El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pasará de recibir a mandatarios como Joe Biden y Justin Trudeau a miles de toneladas de carga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicará en los próximos días un decreto para cerrar las operaciones de carga y correo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una medida con la que el Gobierno federal busca la mudanza de estos vuelos a otros aeródromos regionales, principalmente al AIFA, en el Estado de México. Sin una consulta previa y en un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación del decreto, los 16 concesionarios que operan vuelos exclusivos de carga tendrán que replantear sus rutas. La propuesta de decreto, publicada en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), defiende que es necesaria la medida para ante la saturación operativa del AICM y para “salvaguardar la seguridad de las operaciones” en este aeródromo, sin embargo, estas rutas solo representan un 3% del total de vuelos de la terminal aérea. De acuerdo con las estadísticas oficiales, de los más de 363.000 vuelos que reportó el AICM el año pasado, solo 12.028 operaciones fueron de carga.
El subsecretario de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT), Rogelio Jiménez Pons, esgrime que el principal objetivo es desahogar la saturación en tierra. El funcionario explica que la movilización de más de 570.000 toneladas de carga por año en este punto derivan en maniobras kilométricas, largas filas de espera y atascos en las calles aledañas al aeródromo. “El desarrollo de la zona de carga en el AICM tiene más de 70 años y nunca hubo un plan maestro de crecimiento, han sido parches sobre parches, de tal manera que hay procedimientos que se pueden tardar hasta tres o cuatro horas más de lo convencional”, dice.
Jiménez Pons prevé que el decreto presidencia estará listo a más tardar la próxima semana. El subsecretario indica, además, que el AIFA —ubicado a 44 kilómetros de distancia del actual hub de carga aérea en el AICM—, cuenta con el espacio y la capacidad para atender a los concesionarios de carga.
En la justificación del decreto, la SICT admite que en la propuesta no fueron tomadas las voces del sector y que la medida tendrá un costo acumulado para los 16 permisionarios de vuelos de carga de 9,7 millones de pesos (514.000 dólares). La dependencia estima que cada permisionario deberá desembolsar de 600.000 pesos a un millón de pesos (de 31.719 a 52.866 dólares) por la reubicación de equipo, contratación de personal y los cambios en sus actuales permisos de concesión para operar en otro aeródromo. Empresas como Qatar Airways, Lufthansa Cargo, Cathay Pacific Airways Limited, Estafeta Carga Aérea, Air Canadá, son algunos de los actuales permisionarios de carga en el AICM.
La dependencia federal hace hincapié en que la medida se traducirá en beneficios por más de 241,7 millones de pesos (12,7 millones de dólares). “La regulación propuesta permitirá solucionar el problema de la saturación del campo aéreo y de las terminales de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y facilitará a las empresas el hacer uso de la infraestructura aeroportuaria”, refiere la Secretaría.
Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (Inija), critica que el cierre de vuelos de carga se ampara bajo los argumentos de la saturación operativa en el AICM y de la seguridad aérea a favor de los pasajeros, los vuelos exclusivos de carga que actualmente aterrizan en el aeródromo solo representan el 3% de las operaciones de este aeropuerto. Para el especialista, esta es una acción que busca atraer vuelos e ingresos al recién estrenado Aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México. “Es la única manera de poder darle luz o visibilidad a un aeropuerto que como no fue construido por consenso, ni los pasajeros quieren ir, porque no van a ir por decreto, y las aerolíneas prefieren no volar o perder esas rutas que les quitaron en el AICM”, señala.
El director del Inija advierte de que el AIFA no cuenta actualmente con las vías de acceso e infraestructura interna —almacenes y operadores de carga— para recibir las más de 570.000 toneladas que aterrizan anualmente en el AICM. “De acuerdo con el proyecto de decreto, se están dando 90 días para la migración, cosa que resulta imposible para cualquier empresa carguera. En tres meses es imposible modificar la logística que ya tienen establecida durante años. Van a venir amparos y lo más seguro es que se declare inconstitucional el decreto”, zanja. La propuesta de decreto excluye de la prohibición a los vuelos que combinen el servicio de transporte de pasajeros y de carga, estos sí podrán seguir aterrizando y despegando en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Con más de 46 millones de viajeros en sus pasillos cada año, el AICM se ha visto envuelto en los meses recientes en una serie de incidentes y polémicas que cuestionan la seguridad de sus operaciones. En medio de esta crisis, el Gobierno no ha ocultado sus intenciones de promover el AIFA como una alternativa. El aeródromo emblema de esta Administración abrió en marzo pasado, sin embargo, la falta de rutas de acceso y de oferta de vuelos han ralentizado su despegue: la terminal aérea, localizada en el Estado de México y gestionada por las Fuerzas Armadas, recibió solo 1,3 millones de pasajeros al cierre de 2022, de acuerdo con cifras de las propias autoridades aeroportuarias.
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