Momento de la ocupación del Departamento de Educación por parte de los sindicatos, este jueves.Carles Ribas
La forma en que se anunció el cambio del calendario escolar en Cataluña —sin aviso ni negociación con la comunidad educativa— ha sido la chispa que ha hecho estallar un conflicto de alto voltaje entre el Departamento de Educación y, principalmente, los sindicatos, aunque familias, directores e instituciones como el Consejo Escolar también han expresado su indignación. Hace tiempo que las relaciones entre las organizaciones sindicales y el consejero Josep Gonzàlez-Cambray se van tensionando por polémicas como la obligatoriedad para los docentes de acreditar del título de C2 de catalán, la falta de plazas de FP, los nuevos currículos escolares o las medidas de protección ante la covid. El hartazgo llevó a los sindicatos a manifestarse este jueves ante la sede del Departamento, a ocuparlo durante dos horas y a pasar la noche en su interior.
A esa misma hora, Cambray daba una rueda de prensa, en la que replicó a los sindicatos. “Nosotros no estamos en guerra, somo los del diálogo y del consenso. Siempre consenso, siempre participación”, dijo. Pero durante el anuncio del nuevo calendario el 10 de febrero admitió solo “consultas informales”. Ni profesores, ni entidades, ni sindicatos, ni familias, ni el mismo Consejo Escolar de Cataluña —órgano donde está presente toda la comunidad educativa y que debe debatir todos los cambios normativos— conocían las intenciones de Cambray.
De hecho, el Consejo envió el martes un comunicado a sus miembros en que admitía sentirse menospreciado por el consejero y en que consideraba “necesario rehacer los vínculos de confianza necesarios con el Departamento”. El órgano también pidió la comparecencia de Cambray, que finalmente asistirá a un pleno extraordinario el lunes.
La relación entre organizaciones sindicales y Departamento ha sido especialmente tensa desde el estallido de la pandemia. Cambray fue uno de los principales artífices de la campaña Escoles Obertes y se encargó de coordinar, junto con Salud, los protocolos para reabrir las escuelas tras el confinamiento general, según consta en su perfil en la web de ERC. Precisamente, Cambray hace bandera últimamente de ello como arma arrojadiza contra los sindicatos. “Si fuera por los sindicatos, no hubiéramos abierto las escuelas”, repite últimamente como justificación por no haber negociado el cambio de calendario. Entonces, los sindicatos exigían, y todavía exigen, más medidas de protección, como mascarillas FPP2, sistema de ventilación mecánica o reducción de ratios, peticiones que han acabado con una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Otro de los asuntos polémicos fue la falta de plazas de FP que dejó a miles de alumnos en el limbo y que el Departamento recolocó en la modalidad de educación a distancia a través del Institut Obert de Catalunya, cuyo sistema informático colapsó durante los exámenes de enero. También ha hecho mella en las relaciones la obligación de los docentes de acreditar un nivel de C2 de catalán a partir de 2024 (que no se negoció, según los sindicatos) o el poco tiempo dado para hacer aportaciones a los nuevos currículos escolares que entran en vigor en septiembre. “He venido a transformar y eso requiere decisiones”, aseguró este jueves Cambray. Una visión muy diferente tienen los sindicatos. “Cambray va con una actitud de ‘yo lo arreglo todo’ y va de error en error, sin negociar nada, con mano militar”.
El nivel de indignación llevó a los diferentes sindicatos a concentrarse este jueves ante la sede del Departamento, pidiendo la dimisión de Cambray así como la retirada del nuevo calendario para iniciar un nuevo proceso de negociación. Durante la protesta, los sindicatos leyeron un manifiesto en que el criticaron la “improvisación”, “la opacidad y la nula voluntad de diálogo y negociación” del consejero, a quien también le reprochan un “menosprecio repetido” hacia ellos. Tras la concentración, cerca de un centenar de representantes sindicales irrumpió en el edificio y subieron hasta la quinta planta, donde se halla el despacho del consejero, que se hallaba ausente. Allí fueron recibidos por la secretaria de Educación, Patrícia Gomà, quien rechazó la propuesta de los activistas y los emplazó a debatir la reforma en el pleno del Consejo Escolar. Posteriormente, Educación aseguró en un comunicado que con el nuevo calendario “no hay un cambio de relaciones que obligue a la negociación”.
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Otro frente abierto es cómo Educación va a aplicar la sentencia que obliga a hacer el 25% de clases en castellano. Actualmente una cuarentena de aulas ya ejecuta la resolución, entre ellas la clase de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. El TSJC ha aprobado que un grupo de 28 familias de este centro, contrario a la sentencia, se persone en la causa como parte afectada. Es la primera vez que familias a favor de la inmersión van a los tribunales.
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