El Departamento de Justicia no se resigna a parar la investigación de los papeles de Donald Trump obtenidos en el registro de su mansión mientras un perito independiente los revisa. Este jueves ha comunicado al juzgado que tomó la decisión de bloquear el trabajo del FBI con los documentos secretos que recurrirá esa decisión. La jueza que dio la orden de parar la investigación fue nombrada en su día por Donald Trump cuando era presidente. Entre quienes tienen que resolver el recurso, también son mayoría los nombrados por el expresidente.
El anuncio del recurso no da detalles de los argumentos que presentará la Fiscalía en su recurso. La decisión de la jueza de nombrar un perito especial y congelar la investigación había resultado algo polémica por impedir que progrese una investigación federal por varios posibles delitos, incluida la obstrucción a la justicia. Más allá de que el caso se dilate, el perito nombrado tendrá un gran poder para sacar o no del caso determinados documentos incautados en el registro del 8 de agosto en Mar-a-Lago, entre ellos 100 clasificados como secretos o confidenciales. Cada decisión del perito puede a su vez dar lugar a recursos que tengan que resolverse en el juzgado. La investigación pude complicarse sustancialmente.
La jueza Aileen Cannon, titular de un juzgado federal del Sur de Florida, decidió el lunes, en una orden de 24 páginas, que se designe “a un perito especial para que revise los bienes incautados, gestione las alegaciones de privilegio [ejecutivo o abogado-cliente] y haga recomendaciones al respecto y evalúe las reclamaciones de devolución de los bienes”. La jueza, además, prohibió “temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación hasta que se complete la revisión del perito especial o se emita una nueva orden judicial”. El Gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigación como tal.
El Departamento de Justicia ha registrado otra moción ante el juzgado señalando que esa bifurcación no tiene sentido y pidiendo que la investigación pueda seguir al menos en relación con los documentos clasificados, pues lo contrario, asegura, provocaría un “daño irreparable” a la misma. Alega que el FBI forma parte de los servicios de inteligencia y que la evaluación del posible daño a la seguridad nacional y la investigación criminal van entrelazadas.
“Para evaluar todo el alcance de los posibles daños a la seguridad nacional resultantes de la retención indebida de los registros clasificados, el gobierno debe evaluar la probabilidad de que la información clasificada almacenada indebidamente pueda haber sido accedida por otros y comprometida. Pero esa indagación es un aspecto central de la investigación criminal del FBI”, señala el escrito.
Candidatos a perito
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La juez pidió a las partes que propusieran una lista de potenciales candidatos para el puesto de perito hasta este viernes. No solo es difícil que haya consenso, sino que será difícil para cada parte encontrar a alguien con la calificación de acceso a documentos secretos necesaria y que esté dispuesto a ejercer una tarea que va a ser objeto de gran escrutinio público y que implica revisar miles de documentos
Los abogados de Trump habían pedido esa revisión, entre otras cosas, por si había documentos que podían comprometer el privilegio de la relación abogado-cliente, es decir, el secreto profesional en relación con la relación entre dichas partes. El Departamento de Justicia replicó que había creado un equipo de filtrado diferente del de investigación para identificar esos posibles documentos y que ya había separado 520 páginas de documentos potencialmente afectadas por ese privilegio, así que alegaba que no era necesaria otra revisión.
Trump también alegaba el llamado privilegio ejecutivo, por el que típicamente el Gobierno se niega a facilitar información sobre deliberaciones internas a otro poder, como el legislativo o el judicial. En este caso, sin embargo, ni Trump forma parte ya del poder ejecutivo, ni la petición de los papeles provenía de otro poder, sino de los propios Archivos Nacionales, que forman parte de la Administración.
La investigación entra así en un cauce procesal complicado, con juego de decisiones y recursos que lo pueden dilatar. Además, en último caso, si el asunto llegase al Tribunal Supremo, se encontraría allí con una mayoría de seis magistrados conservadores (tres de ellos nombrados por Trump) frente a tres progresistas.