La Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal en el Distrito Sur de Texas, en la que se imputan a dos empresarios mexicanos por su participación en un supuesto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Pemex Exploración y Producción (PEP).
“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años y residente permanente legal de Estados Unidos, residente de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años y residente permanente legal de Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP con el fin de obtener y retener contratos para empresas asociadas con Rovirosa.
Entre al menos 2019 y al menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo artículos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios.
Según Estados Unidos, estas ventajas indebidas ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, Rovirosa presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.
Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa fue procesado hoy. Ávila se encuentra prófugo.
Caso Oceanografía
Mario Ávila Lizárraga fue funcionario de Pemex entre 2010 y 2012. Fue sancionado administrativamente por dar contratos de manera irregular a la empresa Oceanografía.
Como titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, firmó a destiempo de una adenda a favor de Oceanografía, con fecha de 5 de diciembre de 2012, cuando ya estaba fuera de su cargo que concluyó el 30 de noviembre de 2012, dice una nota de El Financiero de 2015.
“También de la investigación resultó que Mario Ávila entró en conflicto de intereses, al firmar 12 contratos millonarios con Oceanografía y usar aviones de la empresa proveedora de Pemex, para asuntos personales”.
Fue inhabilitado del servicio público durante 10 años. Según la nota, su sanción se cumplió el pasado viernes 8 de agosto de 2025.