España ha pasado a ser una “democracia defectuosa” en el índice de calidad democrática que elabora anualmente The Economist y que se basa en el análisis de cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Está por delante de países como Italia, Portugal o Estados Unidos y por detrás de Alemania o Francia. Según el informe, la relegación de España “se debe sobre todo a la pérdida de independencia judicial, relacionada con divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos magistrados para el Consejo General del Poder Judicial”. El problema no es tanto, o tan solo, el “bloqueo” del PP como la colonización de los partidos y su empeño en controlar la justicia. El informe dice que España sufre una creciente fragmentación parlamentaria, una serie de escándalos de corrupción y un “creciente nacionalismo regional en Cataluña que plantea desafíos a la gobernanza”.
Hay muchos ejemplos preocupantes: que una exministra sea la fiscal general del Estado, la poco edificante aprobación de la reforma laboral, la conversión del CIS en un instrumento partidista, el desprecio a la separación de poderes y a la presunción de inocencia por miembros del Gobierno, la indulgencia ante un asalto parlamentario, dos estados de alarma inconstitucionales, los abusos de autoridad durante la pandemia, un sentido institucional que parece inspirado en Calígula o el menosprecio sistemático a los no nacionalistas en Cataluña. Como apuntó Alberto Penadés, una Cataluña independiente no podría tratar a las minorías lingüísticas como lo hace y seguir siendo considerada una democracia. Vivimos una erosión de las instituciones y de la cultura política, que justificamos con lógica sectaria. Un ejemplo es cómo celebraba el descenso el exvicepresidente Pablo Iglesias, causa y síntoma de nuestro deterioro político y mediático. Y otro que alguno en la oposición pareciera alegrarse, como si no fuera una desgracia compartida. No parece que las cosas vayan a mejorar.
El informe señala que “la pandemia ha producido una retirada inédita de libertades civiles en democracias desarrolladas y regímenes autoritarios” y que “ha llevado a una normalización de los poderes de emergencia y ha acostumbrado a los ciudadanos a una enorme extensión del poder del Estado sobre grandes áreas de la vida pública y personal”. Mejorar nuestra democracia también exige recuperar esas libertades. @gascondaniel
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