El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso contratos por más de 700 millones de dólares firmados por exfuncionarios en la extinta Policía Federal, a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Entre los nombres expuestos se encuentra Sonia Vargas terrero, actual Dr. de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, es responsable de contrato por 71 millones 600 mil de dólares. La funcionaria ocupaba el cargo de directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura.
A ella se suman Facundo Rosas, ex comisionado general de la Policía Federal, con un contrato de 25 millones 875 mil y Luis Cárdenas Palomino, mientras se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional, con uno de 2 millones 500 mil dólares.
Igualmente, se encuentran Rodrigo Esparza, con uno de 69 millones 100 mil; Humberto Martínez, con uno de 37 millones 875 mil; Rafael Avilez, exjefe de la División de Fuerzas Federales, con uno 2 millones 500 mil.
Sonia Vargas Terrero, contratada por la ministra presidenta de la @SCJN como Dr. de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, es parte de la trama de corrupción de Genaro García Luna, que involucra 225 millones de dólares de contratos publicos investigados por la UIF. pic.twitter.com/rwlKjZjs7P
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 22, 2023
Además, se mencionó al exdirector de la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Eduardo Enrique Gómez, con uno de 56 millones 121 mil dólares y otro de 88 millones; y al exdirector del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gispert, por uno de 253 millones 51 mil dólares.
Igualmente estuvieron involucrados Octavio Medina Estrada, Raúl Mata Soria, María Dolores Rojas Soto y Enrique Salinas Romero, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, por un contrato de 26 millones 666 mil pesos.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación federal inexplicablemente”, apuntó Gómez.
Explicó también, que la investigación realizada detectó que se establecieron diversos contratos con la empresa Nunvav, propiedad del exsecretario, y otras que formaban parte del mismo consorcio durante los sexenios de
Explicó también, que la investigación realizada detectó que se establecieron diversos contratos con la empresa Nunvav, propiedad del exsecretario, y otras que formaban parte del mismo consorcio durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el titular de la UIF, ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que se está realizando un proceso en Florida, Estados Unidos, para que se devuelvan al país dichos recursos desviados.
“Esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Creo que ya debió haber ocurrido eso pero estamos insistiendo de parte del Gobierno Federal”, concluyó.
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