La mayoría de Morena y aliados aprobó en comisiones del Senado las reformas constitucionales que modifican la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado” y asegurar la prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos dieron su aval -con 29 votos a favor y 10 en contra- a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
La CFE podrá generar el 54 % de la energía eléctrica de todo el país, en tanto que las empresas privadas solo podrán alcanzar el 46 %.
La iniciativa, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de febrero y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, la CFE, cuya esencia es “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Por lo tanto, considera que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet que provea.
Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado establecida.
La Cámara de Diputados modificó el proyecto y suprimió del dictamen de la reforma al artículo 27 constitucional el párrafo que señalaba que “el Estado queda a cargo de la transición energética”.
En el caso del artículo 28 se suprimió de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”. Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Por lo demás, las reformas establecen que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Así, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de las reformas, para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, aseguró que la reforma constitucional “revindica el patrimonio del pueblo de México, porque los recursos naturales energéticos serán para beneficio de la gente”.
Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, aseguró que la reforma pretende que las empresas públicas del Estado sirvan para beneficio de la sociedad, sobre todo en las áreas de carácter estratégico como la electricidad, el Internet y el litio.
El senador panista Agustín Dorantes planteó que la reforma “no aborda las crisis financieras” de Petróleos Mexicanos y de la CFE, sino que les permite operar como empresas sin rentabilidad, lo que traerá pérdidas millonarias que, a su vez, impactarán en el bolsillo de los mexicanos.
La priista Claudia Anaya dijo que la reforma genera incertidumbre para el mercado nacional e internacional, porque no se garantiza certeza legal sobre la regulación del sector, pues se les dice a los particulares “ustedes ya no vengan a invertir, porque no los vamos a dejar entrar a la producción”.
Mientras que el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas consideró que la mejor estrategia energética para México no es consolidar a la CFE y a Petróleos Mexicanos como actores preponderantes en el mercado, sino generar energía sostenible y permitir la competencia para que los ciudadanos accedan a servicios más baratos y limpios.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que las reformas serán buenas o malas según la legislación secundaria que se apruebe.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, dijo se trata de reformas con una gran ambigüedad, en la forma en la que fue redactado el dictamen se dan márgenes de libertad a la reglamentación que permiten la instrumentación de la reforma de 2021, que frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se priorizaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y el despacho de energía eléctrica.
Los legisladores también pueden optar por una legislación secundaria que sea menos agresiva con la inversión privada, lo que sería positivo, dado que el gobierno federal estima invertir 13 mil millones de dólares en energías renovables, aunque la federación ha admitido que se requieren de al menos 35 mil millones de dólares en inversiones renovable para cumplir con las metas del Gobierno mexicano.
Ocampo considera que se necesita de la inversión privada, pues el gobierno federal no tiene los recursos suficientes para la transición energética y, en ese sentido, “la legislación secundaria va a tener que ser muy cuidadosa de no deteriorar más el clima de inversión en el país y especialmente, por supuesto, en el sector eléctrico”.
El especialista vislumbra el proceso de legislación reglamentaria como una oportunidad en la que todavía se podría contar con un sector energético abierto para la inversión privada en la generación eléctrica, aunque existe el riesgo de que resulte más restrictivo.
Considera que en los hechos, la redes, la transmisión y distribución eléctrica ya son monopolios de la CFE, e incluso en gran medida el suministro a los hogares. “La realidad es que la CFE, siempre ha tenido la participación mayoritaria en la generación de energía”, por lo que lo que hace la reforma es elevar a rango constitucional “algo que en los hechos ya sucede y siempre ha sucedido”.
“En ese sentido, si se es cuidadoso al momento de implementar esta reforma, se podría mantener un ecosistema abierto para la inversión, como mencionaba la secretaria de Energía, Luz Elena González, con reglas claras, pero aquí el diablo está en los detalles. ¿Cuáles van a ser esas reglas claras?”, cuestionó.
Oscar Ocampo plantea que se trata de una reforma que va en sentido inverso de la promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, ya que mientras la actual es centralizadora, la anterior buscaba la descentralización.
Sin embargo, no considera que la actual sea estrictamente una contrarreforma de la de 2013, pues se mantiene la inversión privada en el 46%, un porcentaje muy grande.
“Lo que sí estaría echando abajo es, por ejemplo, cómo funciona actualmente el mercado eléctrico mayorista, donde CFE es un competidor más junto con un universo de participantes privados. Esa parte muy probablemente sí cambiaría”, comentó.
Para el especialista, nunca se había visto la aprobación de tantas reformas constitucionales “con tan poco discusión”, por lo que piensa que ha dejado mucho qué desear el análisis, la discusión pública y el debate legislativo.
“Creo que eso es eso afecta mucho la la calidad del resultado, ¿no?, pero tampoco adelantemos vísperas y veamos qué sucede en el Senado”, finalizó.
Ve la entrevista completa:
(Con información del Senado de la República y Aristegui Noticias)
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