Para María José Landaburu (Madrid, 54 años) la oportunidad de negociar un nuevo esquema de cotización para los autónomos permite abrir una ventana por la que reclamar también más y mejores ayudas para un gremio que denuncia estar precarizado. Y dentro de él, particularmente el colectivo femenino, al que representa con fervor desde la secretaría general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).
Pregunta. Hay mucha distancia entre los 70 euros de cuota que ustedes reclaman para los autónomos con menores rendimientos y los 214 que propone el Ministerio de Seguridad Social.
Respuesta. Efectivamente, la segunda propuesta que nos han hecho es peor que la primera. No sé a quién se han querido acercar con ella, pero desde luego que a nosotros no. El propio ministro José Luis Escrivá dijo que dos de cada tres autónomos pagarían menos de lo que pagaban, y con esta segunda proposición han ido en dirección contraria.
P. ¿Sienten que sus planteamientos no se están teniendo en cuenta?
R. Sinceramente, creo que la intención inicial del Gobierno no distaba mucho de la nuestra. Hay un núcleo importante de trabajadores autónomos que tiene unos rendimientos entre el salario mínimo y los 1.600 euros, y que es sobre los que debería enfocarse esta reforma. El problema es que para tratar de beneficiar a este grupo se han modificado los baremos de los que están por encima y por debajo, en nuestra opinión de manera torpe.
P. ¿Es esta reforma “un sablazo fiscal a los autónomos” como denuncian otras organizaciones?
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R. El objetivo de esta reforma debe ser equiparar los regímenes de la Seguridad Social en derechos y en obligaciones entre autónomos y asalariados, y entrar en el estado del bienestar. Y eso pasa porque la gente que pueda pague un poco más, y quien no, que lo haga un poco menos. También porque se arbitren sistemas de cobertura al margen con base en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, a través de bonificaciones, aunque cada vez que lo propongamos haya quien se suba por las paredes.
P. El pasado martes fue el día de la igualdad retributiva, y ustedes denunciaron que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no cuenta con un registro de ingresos de autónomos que los distinga por género. ¿Por qué?
R. Porque no ha sido de interés público. Sencillamente, las mujeres autónomas no le hemos interesado a nadie. Aunque esto también tiene una parte de autoinculpación. Los asalariados tienen derechos conquistados des hace mucho tiempo, puesto que se unieron por medio de los sindicatos para articular sus propios intereses, defenderlos y reivindicarlos. Los autónomos hemos estado más en la diferencia que en la unidad. Más en lo sectorial que en lo global. Y aunque en el fondo es evidente que existen muchas cosas que separan a un médico de un fontanero, son las mismas que distinguen a un directivo de un contable, que están en el régimen general. Los autónomos no hemos sido capaces de ver qué elementos básicos de nuestro funcionamiento, como son la fiscalidad y la Seguridad Social, nos eran comunes a todos y pelear por ellos.
P. De existir esos datos ausentes en el INE, ¿qué descubrirían?
R. Que existe una verdadera diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres ocupamos menores espacios de poder, incluso como autónomas, y estamos en una situación mucho más precaria.
P. ¿Es tan difícil para el Estado contabilizar los ingresos de un autónomo?
R. En absoluto, Hacienda tiene todos nuestros datos. Es cierto que hay situaciones particulares con las que nos encontramos, como la de gente que tiene una cierta edad y cotiza a la Seguridad Social sin declarar ningún tipo de ingresos. Eso se llama “compra de pensiones”, y se podría solucionar perfectamente con convenios como se hace en el trabajo por cuenta ajena.
P. ¿Son situaciones como estas las que han contribuido a trasladar la idea de que el fraude está generalizado en el colectivo de autónomos?
R. El sistema lo ha permitido desde el momento en el que existe una voluntariedad a la hora de declarar los rendimientos. Pero eso no significa que los autónomos sean unos defraudadores. Nadie quiere que le llegue una carta de Hacienda pidiéndole una revisión de sus cuentas. El sistema tiene que ser más protector, y para eso tenemos que cotizar como los demás.
P. ¿Cómo plantean mejorar la prestación por cese de actividad (el conocido como “paro de los autónomos”)?
R. Cambiando los requisitos para poder ser beneficiario. No puede ser que sean tan inflexibles. ¿Quién puede aguantar dos años consecutivos de pérdidas sin tirar la toalla para cobrar esa ayuda? No tiene sentido.
P. ¿Qué les parecen los planes públicos de pensiones que ha diseñado el Ministerio de Seguridad Social y a los que pueden adscribirse también los autónomos?
R. En nuestra opinión, lo que hay que fortalecer son los sistemas públicos de pensiones. Ahora bien, no pasa nada por tener sistemas complementarios, siempre que se articulen bien y que estén bien gestionados. La participación pública tiene que ser potente.
P. ¿Hacia dónde deberían dirigirse los proyectos para la digitalización del colectivo de autónomos que se van a financiar con los fondos europeos?
R. La primera discrepancia está en delimitar sobre quién se quiere empezar, y parece que la voluntad es la de arrancar con las empresas de nueve o más trabajadores. Nosotros creemos que la brecha a resolver está más hacia abajo. Hay que acertar muy bien con las políticas que se van a implementar, porque solo a través de ellas va a poder llevarse a cabo la transformación que todos deseamos. Nos preocupa que los fondos europeos solo lleguen a los grandes, y que para los demás queden las migajas.
P. ¿Ha cambiado la sociedad su concepción sobre lo de que debe ser un trabajo?
R. Tenemos que avanzar hacia una sociedad distinta, una sociedad de los cuidados, empezando por el propio, y seguido de la atención a los demás y del planeta. No hay otra opción que hacer esa transición, porque no va a haber trabajo para todos, todo el tiempo, y más si seguimos explotando unos recursos que ya se nos están acabando. Y ahí el trabajo autónomo debe tener su papel. Eso solo será posible si hay un colchón de bienestar que lo sujete. ¿Cómo? Con unas prestaciones suficientes que den estabilidad y seguridad para un colectivo que vive en una incertidumbre permanente.
P. ¿Cómo proponen articular esa extensión del estado del bienestar?
R. Hay que ir hacia un estatuto del trabajo, hacia una conformación global del trabajo con derechos para todo el mundo, se realice por cuenta ajena o por cuenta propia.
P. El Gobierno ha aprobado recientemente la prórroga de las prestaciones por cese de actividad derivadas de la pandemia hasta finales de junio. ¿Qué cicatrices quedarán en el colectivo una vez desaparezca esta venda pública?
R. La realidad es que gracias a esta intervención pública hemos contenido el golpe. La crisis económica de 2008 se llevó por delante a medio millón de autónomos, y en esta ya tenemos más de los que había cuando irrumpió el coronavirus. A partir de aquí, nosotros somos proveedores de servicios. O sea, si la economía va bien, si el salario mínimo sube, si las pensiones suben y la gente consume nos irá bien. No podemos seguir dependiendo del modelo productivo que teníamos hasta el momento, sino que hay que transformarlo, explorar otros elementos. Y aprovechar este momento, además, para hacerlo sin perder de vista la transición ecológica. O acabamos con el capitalismo extractivo de recursos o él acabará con nosotros.
P. ¿Qué le pareció la forma en la que se aprobó la reforma laboral?
R. Yo creo que hay cuestiones que son de país y que deberían quedar alejadas del enfrentamiento político. No digo que en el Parlamento no tengan que discutirse aspectos técnicos de los textos, por supuesto, pero instrumentalizar políticamente elementos básicos como las pensiones o el reparto de los fondos europeos no puede ser, porque nos repercute a todos. La protección del Estado del bienestar tendría que ser una cuestión de país, y sobre estos elementos debería haber un amplio consenso entre los partidos destinados a gobernar o a dirigir de alguna manera los procesos del país.
P. ¿El que toma la decisión de convertirse en autónomo lo hace por voluntad propia, o por supervivencia?
R. Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1.400 millones de personas en el mundo son autónomos, y están ubicados en el ámbito de la precariedad. Nadie decide voluntariamente convertirse en precario. El trabajo autónomo ha sido y es un elemento de refugio para la gente que no encuentra espacio en el trabajo asalariado. De hecho, las mayores incorporaciones son de inmigrantes y de mujeres mayores de 52 años. No es una cuestión opinable, es la realidad, aunque es cierto que hay un porcentaje muy pequeño de gente que emprende. Desgraciadamente, la mayoría de las actividades que se dan de alta tienen poco valor añadido, tanto económico como social. Y ese ha sido otro de los problemas. Durante décadas en este país se ha impulsado y financiado el trabajo autónomo con el único objetivo de sacar a la gente del paro. Daba lo mismo el proyecto que fueras a montar. Y eso no puede ser. Hay que volcar los recursos en ayudar a los proyectos que aportan valor económico, social y a las personas que lo necesitan.
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