está servido. El Ministerio de Exteriores y la Embajada española están manteniendo contactos al más alto nivel para solucionar el problema. El país sudamericano ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A. Esta entidad, que el año pasado ingresó más de 150 millones de euros, gestiona el agua de algunas de las principales ciudades de Colombia. El Canal se hizo con ella en 2001, a través de su matriz Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo. Desde 2018, sus acciones están congeladas por la Fiscalía local, que considera que Inassa cobró más de 60 millones a Triple A por asesorías técnicas que no se produjeron, y que ahora ha activado este mecanismo de “enajenación temprana”. Es decir, una expropiación.
“Le han dado a la empresa española el mismo trato que reciben las organizaciones criminales”, cuenta una fuente política de Barranquilla, donde opera la empresa colombiana. “Es absurdo, es extravagante. ¿Cómo se le aplica una norma contra los carteles de la droga a una empresa pública? ¿Dónde queda la legalidad en Colombia? ¿Dónde queda el respeto a la inversión extranjera?”, añade.
Para encontrar la respuesta a esas preguntas hay que echar la vista atrás y retrotraerse a hace más de 20 años: 2001. Alberto Ruiz-Gallardón preside la Comunidad. Es una época de optimismo sin límites. Las empresas públicas de la región (también el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Se celebran éxitos. Beneficios. Corre el dinero. Y el Canal compra Inassa por 100 millones. “Un pelotazo”, se le escucha decir en una grabación telefónica a Ignacio González, expresidente regional.
Los días de vino y rosas acaban en 2017, cuando el caso Lezo estalla con la detención de González y exdirectivos de la compañía pública. Se investiga una supuesta trama de mordidas y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal. Y eso, claro, afecta a Inassa, la matriz con la que se controlan todos esos negocios americanos, ya que el juez Eloy Velasco ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación” en su adquisición por parte del Canal. Sostiene que el precio real debía haber sido “muy inferior”. De unos 30 millones. Es decir, 70 menos.
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Inmediatamente, la Fiscalía colombiana se suma a la investigación de la española. Quiere esclarecer si la presunta red corrupta financió a políticos locales y repartió sobornos. El saqueo de la empresa barranquillera se cifra entonces en 66 millones de euros, por lo que la Fiscalía general decide embargar todos los bienes del Canal, a través de la empresa Inassa, en Triple A (el 82% de las acciones). El terremoto cruza el océano a toda velocidad, y golpea al Gobierno de la Comunidad de Madrid justo cuando ha contratado por casi un millón de euros un servicio para diseñar la venta de sus intereses americanos.
La operación salta por los aires. Ya no podrá ser. Madrid acaba de perder el control de la compañía colombiana, porque las acciones van a parar a una sociedad del Ministerio de Hacienda, que utiliza una ley que permite incautar bienes a paramilitares, narcos y guerrilleros. Activa lo que se conoce como “enajenación temprana” para acelerar el proceso.
Cinco años después, el 35% de Triple A ha acabado en manos de dos importantes contratistas de Barranquilla, los hermanos Daes y William Vélez, según han revelado los portales Primerapágina y La Silla Vacía. Son empresarios cercanos al uribismo y a Alejandro Char, un cacique de Barranquilla que opta como precandidato a la presidencia de Colombia, que celebra elecciones este año. Este movimiento demuestra que los cercanos a Char tienen acceso a grandes contratos de la Administración. En este caso, ni siquiera salió a concurso público.
“Esta nueva decisión se enmarca en el procedimiento iniciado en 2018 cuando se ordenó la suspensión del poder dispositivo y embargo de las acciones de Inassa en Triple A de Barranquilla, que ascienden al 82% del capital”, explica un portavoz del Canal de Isabel II. “En cuanto se ha tenido conocimiento de la decisión adoptada [la venta de las acciones], Canal de Isabel II, en su división Internacional, ha puesto estos hechos en conocimiento de la Embajada española, y los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, quienes han mostrado su apoyo y colaboración a la defensa de los intereses de esta empresa”, añade. “Canal de Isabel II Internacional protegerá sus inversiones y seguirá defendiendo los intereses económicos y patrimoniales de la empresa ante todas las instancias judiciales correspondientes y, en su caso, ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial”.
Un camino proceloso, como bien saben las empresas españolas. En marzo de 2021, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil desestimó el pleito que la compañía Naturgy interpuso contra Colombia por la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe. La empresa española pedía más de 1.300 millones tras ver cómo Electricaribe era intervenida en 2016 con la excusa de sus problemas financieros y de suministro.
Pese a que el conflicto está lejos de acabar, el presidente de Colombia, Iván Duque, tomó como un gran logro la incautación de las acciones a la empresa pública española. Suponía, según dijo, devolver a la ciudad y a la propia Colombia una gran empresa local que estaba en manos extranjeras. “La Triple A volvería a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”. A la luz de las revelaciones periodísticas, no ha sido así.
Hasta 2020, las acciones propiedad de Inassa estuvieron paralizadas porque no se cumplían algunos de los requisitos para su venta. Faltaba una sentencia judicial. Sin embargo, con la llegada de un nuevo administrador a la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que controla el Ministerio de Hacienda, se aceleró el trámite de venderle a Barranquilla la parte de Inassa. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, dijo entonces que buscaría inversionistas que hicieran de prestamistas para que las acciones acabaran en manos de la ciudad. La operación contaba con el visto bueno del Gobierno. Ocho meses después, esos inversores privados poseen las acciones de manera opaca, sin haberse presentado a ningún concurso.
Las cuentas de la empresa y el acceso a crédito de los bancos, según La Silla Vacía, no justifican la entrada de los empresarios privados. La conclusión es que la incautación de la empresa que supuestamente iba a acabar en manos de la ciudad de Barranquilla ha terminado siendo un gran negocio para unos contratistas. Y que así se profundiza un conflicto judicial internacional.
La tensión queda resumida por una sencilla frase emitida por una fuente del Ministerio de Exteriores de España: “No detallamos las gestiones concretas con empresas españolas debido a la necesaria confidencialidad, pero entre las misiones de nuestras embajadas se encuentra la defensa de los intereses de las empresas españolas allí donde estén”.
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