En plena escalada de precios de la energía en 2021, muchos españoles viven el auténtico quebradero de cabeza de no saber a cuánto ascienden sus facturas de la luz. La Generalitat de Cataluña calcula en dos millones los ciudadanos afectados, sin que haya cifras para el resto de España. Desde el pasado junio, una parte nada desdeñable de los clientes de las grandes distribuidoras eléctricas, Naturgy y Endesa principalmente, no reciben sus recibos, pese a reclamarlos con insistencia, y temen que la factura alcance cifras desorbitadas cuando finalmente se emita. Mientras tanto se complican las declaraciones tributarias trimestrales de los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas, así como la viabilidad de las comercializadoras eléctricas de menor tamaño que han logrado hacerse un hueco en un mercado dominado por cuatro grandes compañías.
Las empresas afectadas aducen que los cambios aplicados en el sistema de tarificación por tramos horarios desde el pasado 1 de junio, junto a la rebaja del IVA aprobada por el Ejecutivo para paliar la subida de la luz o el bono social, afectaron de manera relevante a sus sistemas informáticos y las han obligado a acometer múltiples ajustes que han derivado en retrasos de las facturas. Naturgy asegura que la situación ya está solventada, aunque miles de facturas siguen sin llegar, y Endesa afirma que en su caso estará resuelto en el primer trimestre. Pero en ambos casos se trata de empresas de gran tamaño y con beneficios millonarios que las dotan de capacidad y músculo financiero suficiente para reaccionar con más rapidez y eficacia a este tipo de situaciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abrió el pasado otoño una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido con los recibos y tomar las oportunas decisiones, sin que de momento se hayan comunicado avances, ni siquiera el volumen de usuarios afectados. La mayoría de quienes no reciben las facturas son clientes del mercado libre, pero también hay casos entre quienes se han acogido a las tarifas reguladas. Por ahora, la CNMC se ha limitado a recordar a los clientes que tienen derecho a acogerse a un fraccionamiento de la factura, cuando llegue, mientras las empresas no han pasado de pedir disculpas. No es mucho. Gran parte de los usuarios esperaban recibir sus facturas para decidir si la tarifa contratada les resulta conveniente en este entorno de elevados precios de la energía y esta situación los deja a expensas de las empresas. Peor aún es lo que les sucede a las pequeñas comercializadoras de electricidad, que se encuentran en la tesitura de tener que abonar a las empresas distribuidoras la energía consumida por los usuarios y afrontar sus costes fijos sin poder cobrar los recibos a sus clientes.
Por ahora, solo la Generalitat de Cataluña ha decidido imponer una multa de 600.000 euros a Endesa, que puede recurrir la decisión. También ha resuelto que la empresa prorratee las facturas pendientes en los nuevos recibos y a lo largo de tantos meses como han estado sin recibirlas sus clientes, con el objetivo de evitar impagos y los consiguientes cortes del servicio. Dice el expediente de la Generalitat que la empresa “pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico” y ahora está por ver lo que tenga que decir el Ministerio de Consumo.
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