Una manifestante protesta frente a la planta de General Motors en Silao, en febrero.SERGIO MALDONADO (REUTERS)
Los sindicatos independientes mexicanos han encontrado un aliado inesperado para defender los derechos de los trabajadores: un tratado de libre comercio. Desde que entró en vigor el TMEC, EE UU ha presentado tres quejas laborales contra plantas en México por presuntas violaciones de la libertad de asociación, la última de ellas esta semana. Los sindicatos ven el tratado como un recurso útil y rápido para forzar una democratización de la vida sindical, todavía dominada por un puñado de grandes agrupaciones. Sin embargo, los expertos afirman que el mecanismo no es la panacea y que tiene un carácter principalmente disuasivo.
La planta de Panasonic en Reynosa está en pie de guerra. Los trabajadores rechazaron en octubre el contrato colectivo, negociado por el sindicato de siempre y la multinacional japonesa. Eso abrió una pelea entre la CTM, una de las asociaciones más poderosas de México, y el SNITIS, un sindicato independiente de reciente creación. El segundo ganó la elección con un 75% de los votos. Pese a la victoria, el SNITIS ha denunciado que la multinacional japonesa ha firmado un contrato con la CTM, sin mediar elección, y que durante los últimos meses ha estado descontando cuotas sindicales del salario de los trabajadores.
En medio de este embrollo, el SNITIS ha acudido a una opción nuclear: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC. Eso no ha gustado a la CTM. “Ahora resulta que me acusan de entreguista a los intereses extranjeros, pero yo busco cuanto recurso haya para defender los derechos laborales, y las violaciones al TMEC son un recurso”, explica la abogada laboralista Susana Prieto, una de las líderes del SNITIS y también diputada por Morena. “Vamos a ver cómo se resuelve”. EE UU aceptó esta semana la validez de las pruebas y presentó la queja ante las autoridades mexicanas, que tienen diez días para responder y 45 para completar la investigación y proponer una solución.
El caso de Panasonic es el tercero que denuncia EE UU en algo más de un año. Los tres están relacionados con la industria automotriz, la joya de la corona del sector exportador mexicano. La denuncia contra la planta de General Motors en Silao, que ya estaba siendo investigada por el Gobierno mexicano, llevó a una repetición de una votación, en la que la CTM fue derrotada. El segundo caso, contra la planta de Tridonex en Matamoros, fue rechazado por México porque antecedía a la entrada en vigor del mecanismo. De todos modos, EE UU presionó para extraer ciertas concesiones de la empresa: indemnizaciones a los trabajadores despedidos y su compromiso de respetar la libertad sindical.
Estos tres casos son, hasta ahora, el balance del mecanismo, único entre los tratados comerciales que ha firmado México. Su rapidez es la primera ventaja que valoran los sindicatos independientes. Después de los 45 días que dura la investigación, si el país demandante no está de acuerdo, puede convocar un panel de arbitraje que tiene cuatro meses para resolver. “Es cortísimo”, señala la académica Graciela Bensusán, que forma parte de uno de los paneles y es profesora en la UAM Xochimilco. “Los procedimientos del TLCAN [el anterior tratado] podían tomar años”.
Además, los castigos son duros, desde la imposición de aranceles sobre los productos de la planta incumplidora a la prohibición de exportarlos. Kenneth Smith, miembro del equipo negociador del tratado durante la Administración de Enrique Peña Nieto, señala lo inédito del instrumento: “La posibilidad de quedarse sin acceso a EE UU por violaciones laborales no existe en ningún tratado de libre comercio de México. Ni en los sueños más guajiros, los sindicalistas se imaginaron que fuera a haber mecanismos de esta naturaleza”, afirma.
El mecanismo no formó parte de la negociación original. Se añadió después de la firma del tratado porque el partido demócrata de EE UU, entonces en la oposición, quería vender caro su apoyo en el Congreso. Además, no se fiaban del cumplimiento de los compromisos laborales del TMEC por parte de México. El país tiene un largo historial de dirigentes sindicales que se han hecho reelegir durante años sin respetar el voto libre y secreto de los trabajadores y con la bendición del Gobierno. Ante las presiones demócratas, México aceptó las nuevas demandas.
Las prisas por cerrar el acuerdo sobre el mecanismo han llevado a una asimetría entre México y sus socios, según los expertos. Para denunciar a México, basta que EE UU o Canadá consideren que hay una posible violación. La carga de probar la inocencia cae, además, sobre el país demandado. En cambio, si México quiere denunciar a sus socios comerciales, la queja tiene que haber sido admitida previamente por las autoridades laborales de esos países. “Éramos los débiles y los dados están cargados contra México”, señala Bensusán. “EE UU y Canadá preservan más la soberanía”.
La vulnerabilidad de México en materia laboral hace prever más quejas de este tipo. La representante comercial Katherine Tai ya advirtió esta semana que EE UU trabajará “rápidamente cuando una preocupación emerja”. Frente a la amenaza latente, Smith alerta de una posible sobreutilización del mecanismo como medida proteccionista para bloquear importaciones mexicanas. “Todo depende de la disposición de EE UU de presentar casos serios o frívolos, pero con la tendencia pro sindical de Biden se va a seguir recibiendo quejas activamente y en algunos casos se va a actuar sobre ellas”, augura.
Estas asimetrías entre EE UU y México son lo de menos para aquellos pequeños sindicatos independientes que buscan desalojar a las grandes agrupaciones, criticadas por su cercanía con el poder político y las empresas. “Vamos a seguir utilizando el TMEC hasta que las empresas doblen las mano y respeten la ley”, afirma Susana Prieto. La líder sindical tampoco descarta usar el mecanismo para denunciar la situación de los trabajadores agrícolas mexicanos en EE UU.
El poder que todavía tienen los sindicatos hegemónicos amenaza con obstaculizar la presentación de casos ante el mecanismo. Las denuncias contra Panasonic, General Motors y Tridonex han sido posibles porque existía previamente una base organizada de trabajadores descontentos. En Tridonex, el SNITA pasó ocho meses recogiendo evidencias contra la empresa. Estas condiciones son una excepción. “Los trabajadores están intimidados desde hace nueve décadas; los despiden, los boletinan”, señala Prieto. “Es difícil que se atrevan a levantar la voz”.
Para Graciela Bensusán, este instrumento tiene una virtud más disuasoria que punitiva. “El solo hecho de que existe es una advertencia a los actores de lo que puede pasar. El Gobierno mexicano se tiene que cuidar y las multinacionales también”, dice. La experta defiende que la “transformación” sindical no va a depender solo del mecanismo, sino del nuevo marco aprobado en la reforma laboral de 2017 y regulado en 2019. La nueva ley prevé que los trabajadores voten de forma libre por sus representantes y cada dos años por los contratos colectivos. “Van a estar todo el día votando, pero es la manera de pasar de ese arreglo tan cerrado, pervertido, a un sindicalismo auténtico”, señala Bensusán.
Suscríbase aquí a la newsletter y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Source link