Han pasado ocho años y cinco meses desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los detalles sobre el caso continúan surgiendo.
Documentos publicados el 10 de marzo por la organización civil National Security Archive, revelaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenía bajo vigilancia a la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” desde años antes de la trágica madrugada del 26 de septiembre de 2014.
Además, el Ejército consideraba “subversivos” a los alumnos de la normal.
National Security Archive tuvo acceso a 20 documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, los cuales son parte de los seis terabytes de información hackeada al Ejército mexicano por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya en septiembre de 2022.
Como parte de su investigación, la organización encontró que al menos desde 2006, las fuerzas armadas mexicanas tenían en la mira a la normal de Ayotzinapa.
En un informe de inteligencia de la sede de la 35 Zona Militar –con sede en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero–, la escuela es descrita como un caldo de cultivo de “subversivos” que “desde sus inicios en 1926 se identificó con grupos sociales antagónicos al gobierno”.
“Debido a la penetración ideológica de ideas foráneas, la escuela tiene una participación activa e importante en los conflictos sociales a nivel local y nacional”, señaló el informe.
La organización destaca que aunque en los últimos 50 años no ha surgido ningún líder guerrillero en esa zona del estado de Guerrero, la Sedena continúa asociando no solo a la escuela sino también a sus maestros, estudiantes, exalumnas y diversos simpatizantes con lo que los militares llaman “la conflicto agrario”.
Otro documento con fecha de 2007, muestra un “diagrama de enlaces de Ayotzinapa” en el cual se identifican una variedad de grupos armados, reconocidos periodistas, organizaciones campesinas, políticos locales y miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador– como partidarios de Ayotzinapa.
Sedena y la desacreditación a la investigación de Ayotzinapa
Tras lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asignó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso.
Sin embargo, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, les negó las entrevistas solicitadas con los militares implicados en la desaparición de los 43 jóvenes.
Los registros militares revisados por National Security Archive revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional de México trabajó para proteger a la institución del escrutinio civil durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.
Además, la inteligencia militar agrupaba rutinariamente a peligrosos narcotraficantes y padres de los estudiantes desaparecidos en los mismos informes sobre el “conflicto” en México.
Por último, se reveló que el propio Secretario de Defensa de México supervisó una campaña de propaganda para desacreditar a los padres, sus abogados y un grupo de expertos asignados para ayudar en el caso por una comisión de las Naciones Unidas.
Estos son los 20 documentos consultados por National Security Archive:
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