La nueva Ley de Ciudadanía (CAA, en inglés) de la India, un instrumento migratorio muy cuestionado por su carácter antimusulmán y por la fecha de su implementación, a un mes de las elecciones generales, ha elevado la tensión en el país asiático, vista como un arma política del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi.
La normativa fue puesta en vigor el lunes por el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi y permite a las autoridades otorgar la nacionalidad india a inmigrantes en situación irregular procedentes de Pakistán, Afganistán y Bangladesh que llegaron al país antes de 2015 en busca de asilo por motivos religiosos, siempre que estos no sean musulmanes.
El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi | Foto: Reuters
No musulmanes
La enmienda implementada ayer acelera la concesión de la ciudadanía a miles de personas que por motivos religiosos huyeron hacia la India hace por lo menos nueve años, aunque no hay cifras oficiales sobre el número de inmigrantes que podrían beneficiarse de la medida.
Sin embargo, sus detractores señalan que la norma choca con el laicismo que sostiene la Constitución india, puesto que discrimina a los musulmanes frente a las personas de las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana, que vengan de estos tres países de mayoría musulmana.
Con la entrada en vigor de la enmienda, que había sido aprobada por el Parlamento en 2019, la concesión de la ciudadanía se simplificará para los no musulmanes, reduciendo por ejemplo los documentos necesarios o reduciendo a la mitad los plazos.
Aunque muchos migrantes miran a la India como una tierra de asilo para refugiados procedentes de multitud de países, principalmente de los vecinos Sri Lanka o Afganistán, la nación no es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y por tanto no reconoce las identificaciones que otorga ACNUR.
Agentes de policía se encuentran en un callejón dominado por familias musulmanas | Foto: Reuters
Antes de las elecciones
Otro de los puntos en disputa fue la fecha escogida por el Gobierno para anunciar la implementación de la Ley de Ciudadanía, a apenas un mes de que comiencen las elecciones generales, previstas entre abril y mayo de este año.
Los principales partidos de la oposición interpretan que no fue una decisión fortuita, sino una forma del Gobierno de polarizar el debate en torno al hinduismo, su principal fuente de votos, antes de unos comicios donde Modi parte como el principal favorito para encadenar un tercer mandato consecutivo.
Pero su implementación también ha tenido repercusiones en varios estados del noreste de la India, donde la población indígena teme que la nacionalización de miles de migrantes pueda repercutir sobre sus derechos.
Uno de estos estados en Assam, aunque gobernado por el BJP, pero en el que los sentimientos contra la inmigración son especialmente profundos, y dio lugar anoche a pequeñas protestas.
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