Agua, Biodiversidad y Clima: El ABC MX hacia un México Sustentable

Un grupo de científicos, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones sociales y comunitarias, personas de diferentes contextos y edades urgieron a considerar la sustentabilidad como un eje estratégico para el país y las dependencias y entidades de la administración pública en los próximos años.

Para alentar la conversación pública sobre el tema, este grupo plural presentó un documento con lo esencial que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo debería tomar en consideración.

El documento “Agua, Biodiversidad y Clima para México” (ABC/MX ) busca articular esas tres agendas fundamentales para que la prosperidad del país alcance a las generaciones presentes y futuras, y contener y mitigar los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente. El documento elaborado por decenas de personas a lo largo de un año, sintetiza aspectos fundamentales que México deberá atender; es el conjunto de “…mínimos en materia ambiental que podemos analizar y discutir en los próximos meses, al momento de diseñar el instrumento rector de la política pública en México, el Plan Nacional de Desarrollo.”

Aquí el pronunciamiento: 

Nuestro país alberga el 12% de la biodiversidad conocida del planeta y es, además, centro de origen de 118 cultivos que constituyen el 15% de la alimentación diaria del ser humano en la Tierra. Ser mexicano y mexicana es motivo de orgullo, pero también una enorme responsabilidad. Que México crezca en lo económico no es suficiente. Como nación debemos ser capaces de crecer y mejorar el bienestar de la población sin afectar las funciones de la naturaleza y su capacidad para recuperar lo que de ella hemos tomado.

Para proteger a sus futuras generaciones, México debe impulsar una agenda concisa, pero ambiciosa, en materia de Agua, Biodiversidad y Clima (el ABC para México) a la que debemos sumarnos todas y todos.

Los cambios en materia ambiental están ocurriendo de manera tan intensa que resulta difícil saber por dónde empezar. ¿Es suficiente prohibir los popotes o el unicel? ¿Necesito separar mi basura? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tienen que hacer las empresas, las comunidades o los gobiernos locales? La lista crece y resulta abrumadora. Para evitar paralizarnos, un grupo de científicos, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones sociales y comunitarias, personas de diferentes contextos y edades nos reunimos a escucharnos, a cuestionar nuestros saberes y a pensar en conjunto, sobre lo mínimo que, como nación pluricultural y diversa, debemos hacer.

Encontrar la esencia de algo, no es sencillo, y menos, en el siglo XXI. Ante una sociedad fragmentada, las personas tienen que elevar más la voz para llamar la atención. Por ello cambiamos el método para integrar este breve documento: empezamos escuchando. Descubrimos que todos queremos ayudar, hacer nuestra parte. Estas líneas reflejan conversaciones, lecturas y discusiones sobre qué necesitamos cómo país y cómo conseguirlo. Tras meses de reflexión colectiva, coincidimos en que la causa más importante de México es cuidar nuestra casa biológica y ofrecer un futuro próspero a las nuevas generaciones.

Para un México sustentable debemos considerar como mínimo tres componentes inseparables: Agua, Biodiversidad y Clima. Atender estos tres temas como sociedad es urgente para enfrentar la emergencia ambiental. Hacernos cargo requiere reconocer también las profundas desigualdades económicas y sociales que lastiman a nuestra nación. Articular este ABC nos permitirá adaptarnos y volvernos menos vulnerables ante lo que viene, como las sequías y los golpes de calor, los huracanes o las inundaciones, que ponen en riesgo nuestra salud y la salud de los ecosistemas.

La base del cambio es el conocimiento ancestral y científico, así como los mejores análisis económicos y sociales. La agenda ABC, nos permitirá identificar y disminuir lo que daña al país y al planeta. Sin embargo, una visión informada no basta, se requiere la participación de todos los sectores sociales y de gobierno. Como en los ecosistemas, donde las especies vegetales, animales y los microorganismos construyen un sistema rico y productivo, nuestro país reclama un compromiso individual y colectivo para asumir nuestra responsabilidad, cambiar nuestro comportamiento y organizarnos para que esta vez el desarrollo del país sea sustentable.

El acceso al agua es un derecho por ser una necesidad vital para los humanos y es la base de muchas actividades productivas. El Estado debe asegurar la gestión responsable del agua, que no es sencilla, pues por un lado hay que garantizar su acceso y evitar la inequidad entre personas, y por el otro, proteger los ecosistemas para que no pierdan su capacidad de captar, retener y aportar agua permanentemente. En México, tenemos suficiente agua para todas las personas, nuestro reto es cómo manejarla.

Los bosques son los grandes captadores de agua de lluvia. Para ser sustentable, México debe conservar sus ecosistemas forestales, particularmente en las zonas de captación de agua. Quien cuide o conserve estos ecosistemas forestales, debería recibir un pago por este servicio ambiental. Esto dará a los ecosistemas la conectividad necesaria para adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático.

Como parte de la iniciativa “Desafío del agua dulce”, México deberá restaurar en el futuro inmediato unos 50,000 kilómetros de ríos. Quien conserve riberas de ríos y arroyos debería ser reconocido por su contribución a la protección de estos ecosistemas, mediante un pago por los servicios ambientales que nos brindan. Además, su restauración debería incentivarse.

México necesita establecer, además, nuevas reservas de agua que permitan a los ecosistemas funcionar adecuadamente. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene que hacer efectiva la extracción límite basándose en la capacidad de recarga y el caudal ecológico necesario para que la cuenca y los acuíferos sigan funcionando. Los acuíferos sobreexplotados deben recuperarse paulatinamente considerando las sequías que provoca el cambio climático. La gestión del agua debe ser resultado de procesos participativos reales, asegurando una distribución equitativa, previniendo la sobreexplotación y vigilando que las concesiones no extraigan más agua de la disponible. En estos procesos, convocados por CONAGUA, deberían participar los responsables de la oferta de agua en el territorio (los guardianes de los bosques) y quienes demandan el agua (pobladores, agricultores e industria).

Aprovechando la creciente aceptación de soluciones basadas en la naturaleza, los organismos operadores del agua deberían modernizar la infraestructura para hacer más eficiente el almacenamiento del agua y su distribución, así como la protección ante inundaciones. Ya que el 76% del agua concesionada es para riego y los escenarios de cambio climático proyectan mayor sequía en gran parte del territorio, la gestión efectiva del agua incentivaría sistemas de riego eficientes y cultivos de menor requerimiento hídrico. Toda solución al manejo del agua implica la activa participación de las y los agricultores. En zonas urbanas, los organismos operadores de agua deberían disminuir las fugas, tratar las aguas y reusarlas.

El gobierno y la autoridad a cargo de la gestión de este recurso debe sancionar efectivamente a quienes contaminen, extraigan de más o desperdicien el agua. Los infractores han de ser responsables, siempre, de remediar y pagar por los daños ocasionados.

México tiene una cultura milenaria de convivencia y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, pero muchas personas, a veces sin saberlo, abusamos del resto de las especies con quienes compartimos este territorio. Aprendiendo de nuestros ancestros y de la comunidad científica, tenemos que hacer compatible el desarrollo económico y social con la conservación de los ecosistemas naturales. Es momento de acelerar el desarrollo sustentable, uno que reconozca y respete el valor intrínseco y evolutivo de todas las formas de vida, que revierta las tendencias de deterioro y permita construir las condiciones de una prosperidad compartida entre sociedad y naturaleza. Los acervos de conocimiento están disponibles, pero no siempre los usamos. Tanto las prácticas ancestrales, como el conocimiento científico, recabado y almacenado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) deben ponerse al servicio de la sociedad y ser sustento de las mejores decisiones de gobierno.

Las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado deben articular las políticas de uso y ocupación del territorio con criterios de prevención de riesgos y sustentabilidad. El Estado cuenta con los instrumentos de planeación para integrar los ordenamientos ecológicos y urbanos con formas efectivas de gobernanza. La planeación territorial debe considerar la adaptación al cambio climático, sin perder de vista la conectividad ecológica. La planeación debe ser alimentada con el conocimiento disponible sobre la biodiversidad y el paisaje, así como por los escenarios de vulnerabilidad al cambio climático desarrollados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Para alcanzar la meta de conservar 30% del territorio mexicano para 2030, tal y como nos comprometimos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, México debe fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) e impulsar un mayor número de áreas naturales protegidas federales, estatales y destinadas voluntariamente a la conservación por los dueños de la tierra. Las áreas naturales protegidas han de ser representativas de la biodiversidad del territorio mexicano y contar con un manejo efectivo. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) necesita ampliar la cobertura del programa de pago por servicios ambientales. Al sector ambiental le urge restaurar los hábitats degradados, sobre todo en la parte alta de las cuencas, las zonas de captación de agua pluvial y los ecosistemas ribereños, a la vez que se protegen y recuperan las especies amenazadas y en peligro de extinción. Debe reconocerse que los servicios de los ecosistemas contribuyen a generar valor agregado en las actividades económicas y al bienestar social y, por tanto, la preservación y restauración de los ecosistemas contiene un doble dividendo que se complementa y refuerza: Contribuye al bienestar de los ecosistemas y, al mismo tiempo, contribuye positivamente a la dinámica económica y al bienestar social.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), deben asegurar que la ley se cumpla y fomentar sistemas productivos sustentables en donde las comunidades que custodian la biodiversidad inhiban el cambio de uso de suelo y la afectación de los mares. La SADER debería aplicar políticas para que las familias de productores puedan reconvertir sus parcelas a prácticas sustentables y facilitar la aplicación de prácticas tradicionales sustentables en zonas de alta importancia por su biodiversidad. El fomento de productos orgánicos, cultivos nativos y prácticas responsables de producción favorece, además, la salud de las mexicanas y los mexicanos y el bienestar de las y los productores. La visión impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas para “Una sola salud” para todas las especies, incluida la nuestra, deberá encontrar en México un país fértil para su aplicación.

Es obligación del Estado mexicano la aplicación de las leyes ambientales de manera efectiva sobre la deforestación, la sobrepesca, la contaminación y el tráfico de vida silvestre, para lo cual se requiere fortalecer a las instituciones que procuran el cumplimiento de la ley, como la PROFEPA. La coordinación entre secretarías y entre distintos órdenes de gobierno es central para la aplicación de las leyes ambientales. Las instituciones necesitan fortalecerse con tecnología que permita la detección y freno de ilícitos en tiempo real. El sistema judicial debe fortalecer la capacitación de los jueces en materia ambiental, y el Congreso desarrollar estructuras legales que permitan la atención inmediata a las denuncias sobre daños a los sistemas ecológicos.

El cambio climático no es sólo un “problema ambiental”. Es la principal amenaza para el desarrollo económico, el bienestar de las personas y la prosperidad de las poblaciones actuales y futuras. Tiene impactos serios en el acceso al agua, en la biodiversidad, en las actividades económicas y en la salud de la población y los ecosistemas. Si no se atiende ya, acentuará las diferencias entre grupos sociales y cancelará oportunidades de movilidad social para los estratos más pobres y vulnerables.

Toda actividad humana tiene efectos en el calentamiento global. Éste, a su vez, tiene consecuencias para toda actividad humana: sequías, inundaciones, incendios, temperaturas extremas, destrucción de infraestructura. Para disminuir nuestros efectos en el calentamiento global y adaptarnos a sus consecuencias, es necesario mejorar el esfuerzo coordinado entre los sectores productivos (energía, agricultura, transporte e industria) y llevar al país hacia la descarbonización y la adaptación a la crisis climática, en un marco de prosperidad compartida.
SEMARNAT debe coordinar los esfuerzos del gobierno para el diseño e implementación de una Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático que reduzca los impactos negativos sobre sectores como el de la salud, la producción de alimentos, las actividades económicas, la infraestructura costera, los ecosistemas y los asentamientos humanos. Es necesario que se adopte un enfoque de prevención de desastres y otras emergencias ambientales con base en el conocimiento sobre los principales impactos del cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza, como las áreas naturales protegidas, no sólo protegen la biodiversidad, también previenen desastres, mejoran los servicios ambientales y mitigan los gases de efecto invernadero.

Para la mitigación de los efectos de la crisis climática, México debe reducir a la mitad sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2030 y asumir un creciente esfuerzo nacional si de verdad quiere cumplir su meta de emisiones netas cero en 2050-2060. Se requieren cambios estructurales en los patrones de producción y consumo, donde la naturaleza aparezca en el centro. El único desarrollo justo es el sustentable. Cualquier otro limita las posibilidades de una vida digna para todas las personas.

México debe desarrollar una descarbonización acelerada de su economía. En primer lugar, el país ha de garantizar un marco regulatorio y de política pública que incentive la inversión privada nacional e internacional en tecnologías e infraestructura de bajas o nulas emisiones de carbono costo- efectivas. En segundo lugar, el Gobierno Federal debería elaborar una ruta detallada de descarbonización de la economía para cumplir con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del Acuerdo de París. En tercer lugar, con una ruta de descarbonización detallada, robusta y transparente, México necesita iniciar diálogos y negociaciones con países desarrollados y con organismos financieros multilaterales para acceder a recursos donados y con tasas preferentes de interés para realizar las inversiones con los mayores beneficios sociales. Esto contribuirá a que la descarbonización sea justa y se convierta en una palanca para reducir inequidades sociales históricas y promover un crecimiento inclusivo favorable al conjunto de la población.

A partir de los años noventa, México fue cimentando una política ambiental moderna. Hoy la política ambiental de México necesita reflejar mejor el contexto y los impactos en el entorno social, económico y ambiental del país. Las políticas que se diseñan en silos, de manera centralizada, raramente reconocen la diversidad ambiental del territorio y la pluralidad cultural y social del país, lo que dificulta su implementación. Por eso es crucial aprovechar el sistema de planeación democrática del desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo es el único instrumento de gobierno que construimos desde y para la ciudadanía. Por mandato constitucional participan personas y organizaciones sociales, cívicas, académicas, empresariales, grupos de trabajadores y comunidades. Es el instrumento que establece las prioridades del gobierno hacia el 2030, y sus resultados e impacto sobre el patrimonio natural deben considerar al menos un horizonte adicional de 20 años. Por ello, además de suscribir este ABC para México, buscamos que México marque historia con un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable (PNDS) para 2025-2030.

Creemos, además, que el Ejecutivo Federal debería crear un mecanismo permanente de coordinación transversal entre las instituciones federales, al más alto nivel, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas vinculadas al desarrollo sustentable. Las responsabilidades y deberes de cada sector y unidad administrativa deben quedar bien definidos, incluyendo los compromisos, metas e indicadores que permitan su evaluación. Por ello creemos que es necesaria la creación de un gabinete presidencial de desarrollo sustentable.

Con respeto pleno a la división de poderes y órdenes de gobierno, es importante revisar la distribución de facultades de la federación y las entidades federativas en materia ambiental. Es importante, además, crear espacios orgánicos, amplios y plurales que faciliten y promuevan la participación de personas y comunidades -lo que comúnmente llamamos participación social y ciudadana- en el diseño, decisión, seguimiento y evaluación de las políticas que inciden en nuestro medio ambiente.

México necesita considerar, desde su diseño, la dimensión ambiental de sus proyectos estratégicos y fortalecer los instrumentos para la evaluación del impacto ambiental de sus actividades económicas. Las deficiencias en el diseño de los proyectos estratégicos para el país, o en la evaluación de los impactos ambientales, afectan inevitablemente la gestión del agua, la biodiversidad del país y agravan los efectos de la crisis climática.

El ABC para México es el mínimo que personas, comunidades y organizaciones debemos conocer, interiorizar e impulsar como país. Es un punto de partida que puede enriquecer las discusiones hacia un PNDS 2025-2030. Si a ello se suma el impulso presidencial para instalar un gabinete para el desarrollo sustentable, México podrá enfrentar mejor la crisis climática, proteger su patrimonio biológico, asegurar el derecho humano al agua, un medio ambiente sano y generar un crecimiento económico justo y respetuoso de su biodiversidad ambiental. México seguirá siendo cultura y natura para orgullo de sus habitantes.

1. Gustavo Alanís
2. Esteban Álvarez
3. Rosi Amarena
4. Manuel Arango
5. Emilio Aristegui
6. Paulina Arroyo
7. Maricela Arteaga
8. Dulce Ma. Ávila
9. José Manuel Azpiroz
10. Antonio Azuela
11. Patricia Balvanera
12. Karla Barclay
13. Rogelio Barrios
14. Eugenio Barrios
15. Saúl Basurto
16. Eduardo Bohórquez
17. Paulina Botella
18. Karina Caballero
19. Roberto Benjamín Cabral
20. Nora Cabrera
21. Rosaura Cadena
22. Julia Carabias
23. Francisco Casillas
24. Carlos Castillo
25. Elisa Castro
26. Gina Chacón
27. Patricia Chavero
28. Darío Chávez
29. Frida Cisneros
30. Eugenio Clariond
31. Cecilia Conde
32. Rolando Cordera
33. Diana Lizett Corona
34. Epigmenio Cruz
35. Leonardo Curzio
36. Paula de Gortari
37. Roberto De la Maza
38. Graciela de la Torre
39. Antonio del Río
40. Rafael del Villar
41. Javier Delgado
42. Rodrigo Díaz
43. Marcela Domínguez
44. Rosario Espinosa
45. Alejandro Farah
46. Miranda Fernández
47. Adrián Fernández
48. Natalia Fuentes
49. Mario Luis Fuentes
50. Luis Fueyo
51. Luis Miguel Galindo
52. Néstor García
53. Alejandra García
54. Fernando Gómez
55. Miguel González
56. Thelma González
57. Renée González
58. Miguel González
59. Luis Fernando González
60. Gerardo González
61. Gilberto Guevara
62. Sandra Guzmán
63. Marilú Hernández
64. Hilda Hesselbach
65. Santiago Izquierdo
66. Miguel Jacome
67. Clara Jusidman
68. Raúl E. Lara
69. William Lee
70. Luis Ley
71. Ana Limón
72. Manuel Llano
73. Fabiola López
74. Sandra Lorenzano
75. Ana Magaloni
76. Adriana Malvido
77. Teresa Martínez
78. Néstor Martínez
79. Blanca Mendoza
80. Mariel Miranda
81. Rafael Sebastián Muratalla
82. Eduardo Nivón
83. Beatriz Olivera
84. Jocelyn Omar Díaz
85. Juan José Patiño
86. Sofia Probert
87. Enrique Provencio
88. Guillermo Pulido
89. Angélica Quevedo
90. Carlos Ramírez
91. Alejandro Ramírez
92. Federico Reyes
93. Luis Reygadas
94. Rafael Robles
95. Víctor Rodríguez
96. María del Carmen Rodríguez
97. Lilian Rodríguez
98. Ana Rosas
99. Lucia Ruiz
100. Joaquín Ruiz
101. José Alejandro Sandoval
102. José Manuel Saniger
103. Hortensia Santiago
104. José Sarukhán
105. Enrique Solís
106. José Luis Solleiro
107. Catalina Stern
108. Francisco Suárez
109. Valeria Town
110. Raúl Trejo
111. José Francisco Valdés
112. Eduardo Vega
113. Anaid Velasco
114. Gabriela Zapata
115. José Carmelo Zavala