El activista fue muerto a balazos cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de Arriaga.
Un pistolero aún no identificado por las autoridades asesinó al activista y defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). El crimen generó una condena generalizada de instituciones y más de cien organizaciones civiles.
De acuerdo con las indagatorias, a las 21:40 horas del jueves, el agresor llegó cerca del domicilio de Corzo Esquinca, ubicado en la cabecera del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, y accionó un arma de fuego en su contra. El activista murió en el mismo lugar.
Corzo Esquinca, quien este viernes fue sepultado en medio de exigencias de que se haga justicia, era integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y participó en el acompañamiento de protestas de locatarios y pescadores en Arriaga.
Al condenar el asesinato, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que en 2013, Corzo y otro integrante del Comité fueron víctimas de detención arbitraria por parte de la policía municipal, en el marco de una protesta vecinal motivada, entre otras razones, por las deficiencias en el acceso al agua potable. A raíz de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 18/2015. Además, Corzo había recibido amenazas con anterioridad.
“El asesinato de Sinar Corzo apenas comenzado 2019 es un terrible recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos en México”, afirmó Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
“Compartimos la conmoción por el asesinato de Sinar Corzo y llamamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos, y permita llevar a los responsables ante la justicia. La impunidad en la que permanecen la mayoría de los asesinatos, amenazas y agresiones en contra de quienes defienden los derechos humanos fomenta la repetición de estos terribles hechos”, señaló ONU-DH en un comunicado.
También expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del señor Sinar Corzo y sus compañeros y compañeras defensores de derechos humanos. https://t.co/ax5VnxvzG4
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) January 4, 2019
En su cuenta de Twitter, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó sus condolencias y aseguró que el asesinato no quedará impune; se hará justicia.
Este viernes, más de 100 organizaciones civiles, colectivos y grupos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, señalaron en un comunicado que “Sinar Corzo recibió amenazas de muerte de parte de funcionarios tanto del gobierno del estado como del propio ayuntamiento de Arriaga, así como por grupos de personas civiles de diferentes lugares.
El día anterior asistió a una reunión en la sala de cabildo en la presidencia de Arriaga, en donde se trataron los temas del mercado público municipal y la carretera del ejido La Línea. Debido a las amenazas en su contra y de sus compañeros, analizaban la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al conocerse el asesinato, señaló la Fiscalía, “de manera inmediata la FGE mandó un grupo especial para comenzar las investigaciones, entre ellos fiscales del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos encabezados por la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, en coordinación con el grupo interinstitucional, con el objeto de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Las investigaciones de gabinete y de campo continúan y se están incorporando a la carpeta pruebas científicas con el fin de esclarecer el homicidio y que el o los responsables no evadan la acción de la justicia.
Por separado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseveró que Sinar Corzo era un reconocido defensor de los derechos humanos en la entidad; su más reciente labor fue en apoyo a los damnificados de la región costera que perdieron o sufrieron afectaciones severas en sus viviendas a causa del terremoto de septiembre de 2017.
Comentó que derivado de su activismo social, la comisión recibió tres quejas de las cuales se emitieron medidas cautelares para solicitar garantías para su integridad y seguridad; dos de ellas en 2016 y una más en 2017.
El organismo que encabeza Juan José Zepeda Bermúdez reprobó el homicidio y pidió a las autoridades que agilicen los trámites y la investigación para dar con los responsables de este lamentable suceso.
Añadió que solicitó la implementación de las medidas precautorias y/o cautelares necesarias para garantizar la seguridad de los familiares de Corzo Esquinca.
(Con información de Elio Henríquez / La Jornada)