Si hay algo que corroe a Roberta Metsola son los estragos en la reputación del Parlamento Europeo que está causando el Qatargate, la trama de presuntos sobornos a miembros de la Eurocámara que estalló a finales del año pasado y que tiene a una exvicepresidenta del hemiciclo, la griega Eva Kaili, en prisión preventiva y bajo sospecha a varios eurodiputados en activo más. “Tenemos que recuperar la confianza. Una confianza que nos costó 20 años construir y que fue destruida en unos pocos días”, dice la presidenta del Parlamento Europeo en una entrevista concedida este jueves a varios medios europeos, entre ellos , en coincidencia con la presentación formal de sus primeras 14 medidas de implementación rápida para “reforzar la integridad, independencia y rendición de cuentas” de la institución.
Pese a que las detenciones y señalamientos acorralan sobre todo al grupo progresista europeo de Socialistas y Demócratas (S&D), Metsola, cuya familia política es el conservador Partido Popular Europeo (PPE), evita señalar con el dedo. “Me gustaría que cada uno asumiera su responsabilidad. La mía es asegurarme de que este Parlamento pueda presumir de su integridad, independencia y rendición de cuentas. Y eso es lo que estamos intentando hacer”, replica. Para ello, insiste, ha presentado estas medidas iniciales, que considera una especie de “cortafuegos” y que deben ser aprobadas lo antes posible. Por ello, este mismo viernes los servicios administrativos analizarán quién es responsable de qué, para repartir las tareas e implementarlas lo más rápido posible.
“He recibido un mandato para reformar este Parlamento”
“He recibido un mandato para reformar este Parlamento, para analizar las normas, ver lo que funciona y lo que no, para ver lo que se utiliza y lo que no. Cómo implementar [medidas]. Esto es algo que va más allá de la autorregulación; tenemos que darnos cuenta de que debemos reforzar las medidas y mirar otras nuevas”, analiza la presidenta de la institución. Y confía en que el momento es ahora o nunca: “Creo que hay voluntad política y que tenemos el impulso para crear medidas o reforzarlas”, subraya Metsola, para quien algunas de las propuestas “deberían haberse hecho hace años”.
“Hemos hecho mejor las cosas, pero claramente no basta. Me gustaría crear más cortafuegos para que al menos las alarmas salten algo antes”, insiste la maltesa, que asumió el cargo hace casi un año, el 18 de enero de 2022. Una tarea, reconoce, que no imaginó acabaría 12 meses después con un exeurodiputado (el italiano Pier Antonio Panzeri), una ya exvicepresidenta de la Eurocámara (Kaili) y un asistente parlamentario (Francesco Giorgi) en prisión preventiva por corrupción, blanqueo de dinero y participación en organización criminal, tras serles incautados 1,5 millones de euros en efectivo procedentes de presuntos pagos de gobiernos como el de Qatar o Marruecos para que influyeran en decisiones del organismo sobre estos países.
La justicia belga ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de otros dos eurodiputados socialistas bajo sospecha, el belga Marc Tarabella y el italiano Andrea Cozzolino. Más allá de estos suplicatorios, la presidenta de la institución, que dice que hace un mes que no duerme “mucho” por este escándalo, señala que no ha recibido más peticiones de los investigadores por el Qatargate.
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Metsola asegura que seguirá colaborando con la justicia belga, mientras trabaja para mejorar la transparencia y controles de la Eurocámara. Algo que, aparte de las primeras medidas rápidas, implicará otras reformas de mayor calado y plazos más largos, advierte. Como la propuesta, presentada también este jueves por los progresistas de S&D, de crear un órgano de ética de las instituciones de la UE “antes del final de la legislatura”, en 2024. Para esa fecha, coincide Metsola, la Eurocámara tiene que haber dado señales claras de que es capaz de estar a la altura de esa confianza ciudadana que tanto ha erosionado el Qatargate.
Su idea —su deseo— es que estos primeros pasos se aprueben lo más rápidamente posible. “Si por mí fuera, en un mes”, asegura esta abogada maltesa de 43 años. Sabe que no va a ser fácil. Tras varios borradores, la última propuesta, por ejemplo, se limita a sugerir que haya un “periodo de incompatibilidad” para aquellos antiguos eurodiputados que quieran hacer cabildeo en el hemiciclo europeo, pero no fija tiempos para ello, como sí hacían proyectos anteriores. Aun así, este primer punto de su plan, revela Metsola, es uno de los que más duramente se discutió en la conferencia de presidentes, la reunión con los líderes de los grupos políticos europeos de este jueves en la que se dio el visto bueno a las medidas iniciales y urgentes. “Pero era importante que figurara”, insiste, y que fuera el primero de los 14 objetivos fijados para “reconstruir la confianza con los ciudadanos europeos” y “reafirmar al Parlamento Europeo como el mejor ejemplo de una democracia parlamentaria moderna, abierta y multinacional”, según detalla el texto.
Aunque desde su oficina se asegura que ha recibido el “total apoyo” de los grupos parlamentarios a las iniciativas, algunos matizan que se trató de una discusión “bastante general” y que todavía tienen que enviar sus contribuciones a las medidas propuestas. Estas contemplan también aprobar la obligación de que todo lobista, ONG o representante de intereses que vaya a participar en una audiencia parlamentaria se apunte en un registro de transparencia, y que todos los eurodiputados publiquen los encuentros con terceras partes relativos a una resolución o informe en que estén trabajando. Se busca también prohibir “grupos de amigos” informales con terceros países cuando el Parlamento Europeo ya cuente con un interlocutor apropiado o imponer un registro para entrar en la Eurocámara en el que se incluya fecha y motivo de la visita.
Metsola también quiere que los eurodiputados hagan una declaración obligatoria de potenciales conflictos de interés antes de asumir la elaboración de un informe o resolución para un comité o sobre un país específico, así como dar mayor claridad sobre sus ingresos, forzándoles a declarar empleos y actividades paralelas a su trabajo en la institución.
La maltesa ha propuesto, asimismo, crear una “etiqueta de integridad” en la web del Parlamento con información detallada sobre sanciones, declaración de regalos —oficialmente todo eurodiputado debe hacerlo con los que superen los 150 euros, pero el año pasado apenas una decena cumplió, confirma Metsola— o de viajes a terceros países no pagados por el Parlamento Europeo.
Este último punto ha provocado esta semana la dimisión como presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de la eurodiputada belga Marie Arena, quien ha reconocido que no registró un viaje a Qatar cuyos vuelos y estancia fueron pagados por este Estado, aunque lo ha atribuido a un “error” de una asistente parlamentaria. Aunque no ha sido formalmente acusada de nada por el momento, la socialista belga es una de las diputadas que están más en la mira de la investigación desde que estalló el Qatargate por su proximidad al principal imputado, el exeurodiputado Panzeri, de quien heredó el subcomité que ahora ha dejado.
Arena también ha sido suspendida del grupo de S&D, al igual que otros parlamentarios bajo sospecha: el también belga Tarabella y el italiano Cozzolino. La justicia belga ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de ambos, un proceso que comenzará el próximo lunes, cuando Metsola notifique oficialmente el requerimiento al plenario de la Eurocámara en Estrasburgo, y que debería tardar un mes.
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