El empresario y expolítico Manuel Clouthier Carrillo advirtió que Sinaloa atraviesa una crisis estructural que abarca la seguridad, la economía, la política, la salud, la educación y el campo, y sostuvo que la recuperación del estado podría tomar al menos una década, siempre que se adopten las medidas necesarias para atender esos problemas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que la situación no corresponde a una coyuntura pasajera, sino que es resultado de “décadas de omisión y complicidad”. Señaló que Sinaloa requiere una estrategia de largo plazo para recuperar condiciones adecuadas en sus principales ámbitos de desarrollo.
“Primero hay que reiterar que Sinaloa padece una crisis estructural y no coyuntural”, sostuvo. Añadió que el estado enfrenta problemas de seguridad, económicos y políticos, estos últimos vinculados, dijo, con “la narcopolítica y la corrupción organizada”, además de rezagos en salud y educación. También señaló al campo como uno de los sectores más afectados.
Ante la sustitución de Rubén Rocha Moya en la gubernatura, Clouthier cuestionó que el proceso de definición del gobierno interino se haya concentrado en una disputa interna de Morena y sostuvo que el principal interés de los grupos políticos involucrados es determinar quién puede garantizar condiciones favorables de cara al proceso electoral de 2027.
Según el empresario, la definición del gobierno interino ocurre en un contexto en el que distintas corrientes de Morena buscan asegurar una posición que les permita influir en la contienda.
Sobre la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, Clouthier señaló que su trayectoria dentro del gobierno de Rocha Moya permite identificarla con el rochismo, aunque estableció diferencias respecto de Yeraldine Bonilla, quien ocupó el interinato en los 112 días de la primera licencia del mandatario luego de las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Ella fue presidenta en el Congreso en una de las partes importantes del sexenio de de Rubén Rocha, lo cual te habla que sin lugar a dudas tiene una afinidad, pudiéramos decir que continúa el rochismo”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que Domínguez Nava tiene mayor independencia política que Bonilla. “Mientras que Graciela, queremos pensar que puede tener un mejor nivel, pero no creo que garantice las aspiraciones de quienes esperan cierta neutralidad en la contienda interna de Morena y el día de mañana en la contienda de 2027″, sostuvo.
Clouthier insistió en que la demanda de sectores de la sociedad sinaloense es que el grupo político de Rocha Moya deje de influir en la construcción del futuro político del estado.
“Yo sigo creyendo que el grito que hacen los sinaloenses es ¡fuera Rocha!, y no solo Rubén dejando el poder, sino que Rubén y su grupo dejen a los sinaloenses construir su futuro”, afirmó.
Consideró que Domínguez Nava tendrá un margen reducido para modificar las condiciones del estado durante el periodo que permanecerá al frente del gobierno. A su juicio, su principal tarea será generar condiciones para la elección de 2027, mientras que difícilmente podrá producir cambios sustanciales en seguridad, economía, educación o en la situación del campo.
“Prácticamente su chamba será generar condiciones para la elección del 2027, no tiene otra chamba”, dijo.
En materia de seguridad, consideró que el gobierno estatal enfrenta una situación especialmente compleja debido a la disputa entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Señaló que una de ellas parece estar adquiriendo mayor control territorial mientras la otra pierde posiciones.
Cuestionó que la presencia militar desplegada en el estado se haya traducido en un mayor control de las autoridades sobre el territorio. “Vemos mucha parafernalia, vemos mucha simulación, vemos mucha presencia militar, pero no se deriva en acciones que permitan un mayor control por parte de la autoridad”, sostuvo.
En este sentido, planteó que la pacificación de algunas zonas no necesariamente responde a una acción eficaz del gobierno, sino al avance de una de las organizaciones criminales sobre territorios que anteriormente estaban bajo control de la otra.
Para Clouthier, el problema no se resolverá únicamente mediante el despliegue de efectivos federales, sino con una estrategia que permita que la autoridad recupere efectivamente el control territorial.
Solicitudes de Estados Unidos
Al abordar las solicitudes de Estados Unidos relacionadas con la detención del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Clouthier consideró que eventualmente debería producirse la entrega de los señalados para ser procesados en ese país.
“Sí, yo esperaría que sí, yo creo que si no sucede eso, Estados Unidos va a quedar como payaso ante el mundo, porque lo ha pregonado tanto”, afirmó.
“Estamos hablando de que la acusación es contra un gobernador, es contra un senador, es contra un general en retiro, es contra un secretario de finanzas, es contra un fiscal, vicefiscal, o sea, no se trata del estado, estás hablando de la estructura medular del gobierno sinaloense”, sostuvo.
La amenaza de la narcopolítica
A partir de este escenario, Clouthier retomó una advertencia que, dijo, había planteado años atrás sobre el riesgo de la narcopolítica para la democracia mexicana.
A su juicio, dos décadas después ese fenómeno constituye uno de los principales problemas del país. Explicó que la narcopolítica surge a partir del financiamiento criminal de campañas electorales, lo que genera compromisos entre actores políticos y organizaciones delictivas.
“Hoy, veinte años después, es evidente que ese es el problema esencial, la corrupción organizada, se entendió con el crimen organizado, y dio origen a la narcopolítica, que nace con el financiamiento criminal a las campañas”, afirmó.
Mencionó como parte de este proceso a los gobiernos que ha tenido Sinaloa en los últimos años y sostuvo que problemas similares pueden observarse en otras entidades como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Planteó que mientras el Estado no adopte una estrategia sostenida contra las organizaciones criminales, la situación continuará deteriorándose. “No aislado, sino constante, hasta replegarlos de plano, y que podamos decir que es la autoridad la que triunfa”, dijo.
Respecto de las elecciones de 2021 en Sinaloa, en las que ganó Rocha Moya la gubernatura, Clouthier afirmó que el crimen organizado no se limitó a financiar campañas, sino que intervino directamente como operador político.
“En el 2021 vimos y fuimos testigos los sinaloenses cuando el crimen organizado ya no solo financió campañas, sino que se metió literalmente de operador político, y eso no lo habíamos visto”, sostuvo.
Describió distintos mecanismos de presión sobre candidatos y operadores políticos, desde amenazas para favorecer a determinados aspirantes hasta actos de violencia que llevaron a algunos candidatos a abandonar las contiendas.
También recordó que el día de la elección fueron secuestrados operadores políticos del PRI y mencionó el caso de la diputada Paola Gárate como uno de los episodios que alcanzaron mayor notoriedad pública.
Clouthier atribuyó el silencio de otros actores a la situación de inseguridad que, dijo, prevalece en el estado. “La gente en Sinaloa, nos guste o no, tiene mucho miedo, la gente tenemos miedo, vivimos con miedo, y con una incertidumbre espantosa”, afirmó.
Consideró que esa combinación de miedo e incertidumbre ha generado una sociedad paralizada frente a los acontecimientos políticos y de seguridad.
“Punto de no retorno”
Clouthier sostuvo que desde 2006 había advertido sobre el riesgo de que la narcopolítica y el crimen organizado llevaran a Sinaloa a un “punto de no retorno”. Explicó que, en su definición, ese momento llegaría cuando combatir a esas estructuras resultara más costoso que permitir su permanencia.
“El punto de no retorno lo dije entonces y lo he repetido en muchas ocasiones será cuando el costo de combatir al crimen organizado y la narcopolítica sea más alto que el costo de tener crimen organizado y narcopolítica”, afirmó.
Dijo no saber si Sinaloa ya alcanzó ese punto, pero señaló como indicios la presencia de zonas donde los grupos criminales ejercen control y la ausencia de una acción gubernamental que, a su juicio, permita recuperar plenamente el territorio.
“La única posición que vemos es que la autoridad si se envalentona mucho para decirle al ciudadano autoritariamente que mandan ellos, pero cuando se trata de criminales vemos que se hacen chiquitos”, afirmó.
Concluyó que el problema central es la falta de una actuación decidida de las autoridades frente a las organizaciones criminales. “Mucha presencia militar, mucha parafernalia, mucha simulación pero yo no veo a la autoridad actuando, ese es el problema de fondo”, sostuvo.