Unos grandes almacenes de lujo, a dos pasos del turístico Central Park, advierten en un cartel de que está prohibida la entrada de clientes con armas. No es el Far West en su apogeo, sino la civilizada Gran Manzana. En barrios menos favorecidos, las balaceras entre adolescentes son moneda común; también la suma diaria de víctimas mortales por una bala perdida o un atraco que termina mal. Si esto ocurre en el Estado con una de las legislaciones más restrictivas de EE UU, muchos neoyorquinos se preguntan qué pasará después de que el Tribunal Supremo haya dado luz verde este jueves a llevar armas de fuego en los espacios públicos, en una decisión que la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha calificado de “absolutamente sorprendente”, además de lamentar el mazazo de la justicia como “un día negro”. En un comunicado, el presidente Joe Biden mostró su “profunda decepción” por un fallo que “contradice tanto el sentido común como la Constitución, y que debería preocuparnos profundamente a todos”.
La decisión del Alto tribunal, que considera que Nueva York viola los derechos consagrados en la Segunda Enmienda, supone un jarro de agua helada sobre un Estado desbordado, pese a la legislación vigente, por una oleada de violencia desde 2020, y por extensión para el resto de los Estados. ¿Viajeros armados en el metro? ¿Gente con pistola al cinto en los parques o en la cola del súper? El fallo del Supremo, el segundo más importante desde 2008, cuando dictaminó el derecho a tener armas en casa para defensa propia en virtud de la Segunda Enmienda, suscita más preguntas que respuestas.
La ley vigente en el Estado de Nueva York, la llamada Ley Sullivan, de 1913, exigía que quienes tienen licencia de armas demuestren una causa justificada que les obligue a portar una. Pero la mayoría conservadora del Supremo ha dado la razón, por seis votos a favor y tres en contra, a dos particulares, Brandon Koch y Robert Nash, adultos y residentes al norte del Estado y que reclamaron su derecho a llevarlas sin requisito alguno, a su antojo. La causa fue presentada en nombre de ambos por la sección local de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas; principal lobby de las armas). Además del temor a un aumento de los tiroteos, de los que la ciudad es periódico escenario, muchos se preguntan cómo se regulará eso en lugares públicos como el metro y los autobuses, que no han sido ajenos a incidentes con armas de fuego.
Los dos demandantes lograron en su día licencias restringidas que les permitían llevar armas de caza y tiro al blanco; a uno de ellos también se le permitió portar una en sus trayectos al trabajo. Ambos vieron denegado el permiso integral que desean porque no demostraron una “causa justificada” conforme exigía la ley, la más restrictiva del país, junto con la de otros siete Estados, al respecto. Los abogados del capítulo local de la NRA impugnaron la norma, forzando la decisión del Supremo. “El celo de [el Estado de] Nueva York es infundado y deja a los neoyorquinos desarmados frente al mal”, resumió la causa el portavoz de otro grupo proarmas en declaraciones a The New York Times. “No creo que podamos olvidar que estamos hablando de un instrumento que está diseñado para matar personas”, dijo en noviembre, cuando la causa de Nueva York llegó al Supremo, Richard Dearing, jefe de apelaciones de la ciudad de Nueva York.
Tras las matanzas de Búfalo (10 muertos) y Uvalde (21), el Estado de Nueva York elevó recientemente la edad legal para comprar armas semiautomáticas. Fue la principal medida de un paquete de diez para frenar la deriva violenta. La llamada ley de bandera roja, que autoriza a un juez a confiscar el arma a alguien que constituya una amenaza para terceros o para sí mismo, ya estaba vigente en Nueva York, entre otros Estados, aunque no pudo impedir la matanza racista de Búfalo el 14 de mayo porque los antecedentes del autor ―había proferido amenazas de matar en su instituto― se habían traspapelado. Pero la bandera roja resulta eficaz en otros muchos casos: en el condado de Suffolk la justicia ha ordenado más de un centenar de veces en dos años confiscar el arma de alguien que constituía una amenaza para sí o para la comunidad. En ese periodo se retiraron de la circulación más de 160 armas.
Biden: “Hay vidas en juego”
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La de Nueva York es una legislación mucho más ambiciosa que el modesto acuerdo bipartidista de control de armas, un tímido primer paso, con el decisivo apoyo de 15 republicanos, hacia una regulación federal para atajar la epidemia de violencia armada que sufre el país (la calificación de epidemia es de la Casa Blanca). Por eso, el dictamen del Supremo es considerado un retroceso que dará alas al poderoso lobby pro armas no solo por activistas y expertos, también por muchos vecinos, temerosos de verse inopinadamente en un fuego cruzado o de encontrarse una bala en su camino. A cualquier paseante por las calles de la ciudad, aun no aprensivo, le asalta de tanto en tanto tal posibilidad. “Hay vidas en juego”, ha dicho Biden en el comunicado, en el que sostiene que “la Segunda Enmienda no es algo absoluto, como recordó el difunto juez [Antonin] Scalia”, autor de la sentencia de 2008. El fallo de hoy corrobora la brecha entre un Supremo de mayoría ultraconservadora, un legado de la presidencia de Trump, y la Administración demócrata.
La contingencia de una bala perdida, de un repentino tiroteo como el que este lunes, festivo nacional, truncó una barbacoa en Harlem y dejó un chaval muerto y ocho heridos, también preocupa a las autoridades. “Este asunto me quita el sueño, va a ser un auténtico desastre para la policía”, avisó recientemente el alcalde, Eric Adams. “¿Te imaginas ir en un vagón de metro con alguien que lleva una nueve milímetros?”. La reacción del regidor, conocido por su entusiasta defensa de la ley y el orden, introduce además otro factor añadido: la sobrecarga, en términos de vigilancia y despliegue, de la policía. Un millar de agentes patrullan el suburbano neoyorquino como refuerzo desde primeros de año, precisamente a raíz de una sucesión de sucesos violentos, y para muchos vecinos una presencia suplementaria sería excesivo. No obstante, la realidad de la Gran Manzana resulta ajena a las consideraciones de los neoyorquinos que viven en zonas rurales o aisladas, al norte del Estado, como los dos demandantes; zonas donde la tenencia de armas es consuetudinaria.
La decisión del Supremo puede disparar también, según temen los críticos, la proliferación de armas legales en las calles, es decir, las conseguidas con la preceptiva licencia. A ello se añade la inundación de armas ilegales ―no hay fábricas de armamento en el Estado―, que llegan en grandes cantidades a través del llamado Iron Pipeline, la ruta usada para el contrabando de armas desde Estados del sur y el Medio Oeste del país. Entre las ilegales, un alto porcentaje corresponde a las llamadas armas fantasma, ensambladas a partir de piezas y sin número de serie. Nueva York atesora demasiados ejemplos, en los últimos meses, de esta violencia armada sin cuartel.
Quince republicanos apoyan la ley bipartidista de control de armas en el Senado
Para el establishment republicano, manejado entre bambalinas por el expresidente Donald Trump, quedarán como unos traidores -ya hay listas con sus nombres circulando en las redes sociales desde el miércoles-, pero el apoyo de 15 senadores republicanos al proyecto de ley bipartidista de control de armas alcanzado recientemente permitirá no solo salvar el obstruccionismo conservador en la Cámara alta (el llamado filibusterismo, que requiere 60 votos de 100 para aprobar una ley), sino también cerrar un capítulo, el de tres décadas de inacción legislativa sobre las armas, un asunto que enfrenta radicalmente a las dos bancadas. En una votación de prueba, celebrada apenas dos horas después de conocerse el polémico fallo del Tribunal Supremo, el Senado ha decidido este jueves por 65 votos a favor y 34 en contra empujar la propuesta legislativa hacia una votación final, previsiblemente a última hora de hoy o durante este viernes. El procedimiento permite hasta 30 horas de debate.
Gracias al apoyo de los 15 republicanos -el Senado está dividido al 50% entre demócratas y republicanos, con el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, a la sazón presidenta de la Cámara-, el esperado acuerdo cobra visos de hacerse realidad. Se trata, no obstante, de una legislación modesta, que reforzará la verificación de antecedentes para quienes aspiren a comprar un arma y hayan sido condenados previamente por violencia de género u otros delitos significativos. La ley bipartidista no incluye medidas más radicales como las que proponen los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, tales como la prohibición de los rifles de asalto o de los cargadores de alta capacidad; tampoco las denominadas leyes de bandera roja, que permiten confiscar el arma, con mandato judicial, a quienes se demuestre constituyen una amenaza para la comunidad o sí mismos.
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