El Gobierno ha logrado convalidar en el Congreso su reforma laboral, con la que pretende combatir la elevada temporalidad que presenta el mercado de trabajo (del 25,4%) a partir del uso del contrato indefinido como el modelo de relaciones laborales preferente entre empresarios y trabajadores. Este nuevo paradigma legal vendrá acompañado de un aumento tanto en el número de campañas de control por parte de la Inspección de Trabajo como en las infracciones, debido a los cambios procedimentales que se han realizado en materia de sanciones, según proyectan los sindicatos. Frente a esta mayor carga de trabajo, los inspectores y subinspectores de Trabajo, que son quienes han de velar porque esta tarea se lleve a cabo de forma correcta, denuncian no contar con las herramientas suficientes para hacerlo. Y advierten de que, si no las reciben, los efectos de la reforma podrían diluirse.
A pesar de que el nuevo marco normativo entró en vigor el 1 de enero, las empresas disponen de un plazo de entre tres y seis meses para adaptarse a la nueva ley, y modificar los acuerdos eventuales de los que disponen a las nuevas causas, mucho más restrictivas. “Hasta marzo, se van a llevar a cabo cientos de miles de conversiones, y para vigilarlas lo más lógico es que se hagan más campañas de control por parte de la Inspección”, comenta Miguel Ángel Montero, responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo.
“Si lo que se busca es convertir en realidad los principios que recoge el nuevo texto en cuanto a la transformación del empleo temporal en fijo, van a ser necesarias múltiples actuaciones de la Inspección, tanto de carácter pedagógico, para asesorar a las empresas, como de control. La carga de trabajo va a ser ineludiblemente más alta”, añade Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de CC OO. A pesar del plazo para la transformación de los contratos, existe el temor de que las empresas más pequeñas no lleguen a tiempo de adaptarse e incurran en más infracciones.
Nuevo marco sancionador
Junto con el cambio de mentalidad en las relaciones laborales que pretende fomentar la reforma, en las tripas del texto se define un nuevo marco sancionador que podría aumentar todavía más la tarea de este organismo. “Antes, con independencia del número de contratos que una empresa tuviera en fraude de ley, se consideraba como una única infracción; mientras que ahora habrá tantas infracciones como contratos irregulares existan. Esto llevará a que estadísticamente se produzca un aumento claro”, matiza Eva Olivares, presidenta del Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (Seslaess).
La tarea de vigilancia a la que se enfrenta el cuerpo de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es de un tamaño considerable. Para tomar la medida, basta con repasar los datos de 2021, los más recientes en materia de contratación: en el último año se firmaron 19.384.359 contratos, de los cuales el 89% fueron temporales. Y, según los registros del Ministerio de Trabajo, 2022 ha comenzado con una estadística similar: el 85% del total (1.357.660). Estos números son solo los últimos, pero debido a los cambios en materia de justificación de la contratación temporal, serán muchos más casos los que deberán revisarse para comprobar si cumplen o no con los nuevos requisitos (aumento inesperado de la producción o sustitución de otro trabajador).
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“Se confía mucho en que la reforma laboral va a acabar con la precariedad en el trabajo, pero si no se refuerza la Inspección no va a servir para nada. Se va a quedar en papel mojado”, asegura Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss). Desde el Ministerio de Trabajo trasladan la responsabilidad en materia de aumento de efectivos a Función Pública, hoy integrada en Hacienda.
Según consta en el informe anual de la Inspección de Trabajo de 2020 ―el último disponible, ya que los datos oficiales de 2021 no se conocerán hasta finales de este año―, el cuerpo de inspectores y subinspectores estuvo compuesto por 2.005 efectivos (1.015 y 990, respectivamente); que en ese periodo llevaron a cabo un total de 945.415 actuaciones por todo el país, lo que ofrece una media de 471 intervenciones por técnico. “A cada inspector y subinspector nos corresponden 1.500 centros de trabajo, o lo que es lo mismo, tenemos que ocuparnos de 15.000 trabajadores”, denuncia Ercoreca. “La relación en otros países de Europa es de uno por cada 5.000″, añade.
Frente a esta sobrecarga de trabajo, los inspectores han dicho basta. El pasado martes convocaron la primera de las seis asambleas que tienen previsto realizar por el momento, y en la que plantearon la posibilidad de convocar una huelga para la segunda semana del mes de marzo si no hay una reacción desde el Ministerio de Trabajo (del que depende la Inspección). “El Plan Estratégico hasta el 2023 quedó aprobado (en noviembre) en el Consejo de Ministros, y la ley de Presupuestos para 2022 recoge la partida presupuestaria necesaria para financiar la revisión comprometida. Desgraciadamente, el acuerdo que alcanzamos en julio con Trabajo y Hacienda sigue bloqueado sin explicación alguna y el conflicto es inevitable”, asegura la nota remitida por SITSS tras la asamblea.
Ese plan fue presentado (y celebrado) por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que con él, la Inspección dispondría de un despliegue de medios “tanto tecnológicos como personales con los que jamás contó”. Además, durante la negociación para buscar apoyos para la convalidación de la reforma laboral, Díaz ofreció a ERC y a otros grupos políticos el refuerzo de la Inspección como moneda de cambio para lograr su respaldo. Algo que finalmente no sucedió.
Entre las líneas maestras del programa se encuentra la creación de la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, la configuración de una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, y el uso del big data en el diseño de las actuaciones para hacer frente a las nuevas dinámicas de trabajo que han aflorado por medio de las plataformas digitales, el comercio electrónico o las cadenas globales de suministro. Para que todo esto sea posible, se contempla un aumento del presupuesto del 20%. “Lo que pasa es que esta subida no es un incremento estable, se limita solo a este año. Lo que queremos es que sea estructural y no temporal”, explica Ercoreca.
Competencias no remuneradas
Junto a las de los inspectores se suman también las reclamaciones de los subinspectores. Estos, según denuncia el sindicato Seslaess, llevaron a cabo tareas para las que no tenían competencias (como en materia de contratación o control de la jornada laboral) hasta 2015, cuando se les reconocieron, pero sin que viniera aparejado una mejora de su remuneración. “Hace que estemos en una situación muy precaria y que cunda el desánimo entre los compañeros”, lamenta Olivares. Para paliar la falta de efectivos en el cuerpo de inspectores y subinspectores se ha recurrido a la convocatoria de oposiciones, que no han resultado suficientes. Entre 2010 y 2017, los últimos años de los que se tienen datos oficiales completos, de las 756 plazas que se ofertaron solo se cubrieron 615.
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