El espectro de la temida Securitate, la policía secreta del régimen comunista que alimentó un clima de temor y paranoia, acecha de nuevo a la sociedad rumana. Más de tres décadas después del ajusticiamiento del sátrapa Nicolae Ceausescu, un borrador de un conjunto de leyes de seguridad nacional ha resucitado su terrible legado al establecer la obligación que tendrá cualquier ciudadano de delatar a otros si así lo solicitan los servicios de inteligencia. Se trata de una medida muy controvertida para este país de la Europa del Este que vivió casi medio siglo de prácticas de delaciones instigadas por los poderes públicos. Vecinos, amigos cercanos y hasta gente de la misma familia se denunciaban entre sí.
Ahora, bajo el trasfondo de la guerra en la vecina Ucrania, el paquete de 10 leyes elaboradas por las agencias de espionaje, el Servicio Rumano de Información (SIE) y el Servicio de Información Exterior (SIE), con el beneplácito del presidente, el conservador Klaus Iohannis, y el Gobierno de coalición entre liberales y socialdemócratas, confiere más poder a los servicios de inteligencia. El texto, desvelado a principios de mes por el portal de noticias g4media.ro, fija nuevas disposiciones que están ahora sobre la mesa del Ejecutivo y que deberán ser examinadas por el Parlamento.
El precepto que más ha hecho saltar las alarmas ha sido la obligación que se establece para cualquier persona de cooperar en secreto; es decir, delatar pasaría a ser una obligación mediante una simple solicitud de los servicios secretos. La revelación del borrador provocó el enfado de Iohannis, que evitó dar explicaciones sobre el contenido, pero sí censuró la filtración al considerarla “un gran error”. Y añadió: “La gente está preocupada”. Para tratar de calmar los ánimos, el presidente rumano aseguró: “Nadie desea restaurar la antigua Securitate”. Su mensaje, que aludía a la controvertida policía secreta que actuó durante la época comunista, incluía un sutil ataque a la libertad de prensa, que ha sido denunciado por el medio de comunicación que anunció el borrador y por más de una decena de organizaciones. Entre ellas figura Reporteros sin Fronteras, que lamentó que “Iohannis haya amenazado a la prensa y a las fuentes que han revelado un controvertido proyecto de ley del servicio secreto”.
Las señales de alerta sobre las consecuencias de esta legislación llegan de diversos colectivos afectados. “Rumania va camino de convertirse en un Estado militar; este proyecto es obra de los servicios de información, no del poder legislativo”, explica Dan Tapalaga, periodista de g4media.ro, además de subrayar: “Los servicios secretos han cometido una ilegalidad al redactar un proyecto de ley que debería ser confeccionado por el Gobierno con el asesoramiento, por supuesto, de los especialistas de estas instituciones”. También se cuestiona “cómo ha podido llegar una simple publicación de un borrador ilegal de ley a convertirse en una amenaza a la seguridad nacional”.
Además de consagrar esa labor de informantes para todos los ciudadanos, el proyecto estipula que los servicios secretos ya no estén obligados a informar sobre los fondos utilizados para las operaciones que realizan. También que puedan participar en actividades económicas sin control alguno por el poder legislativo y que solo sean investigados por agentes de espionaje avalados únicamente por el jefe de Estado. De este modo, los servicios secretos dejarían de rendir cuentas al Parlamento y, además, se extendería la lista de amenazas a la seguridad nacional de manera significativa. “Retirar los servicios secretos del control parlamentario y aumentar sus poderes junto con las prerrogativas presidenciales plantea serios problemas respecto a la democracia en Rumania”, señala Cristian Pirvulescu, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Bucarest. “Se trata de la impunidad de los servicios de información, que se convertirían en una casta con muchos privilegios y con mayores posibilidades de controlar a la sociedad”, prosigue el politólogo.
Dos semanas después de conocerse el contenido salió a la palestra el director del Servicio Rumano de Información, Eduard Hellvig, para intentar rebajar la polémica, aunque rechazó discutir sobre las disposiciones y evitó asumir la responsabilidad. “Comentaré el contenido de las leyes solo cuando hayan sido adoptadas en el proceso legislativo, que incluirá una consulta pública y en el que el SRI tiene únicamente un papel consultivo”, señaló Hellvig, quien buscó desviar su participación en el borrador al denunciar presuntos intereses de un grupo que tiene como objetivo crear un conflicto artificial entre segmentos de la sociedad y las instituciones del Estado.
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Como respuesta a las nuevas leyes, las organizaciones civiles acusan a las agencias de espionaje de influencia excesiva. Como ejemplo, señalan el despido de un conocido comunicador, Cristian Tudor Popescu, de la cadena de televisión Digi24, después de que criticara duramente esas iniciativas legales. El analista político afirmó que “el partido único en el poder [en referencia al Gobierno] quiere tener los servicios de inteligencia en su mano como una herramienta” y apuntó que estas leyes pretenden “devolver al SRI la función fundamental de la Securitate”, que constaba en “controlar el estado de ánimo y la opinión de las masas, identificar y cortar por la yugular las corrientes contrarias al régimen”.
En la Rumania del “Genio de los Cárpatos”, como le gustaba denominarse a Ceausescu, la Securitate llegó a reclutar hasta a medio millón de informadores de los entonces 22 millones de habitantes. “Hay elementos antidemocráticos que nos remiten a la Rusia putinista o la Hungría orbanista, al tiempo que nos alejan de occidente”, concluye el politólogo Pirvulescu.
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