La última vez que detuvieron a un familiar de El Mencho, dos marines fueron secuestrados en venganza y se desató un cerco militar, con tanques y helicópteros, que convirtió uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara en una zona de guerra. Este martes, tras el arresto del hermano del capo, Antonio Oseguera, alias Tony Montana, las autoridades de Jalisco, Colima y Michoacán decretaron la “alerta máxima” con un refuerzo de militares y policías vigilando casi cada esquina. Finalmente, la cosa no pasó de algún coche quemado. Pero el extremo celo en la respuesta de las autoridades es una prueba más del nivel al que ha escaldado el conflicto entre el Estado y la mafia más poderosa de México.
El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, es el objetivo número uno, no solamente de las autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia ofrece hasta 10 millones de dólares por pistas que ayuden a atrapar al criminal más buscado por EE UU desde hace dos años. Pese a que tantos focos se concentran sobre la misma persona, la cacería de Nemesio Oseguera, su nombre civil, a lo que más se parece, es a una partida de ajedrez bajo la lógica del ojo por ojo entre ambos bandos. Una sucesión sin fin de ataques y venganzas.
Todavía en 2015, cuando comenzaba ya a instalarse en el imaginario global del crimen organizado como el heredero de la figura casi mítica de El Chapo, la muerte de uno de sus hombres a manos del Ejército fue respondida con una emboscada a un convoy militar y 15 agentes asesinados. La detención de varios de los supuestos sicarios implicados tuvo como réplica narcobloqueos por todo Jalisco y un helicóptero militar derribado con bazuca. Tres años después, el primer arresto de la mujer de Oseguera, cerebro financiero de la mafia, fue leída como la respuesta al intento de atentado contra un exfiscal del Estado. Y la segunda detención de La jefa, el año pasado, derivó en los dos marinos secuestrados. También el arresto esta semana de su hermano ha sido interpretado como la respuesta a la desaparición de un coronel a manos del cartel.
Alejandro Hope, experto en seguridad, entiende que no hay elementos para dar por hecho que la detención de Antonio Oseguera esté relacionada con el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo, llevada a cabo por el Cartel Jalisco Nueva Generación el pasado 10 de diciembre. Para el analista, las fuerzas de seguridad preparaban el operativo para detener al hermano del capo desde mucho antes del secuestro del coronel. “Puede haber coincidencias temporales o puede que el secuestro del militar le haya inyectado más urgencia al asunto”. Hope descarta además que haya sido un movimiento para negociar con el CJNG la liberación de su mando militar. No se sabe con certeza qué cargo ni qué importancia tenía el rol que cumplía Tony Montana en la estructura de la organización delictiva. “Lo que sí podemos decir es que esto no cambia la ecuación para el CJNG”, añade.
Más allá de los golpes mediáticos, la reciente filtración de millones de correos de la cúpula militar mexicana —Guacamaya Leaks— demostró el intenso trabajo de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El hackeo dejó al descubierto, por ejemplo, el seguimiento preciso de uno de los tentáculos de CJNG, con presencia ya en prácticamente todos los rincones del país, en el pequeño estado de Aguascalientes. La operación secreta no cuajó. Más bien acabó en uno de los mayores fiascos del Ejército este año con el intento fallido de detener a un importante capo. El ataque a la mafia derivó, una vez más, en Jalisco y Guanajuato incendiados por el crimen.
El foco, en los grandes capos
“¿Cuánta Inteligencia hace el Ejército?”, se pregunta Guillermo Valdés, responsable del viejo CNI en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). “Por lo que hemos visto en el operativo de esta semana, limpio y efectivo, y en los documentos de Guacamaya Leaks, tienen bastante Inteligencia, pero no la usan. Estas detenciones esporádicas no rompen la política de abrazos y no balazos”. Pese a la consolidación de la militarización impuesta por López Obrador con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue masivo del Ejército en las calles, la estrategia del Gobierno está más centrada en la contención que en el ataque hacia las mafias del crimen organizado. Las cifras de la violencia, sin embargo, apenas dan un respiro.
El investigador del CIDE Carlos Flores, especialista en seguridad y que ha estudiado a fondo el CJNG, señala que la estrategia del Gobierno “adolece de la sinergia adecuada” con otros órganos como por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera o la propia Fiscalía, para poder procesar estas bandas por crimen organizado. “Deben enfocarse en redes y no en individuos”, dice. La diferencia que distingue Flores entre el accionar de López Obrador hacia el narcotráfico en relación con otras Administraciones es principalmente retórica, y quizás un poco menos ofensiva. “Hay menos acciones, pero cuando las hay, son del mismo corte”, comenta. El enfoque no ha cambiado, insiste, porque “permanece una tendencia a darle continuidad a la estrategia ‘kingpin”, comenta en relación con la práctica de perseguir a las cabecillas criminales.
La estrategia de descabezar a los carteles arrestando a sus jefes tuvo especial relevancia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Unos movimientos que, en gran medida, abrieron el camino a la emergencia de El Mencho y su CJNG hasta la cumbre de un mapa criminal muy atomizado. Para Guillermo Valdés, que lideró el servicio de Inteligencia durante el sexenio anterior, que a su vez dio comienzo a la política militarizada conocida como guerra contra las drogas, “no hay una estrategia general de desarticulación de las organizaciones criminales. Tan solo detenciones eventuales de grandes capos”.
El ahora analista pone como ejemplo el dispositivo que en su día logró reducir casi al momio a los Zetas: “Primero nos centramos en las células operativas, los sicarios, los jefes regionales, los contadores, los operadores financieros. Fuimos socavando la organización por abajo para debilitarlos. Y ya con el cascarón más vacío pudimos atrapar a los cabecillas”. Valdés reconoce, en todo caso, una diferencia con aquella época: “Es cierto que este grupo es mucho más agresivo contra el Estado. Sinaloa, por ejemplo, apenas practicaba los atentados. Eran códigos distintos”.
De toda la estela de ataques a policías, militares, políticos y jueces perpetrados por la mafia de El Mencho, seguramente el de mayor impacto haya sido el intento de asesinato hace dos años del jefe de la policía de Ciudad de México, Omar Harfuch. Más de 20 sicarios le descerrajaron 414 balazos con fusiles de asalto en medio de una emboscada en una de las zonas más exclusivas de la capital.
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