Una palabra. Solo hacía falta una palabra, una frase, un comunicado. Durante 48 horas, cientos de miles de personas se manifestaron en toda España para pedir a ETA que no asesinara a Miguel Ángel Blanco. A las 17.30 del jueves 10 de julio de 1997, un comunicante anónimo había llamado al diario Egin para informar de que el joven concejal del PP de Ermua (Vizcaya) había sido secuestrado por la banda terrorista y que sería ejecutado si antes de las 16.00 del sábado 12 de julio el Gobierno español, presidido entonces por José María Aznar, no enviaba a las cárceles vascas a todos los presos etarras. El juez Manuel García Castellón, de guardia esa tarde en la Audiencia Nacional, se hizo cargo de la investigación y voló en un avión militar hasta Bilbao. Desde la comisaría de la Ertzaintza en Deusto coordinó los esfuerzos de la policía vasca, la Policía Nacional y la Guardia Civil para encontrar al joven de 29 años, hijo de emigrantes gallegos, recién licenciado en Económicas, que había salido de su casa de camino al trabajo dos horas antes de que ETA anunciara su secuestro.
Aunque el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advirtió enseguida de que no se trataba de un secuestro, sino de un asesinato a cámara lenta, los ciudadanos salieron a la calle como nunca lo habían hecho contra ETA y las fuerzas de seguridad escudriñaron cada rincón y pidieron al juez García Castellón decenas de órdenes de entrada y registro en cualquier nave o caserío que pudiera servir de escondite. Nueve días antes, la Guardia Civil había logrado rescatar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del zulo en el que había permanecido secuestrado 532 días, y el portavoz de Herri Batasuna, Floren Aoiz, ya había advertido al ministro de Interior que tuviera cuidado en no caer “en la borrachera de la eficacia policial”, porque a ese estado podría sucederle “la resaca”. Y así fue. La banda terrorista quería demostrar y demostrarse que su máquina de secuestrar y matar seguía bien engrasada. A pesar de la movilización ciudadana —también en algunas localidades vascas donde nunca se le había levantado la voz a ETA— y los esfuerzos de las fuerzas del orden, la tarde del sábado 12 de julio, unos cazadores escucharon a las afueras de Lasarte, junto a San Sebastián, unos disparos y sus perros les condujeron hasta el cuerpo agonizante de un hombre joven, maniatado, descalzo, con dos tiros en la cabeza. La palabra, la frase, el comunicado de la dirección de ETA que hacía falta para detener el asesinato no llegó, y ahora, cuando están a punto de cumplirse 25 años, el juez García Castellón, que se ve en la fotografía de Jesús Uriarte llegando al Hospital Donostia, adonde había sido trasladado Miguel Ángel Blanco todavía con un hilo de vida, quiere cerrar el círculo de aquel crimen. Ya fueron detenidos, juzgados y encarcelados los autores materiales, pero el magistrado quiere encausar por “delito por omisión” a los nueve jefes de ETA que ostentaban en aquel momento la dirección de los distintos aparatos de la banda y que, pudiendo, no hicieron nada por detener aquel asesinato.
Hay un párrafo del auto de García Castellón que es especialmente significativo. El magistrado advierte de que fue él quien instruyó el caso en los primeros momentos, y añade que “el conocimiento en primera persona” de cuanto sucedió antes y después del asesinato le permite “inferir” que aquel crimen “puede perfilarse en la figura de la comisión por omisión, pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado comité ejecutivo, dispusieron al menos de 48 horas para detener la acción”. O lo que es lo mismo, García Castellón, como todos los que vivieron sobre el terreno aquella espera angustiosa, sabe que nunca como entonces la dirección de ETA y su entorno político recibieron tantas peticiones y desde tantas instancias para que no se cumpliera la amenaza. Si alguien puede dar fe de ello mejor que nadie es Carlos Totorika, el entonces alcalde socialista de Ermua.
Totorika, ya jubilado, recuerda que hasta la Iglesia vasca utilizó su “conexión de alto voltaje” con el entorno de ETA para parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El entonces alcalde recuerda el lugar y la hora en que recibió la noticia y la decisión que tomó: “Estaba en una marcha hacia Madrid. Se había caído el polideportivo, la constructora se desentendió y organizamos una caminata para denunciarlo. Estábamos a la altura de Bergara y recibí la llamada del delegado del Gobierno. Me dijo que Miguel Ángel había sido secuestrado. Volvimos enseguida y nos centramos en el aspecto humano. Ya estaba bien de justificar los asesinatos en el conflicto vasco o en el algo habrá hecho. Teníamos que hablar de la persona, de Miguel Ángel, de derechos humanos, de libertad. Acogimos a su familia en el ayuntamiento, aquella fue su casa durante 48 horas, los cuidamos lo mejor que pudimos, y decidimos mucha movilización y poco silencio. Hasta entonces las concentraciones habían sido casi siempre igual: nosotros en silencio, detrás de una pancarta pidiendo la liberación un secuestrado o condenando un asesinato, y ellos, la izquierda abertzale, enfrente, insultándonos. Teníamos que superar el silencio. No sabíamos si íbamos a conseguir que lo liberaran, pero no queríamos que les saliera gratis. Descubrimos que manifestándonos contra ETA, ganábamos libertad y la satisfacción personal de no quedarnos callados. Se ganó un espacio de libertad”.
La llama prendió como nunca antes. Durante aquellos días, este reportero también estuvo en Ermua. Uno de sus vecinos, Javier San Ildefonso, contó entonces que nunca había visto a su hija de 16 años conmovida de aquel modo. Ahora la hija tiene 41 años y tres hijos, y él ya le ha explicado a la mayor, de 11 años, algunas cosas de aquellos tiempos tan oscuros. “Todos los vecinos nos organizamos para intentar que ETA diera marcha atrás”, explica ahora San Ildefonso, “no fue posible, pero en Ermua se rompió para siempre el silencio contra ETA. Fue la única vez que lloré abrazado a mi madre y a mi hija”.
El exalcade Totorika reflexiona sobre el auto de juez: “No sé la interpretación jurídica, pero claro que pudieron haberlo parado. Tuvieron 48 horas para hacerlo y no lo hicieron. Y están en deuda con todos, una deuda que sigue vigente y que no han pagado. No estoy hablando de nostalgia ni de querer remover el pasado, sino de justicia”. El juez García Castellón no puede comentar la causa que está empezando a instruir, pero sí recuerda la impresión que le produjo visitar en su casa al padre de Miguel Ángel. Su hijo, al que había conseguido dar una carrera y un futuro después de una vida de emigración y sacrificios, estaba en esos momentos en algún lugar, cautivo de ETA. Aún había un resquicio de esperanza, pero no pudo ser. Los que hubieran podido hablar, callaron.
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