Nadie cede. Los sindicatos y la oposición ―excepto la derecha moderada― exigen la retirada del aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años de ahora a 2030, punto central de la reforma de las pensiones que impulsa el presidente, Emmanuel Macron. Una mayoría amplia de franceses apoya a la oposición y los sindicatos, que este martes han convocado la tercera jornada de huelga y manifestaciones desde que hace un mes la primera ministra, Élisabeth Borne, presentó el proyecto. Macron y su Gobierno mantienen sus planes.
Mientras que las protestas permitirán tomar de nuevo la temperatura social, en la Asamblea Nacional el proceso legislativo se ha puesto en marcha. El lunes, el proyecto empezó a debatirse en el plenario en un ambiente agitado. Más de 20.000 enmiendas, la mayoría de la izquierda. Una propuesta de referéndum planteada por la extrema derecha que fue rechazada. Denuncias, por parte de varios diputados, de amenazas anónimas. Un Gobierno que carece de votos suficientes para adoptar la medida y se ve obligado a hacer concesiones para obtenerlos.
La incógnita es si las protestas de este martes sacarán a las calles de las ciudades y pueblos de Francia a tantos manifestantes como las del 19 y el 31 de enero. En cada una de estas ocasiones fueron más de un millón. Fue una demostración de fuerza que, sumada a los sondeos que reflejan que cerca del 70% de franceses está en contra a la reforma, certifica un divorcio entre el presidente y la opinión pública en esta cuestión.
La huelga de este martes afectará al transporte urbano y el ferroviario. Uno de cada tres trenes al extranjero se verá afectado, informa Le Figaro. También uno de cada cinco vuelos desde el aeropuerto parisino de Orly. También se ha convocado huelga en la educación, la energía y la función pública, además de las estaciones de esquí. Una parte del país ha empezado las vacaciones escolares de invierno. El sábado se ha convocado una cuarta jornada de manifestaciones. Al ser día festivo, los convocantes esperan una afluencia todavía mayor.
Macron y el Gobierno sostienen que la reforma es necesaria para equilibrar las cuentas en 2030 y garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. El argumento es económico y también demográfico: el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida obligan a trabajar más. “El futuro de nuestro sistema está amenazado”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, en una entrevista publicada el domingo en Le Journal du dimanche. “Teniendo en cuenta que, en los años setenta, había tres personas que cotizaban por cada jubilado, a partir del año 2000 fueron dos y ahora son 1,7, ya se ve que el equilibrio no está garantizado”.
La oposición y los sindicatos replican que el aumento de la edad de jubilación es socialmente injusto. “El problema de base de esta reforma es el aplazamiento de la edad legal [de jubilación] a los 64 años, que acentúa las desigualdades inherentes al mundo del trabajo”, declaró a la cadena de radio France Inter Laurent Berger, secretario general del primer sindicato de Francia, el moderado CFDT. “Estas desigualdades son las que afectan a las mujeres, a las personas que empezaron a trabajar pronto, a los que tienen oficios que desgastan físicamente, a quienes tiene carreras con interrupciones y a quienes han sido despedidos antes de la edad de jubilación”.
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Los macronistas ofrecen algunas concesiones para lograr una mayoría suficiente en la Asamblea. La ley ya contemplaba que quienes hubiesen empezado a trabajar antes de los 20 años pudiesen jubilarse antes. Ahora se ampliará a los 21. Se trata de suavizar uno de los peligros de la ley: que acabe penalizando, como dice Berger, a quienes han tenido carreras largas y de desgaste.
La Asamblea Nacional tiene dos semanas para debatir y votar el texto. Si no lo logra, irá directamente al Senado, controlado por la derecha moderada de Los Republicanos (LR). En la Asamblea Nacional, los macronistas (Renacimiento, Horizontes y MoDem) forman el primer bloque en número de diputados, con 250. La ley debe votarse definitivamente antes de finales de marzo para que entre en vigor en septiembre.
Todo está en manos de LR, cuarta fuerza con 62 diputados. Es el partido del expresidente Nicolas Sarkozy, que este martes almuerza con Macron en el palacio del Elíseo. Los esfuerzos del Gobierno se centran en convencer a LR para que se adhiera a una medida que históricamente ha defendido. Si vota en bloque a favor y se suma a los macronistas, estos alcanzarán la mayoría de 289 escaños. Si no, la primera ministra puede activar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite zanjar los debates y adoptar una ley por la vía exprés. Entonces la oposición solo puede frenarla con una moción de censura.
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