Israel se ha quedado solo y aislado en una nueva ofensiva de acoso a las organizaciones de la sociedad civil palestina. Sus soldados rompieron en la madrugada del jueves las puertas de sus sedes y se incautaron de documentos y ordenadores, antes de apoltronarse en despachos y salas de reuniones mientras eran grabados por las cámaras de seguridad. La ONU, la UE, los mayores países europeos y, esta vez también, Estados Unidos se han pronunciado de forma unánime ante el allanamiento, registro y clausura llevado a cabo por el Ejército contra siete ONG humanitarias. Los principales actores de la comunidad internacional coinciden en cuestionar las acusaciones de vinculación con el terrorismo esgrimidas por el Gobierno israelí contra organizaciones caracterizadas por el ejercicio de la resistencia pacífica y no violenta frente a la ocupación de territorios palestinos desde hace más de medio siglo.
“Es preocupante la reducción del espacio de la sociedad civil en los territorios palestinos ocupados mediante unas acciones que no son aceptables”. Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca e Irlanda suscribieron una declaración conjunta el viernes por la tarde tras las “redadas” en las sedes de ONG en Ramala, capital administrativa de la Autoridad Palestina, próxima a Jerusalén. Las organizaciones afectadas que quedaron selladas por orden marcial son: Al Haq (derechos humanos), Addameer (asistencia a detenidos), Unión de Comités de Trabajo para la Agricultura, Defensa de los Niños, el centro de estudios sociales Bisan y la Unión de Comités de Mujeres de Palestina. Además de las designadas explícitamente en la orden del Ministerio de Defensa, las tropas irrumpieron también en la sede de la Unión de Comités de Trabajo para la Salud.
Israel ilegalizó el pasado octubre estas organizaciones, varias de las cuales operan desde hace décadas, tras acusarlas de mantener estrechos lazos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), partido de izquierda minoritario calificado como terrorista por el Estado judío, así como por EE UU y la UE. “No se ha recibido de Israel ninguna información sustancial que justifique una revisión de nuestra política hacia las ONG palestinas”, precisan los ministerios de Asuntos de Exteriores de los nueve países europeos para confirmar que seguirán contando con ellas en sus programas de cooperación.
En la misma línea, el Servicio Exterior de la UE, dirigido por Josep Borrell, ha solicitado también al Gobierno israelí que aporte información que pruebe la vinculación de las ONG clausuradas con grupos terroristas. Las auditorías efectuadas por la UE no han detectado malversación de fondos europeos por parte de dichas organizaciones, otra de las acusaciones presentadas por Israel.
Puerta de la ONG palestina Defensa de los Niños, clausurada por el Ejército, el jueves en Ramala.ABBAS MOMANI (AFP)
El Ministerio de Defensa y el Ejército han estrechado aún más el cerco sobre asociaciones humanitarias que documentan los abusos bajo la ocupación y defienden los derechos humanos en Cisjordania, algunas de las cuales han promovido acusaciones por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional contra altos cargos militares y civiles del Estado judío. Entre estos últimos se incluye el ministro de Defensa, el general Benny Gantz, quien dirigió como jefe de las Fuerzas Armadas la intervención militar en la franja de Gaza de 2014, el segundo conflicto más largo de Israel desde el que siguió a la creación del Estado en 1948.
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Los países europeos centrales y la UE coinciden con Naciones Unidas en impulsar “una sociedad civil palestina libre y fuerte para promover los valores democráticos y la solución de los dos Estados”. Las agencias regionales de la ONU en Oriente Próximo también han constatado que Israel no ha presentado “pruebas convincentes” de sus acusaciones. Denuncian que las “tropas allanaron, registraron y clausuraron las oficinas de siete ONG palestinas en la Zona A de Cisjordania, que se halla bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina (según los Acuerdos de Oslo de 1993)”. En la práctica, las Fuerzas Armadas se amparan en las cláusulas de seguridad de los acuerdos de autogobierno palestino aceptados por Israel para campar a sus anchas por toda Cisjordania.
Estados Unidos, que hace apenas dos semanas daba carta a blanca al Ejército israelí en su “derecho a la defensa” en la última ofensiva en la franja de Gaza, parece mostrar ahora una actitud más exigente. ”Nos hemos dirigido a los más altos niveles del Gobierno israelí para reclamar más información sobre las causas de la clausura (de las ONG)”, aseguró el portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Ned Price. “Hemos dejado claro que las organizaciones de la sociedad civil de Cisjordania deben poder cumplir sin trabas su importante misión”, agregó el portavoz diplomático, “y no hemos visto hasta la fecha nada que nos haga cambiar de visión o postura sobre dichas organizaciones”.
En un informe confidencial elaborado por el Shin Bet (servicio de inteligencia interior), que fue remitido a diplomáticos europeos en 2021 para justificar su designación como grupos terroristas, los cargos contra las ONG de que sirven de tapadera al FPLP se sostienen básicamente en interrogatorios a dos contables que habían sido despedidos de una las organizaciones por malversación de caudales.
La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, esposada de pies y manos para asistir a su juicio, en 2021 en el tribunal militar israelí de Ofer (Cisjordania).EFELos 300 días de cárcel de Juan Ruiz
La ofensiva israelí contra la sociedad civil palestina estuvo precedida por acusaciones presentadas por el servicio secreto contra la ONG sanitaria Unión de Comités de Trabajo para la Salud, en la trabajaban ambos contables y también la cooperante española Juana Ruiz Sánchez. La trabajadora humanitaria permaneció encarcelada en Israel durante 300 días acusada de “financiación de organización ilegal (el FPLP)” y fue juzgada por un tribunal militar en Cisjordania. Ruiz aceptó finalmente una condena menor tras un acuerdo con la Fiscalía castrense que le eximió de ser encausada por graves cargos de terrorismo.
Un atentado con explosivos en el que murió una adolescente israelí en Cisjordania hace ahora tres años desencadenó una operación a gran escala del Shin Bet contra el FPLP, al que los investigadores atribuyeron el ataque. Un sospechoso de estar implicado en la colocación del artefacto había trabajado para la Unión de Comités de Trabajo para la Salud, según las fuerzas de seguridad israelíes. Otro de los detenidos en la ola de redadas presentó una denuncia ante los tribunales contra los agentes por torturas durante el interrogatorio que condujeron a su hospitalización, pero la investigación fue finalmente archivada por el fiscal general de Israel.
El aparente objetivo de la estrategia del Gobierno israelí es intentar convencer a los gobiernos europeos de que deben dejar de financiar a unas ONG vinculadas a un grupo terrorista. Sin embargo, los países con programas de cooperación en Palestina han seguido manteniendo, en líneas generales, la cooperación con estos grupos. “No se trata de organizaciones que recurren a la violencia. Cerrarlas significa que Israel prohíbe no solo la resistencia armada contra la ocupación, sino cualquier tipo de actividad palestina”, ha argumentado Haaretz en un editorial. El diario israelí apunta a que Gantz puede estar intentando ganar bazas electorales entre votantes conservadores, ante las legislativas adelantadas al mes de noviembre, con una muestra de firmeza frente a los palestinos después de haber ejercicio como interlocutor del Gobierno con la Autoridad Palestina.
La nueva ronda de acoso a las ONG de la sociedad civil es vista como “un castigo político disfrazado de caso de seguridad” por expertos en la situación de los derechos humanos en Palestina. Como destaca Omar Shakir, responsable de Human Rights Watch para Israel y Palestina, “el propio Gantz confirmó la orden el día anterior a la redada, a pesar de que algunos recursos estaban aún pendientes de resolución”. Para el investigador estadounidense, “las tibias declaraciones (de la comunidad internacional) no van a detener la represión israelí si no vienen acompañadas de consecuencias de entidad”. Shakir fue deportado por las autoridades en 2019. A pesar de las quejas internacionales, sigue viéndose obligado a hacer su trabajo desde Jordania.
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