Por Karina Cancino.
Tepic.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) externó su preocupación por las desapariciones en Nayarit relacionadas con la apropiación de bienes de las personas, en las que señala autoridades como responsables, por ello pide al Estado mexicano, prevenir y erradicar la impunidad.
“El Comité también recibió información sobre un importante número de desapariciones relacionadas con el tráfico de combustibles en el norte del país o del involucramiento de autoridades estatales y municipales de Nayarit para apropiarse de los bienes de las personas desaparecidas”, concluyó en su informe este organismo internacional de defensa de Derechos Humanos.
En general para México, el CED estimó que el creciente número de desapariciones forzadas está relacionada con servidores públicos y el crimen organizado, con lo que hizo sendas recomendaciones.
“Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos publicados hoy. El Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana”, comunicó el CED.
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El organismo además señaló que es necesario el seguimiento efectivo y personalizado de los procesos de búsqueda e investigación y requiere la adopción de medidas urgentes; en el caso de Nayarit la Fiscalía General del Estado, debería atender las medidas para buscar e investigar en particular 39 casos de desaparición forzada cometidos en el Estado entre abril de 2012 y mayo de 2020.
Lamentó que luego de 4 años de la Ley General de Desaparición, solo Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz han creado fiscalías de búsqueda, pero que en su mayoría no cuentan con recursos financieros, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus funciones.
Por ello, comité también mostró su preocupación respecto al porcentaje de casos judicializados y resueltos, lo que denota que la impunidad favorece la persistencia de este flagelo y el encubrimiento de parte de las autoridades.
Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional. (…) La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto.
Entre otras recomendaciones emitidas tras su visita a México en noviembre 2021, cuando se encontró con organizaciones defensoras de Derechos Humanos, víctimas, buscadoras, autoridades y otras actoras de 13 estados del país, fue la de atender la situación de los defensores de los derechos humanos, buscadores y periodistas, que han sido desaparecidos y asesinados por su labor.
El Comité llamó al Estado Mexicano a reforzar los procesos de búsqueda e investigación, además de dar apoyo humano y financiero efectivo a la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, así como a asegurar la coordinación “sistemática y efectiva entre las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas”.
El Estado Mexicano, dentro de 4 meses, deberá haber atendido las recomendaciones emitidas por el CED- ONU y de acuerdo a lo establecido en la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas; de no hacerlo, el CED podría determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones y en su caso, determinar los próximos pasos a seguir.
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