Agentes de las fuerzas públicas en la ciudad de Panamá trataron dispersar con gases lacrimógenos y presuntos disparos una manifestación.
La marcha, que transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, terminó cerca de la casa del presidente del país, donde la policía lanzó hacia los manifestantes grandes cantidades de gas lacrimógeno, según pudo constatar EFE.
A pesar de los insistentes intentos de los manifestantes por no acabar en disturbios, el fuerte contingente policial que bordeaba la protesta tiró bombas lacrimógenas que inundaron la calle con una nube de gas, provocando una estampida masiva.
Foto: EFE
La marcha convocó a miles de panameños antiminería, luego de que se promulgara el llamado contrato minero que beneficia a una empresa minera canadiense.
“Vendieron nuestro futuro“, clamaban este miércoles miles de jóvenes panameños mientras abarrotaban las principales calles de Ciudad de Panamá para exigir la derogación del reciente contrato aprobado con una minera canadiense, una protesta que culminó con fuertes enfrentamientos con la policía.
Este miércoles se hiló el tercer día de protestas, que comenzaron el lunes pasado con fuerza tras la aprobación el 20 de octubre del contrato ley que renueva por 20 años prorrogables la concesión a la empresa Minera Panamá, filial a de la canadiense First Quantum Minerals, que desde 2019 exporta cobre de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.
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La marcha avanzó desde la avenida marítima, pasando por la emblemática Calle 50 y la sede de First Quantum Minerals, la minera canadiense con la que se aprobó ese polémico contrato.
En redes sociales se difundieron videos de las manifestaciones en varias ciudades de Panamá, y la represión policial para dispersar el movimiento social.
Por el mismo conducto se observan presuntos agentes de seguridad accionar armas en un lugar cercano donde se realizaban las protestas.
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Medios locales afirmaron que las autoridades usaron gas lacrimógeno en contra de los manifestantes que transitaban sobre la Cinta Costera.
Centenares de manifestantes comenzaron una batalla campal con una lluvia de piedras además de bombas caseras.
Foto: EFE
El Ejecutivo defiende que el nuevo contrato multiplica por 10 las ganancias para el Estado y garantiza la vigilancia medioambiental, mientras que activistas y juristas señalan que mantiene los vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado por la Corte Suprema inconstitucional en el 2017, 8 años después de presentada una acción legal en ese sentido.
Las manifestaciones masivas han sido manchadas por actos de vandalismo que han dejado propiedad pública afectada, como la rotura de la fachada de una de las sedes del Ministerio de Economía y Finanzas, o pintadas en las paredes del edificio de la patronal Cciap.
(Con información de EFE)
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