El Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron, a través de un comunicado, el cierre del caso Monsanto como un “triunfo en una batalla jurídica en la que prevaleció la razón a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria”.
La empresa trasnacional Monsanto Company mantuvo hasta el pasado 25 de abril una demanda en contra del decreto presidencial de 2020, que busca prescindir del glifosato y el maíz transgénico para consumo humano.
Tras conseguir el “triunfo”, la Conahcyt reiteró su “compromiso de seguir avanzando con firmeza en el cumplimiento del decreto (…) hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glifosato queden fuera de los alimentos de las familias mexicanas”.
Cabe recordar, que la publicación del decreto presidencial trajo una “avalancha de demandas de amparo promovidas por diversas empresas dedicadas a la comercialización de agrotóxicos u otros insumos agropecuarios, como granos y semillas”.
Esto, trajo más de 30 juicios de amparo, a través de los cuales buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos. Sin embargo, la gran mayoría de esos juicios están ya concluidos con resoluciones que no favorecieron a las empresas y asociaciones civiles.
Esto llevó a que el decreto presidencial de 2020 se mantuviera firme, hasta que fue reemplazado por uno nuevo en 2023 que reafirma lo establecido en el anterior.
En este proceso, Conahcyt presentó “distintos recursos legales que fueron acompañados por personas expertas y remitieron amicus curiae eleborados por peritos en la materia. Finalmente, el 19 y 24 de junio del año en curso, las empresas de Monsanto presentaron y ratificaron, respectivamente, un escrito por medio del cual se desistieron del juicio”.
Cabe destacar que aún prevalecen algunos juicios contra el decreto de 2020 y otros pocos contra el decreto de 2023, vigente a la fecha, que siguen su curso.
En este último caso, también existe una demanda presentada por las empresas de Monsanto en México, que se asienta en el expediente 605/2023, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Sobre ello el comunicado asegura que “Conahcyt presentó nuevamente pruebas que soportan los argumentos jurídicos y científicos a favor de las medidas que restringen el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano, así como el retiro gradual del maíz transgénico para consumo animal y usos industriales para consumo humano. Esta vez son cerca de 450 documentales.”
“En ese asunto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a las empresas de Monsanto la suspensión provisional que solicitaron para que el decreto de 2023 fuera detenido, bajo el argumento de que, en su caso, cualquier afectación particular que se le pudiera causar a las trasnacionales, éste ‘se subordina al interés general, pues el particular tiene un simple interés privado, a diferencia del Estado, que tiene la representación del interés público’“, agrega la misiva.
El comunicado recuerda que “empresa Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares por daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, en los que el glifosato fue relacionado con el desarrollo de cáncer”.
Además, asegura que “durante el periodo neoliberal, la empresa Monsanto tuvo fuerte influencia sobre el proceso de creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modicifacos (LBOGM), al grado de que fue apodada Ley Monsanto”.
La misma empresa vio favorecidos sus intereses tras la publicación de la LBOGM, ya que obtuvo más de la mitad de todos los permisos de liberación al ambiente y autorizaciones para la importación y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM).
Por último, Conahcyt asegura que “mantiene el apoyo a investigaciones humanísticas, científicas, tecnológicas e innovadoras para indagar presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz, lo que permitirá determinar las posibles rutas de dispersión, así como otras acciones sustantivas y fundamentales que contribuyan a garantizar el derecho humano del pueblo de México a una alimentación saludable”.
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