La Academia Mexicana de Ciencias (AMC), a través de su Comisión de Derechos Humanos, expresó preocupación por la detención y posterior liberación provisional del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, ocurridas los días 13 y 14 de enero, respectivamente, y por los efectos que estos hechos tuvieron en la vida institucional de la universidad.
En un comunicado, la Comisión señaló que Abud Flores fue interceptado por la policía estatal cuando viajaba en un vehículo oficial de la universidad junto con dos colaboradores.
En este sentido, indicó que la información pública sobre el operativo es imprecisa y carece de detalles, además de que “apuntan al incumplimiento de los protocolos requeridos para garantizar la legalidad en la actuación de la policía estatal”.
La AMC destacó que la detención se produjo cuando Abud Flores se encontraba al final de su periodo como rector, con posibilidad de reelección. Horas después, durante la madrugada del 14 de enero, se convocó a un grupo de consejeros universitarios para designar como rectora sustituta a Fanny Guillermo Maldonado, un proceso que académicos calificaron como acelerado y ajeno a la normatividad interna.
Pronunciamiento de acedémicos
Más de 80 académicos e investigadores de distintas instituciones del país manifestaron su respaldo al exrector y exigieron un proceso judicial con apego al debido proceso.
En pronunciamientos públicos advirtieron que la detención y la sustitución en la Rectoría ocurrieron mientras Abud Flores permanecía privado de la libertad, lo que consideraron un “hecho consumado”.
El caso se originó tras la aprehensión del exrector por presunta posesión de sustancias ilícitas, realizada en la capital de Campeche. La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que el hallazgo se habría realizado durante una revisión del vehículo.
Sin embargo, la defensa legal sostuvo que el automóvil fue trasladado sin esperar a peritajes en el lugar, lo que puso en duda la cadena de custodia.
En paralelo, consejeros universitarios denunciaron intentos de intervención externa en el gobierno de la UACAM y subrayaron que la institución cuenta con autonomía y capacidad de autogobierno.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) también emitió un pronunciamiento para pedir a las autoridades actuar con apego a la legalidad.
La Comisión de Derechos Humanos de la AMC concluyó que la sucesión de hechos “ponen en riesgo grave la autonomía universitaria que están obligados a respetar todos los poderes públicos”, y exigió respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.