La espiral de violencia en México no da tregua. En la noche del martes, nueve personas han sido asesinadas en Atlixco, un turístico municipio del Estado de Puebla, en el centro del país. Las autoridades han informado que las víctimas son seis hombres y tres mujeres. Un herido fue trasladado grave al hospital con disparos en la cabeza, en el hombro y en la pierna. En su conferencia matutina, el gobernador, Miguel Barbosa, ha tratado de minimizar el impacto de los crímenes: “Fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas”. Hace apenas 10 días que otra decena de personas fueron ejecutadas en San José de Gracia, un pueblo de Michoacán.
La matanza tuvo lugar entre las ocho y las 11 de la noche del 8 de marzo, al interior de una vivienda en la colonia Francisco I. Madero, una zona de clase media de Atlixco. Barbosa ha insistido que se trata de “un lugar de distribución y venta de drogas”. Aunque ha reconocido que no se ha identificado a los fallecidos, el gobernador ha asegurado que no son del Estado: “No voy a dar opiniones, pero al parecer no son de Atlixco, ni son poblanos”. El crimen ha sido reportado a la mesa de seguridad nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal va a enviar a personal de investigación. “Hay ya una coordinación”, ha dicho el gobernador morenista.
Barbosa ha apuntado que este 2022 “va a tener complicaciones en seguridad” por la lucha entre grupos delincuenciales. El mandatario se ha comprometido a “dar una respuesta fuerte” para “garantizar la seguridad de las gentes de Puebla”: “Nos preocupa, pero no nos vamos a dejar rebasar. Estamos sólidos y en condiciones muy bien definidas”. En el último corte de enero, 59 personas fueron asesinadas en Puebla, la mayoría con arma de fuego.
La retórica del gobernador Miguel Barbosa para vincular la matanza con un ajuste cuentas del crimen organizada es la misma que desplegó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato de una decena de personas en Michoacán a finales de octubre. Sobre las terribles imágenes, que mostraban a un grupo de individuos alineados contra una pared mientras hombres armados se colocaban frente a ellos, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, trató de evitar que se hablara de un fusilamiento para nombrar “una multiejecución”.
En el vídeo de San José de Gracia se oyen los disparos, efectuados con armas largas, a plena luz del día en un centro urbano de casas bajas. Ante la indignación desatada, el Ejecutivo trató de explicar para calmar las aguas que todos los implicados tenían algo que ver con el crimen organizado, concretamente entre rivales y aliados locales del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación. El mismo mensaje lanzado por Gobiernos anteriores que señalaba que las víctimas “andaban en malos pasos”.
La estrategia de seguridad López Obrador sigue sin contener la ola de violencia en el país. En 2021 se registraron más de 30.000 asesinatos, una cifra similar a la de los dos años anteriores y muy por encima de las cotas alcanzadas durante la peor época de la llamada guerra contra el narcotráfico.
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