El abogado Agustín Acosta Azcón calificó como una “monstruosidad” el caso de Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas y Ricardo Almanza Cerriteño, quienes recuperaron su libertad tras permanecer 24 años en prisión sin sentencia definitiva, acusados de secuestro en Tlaxcala.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Acosta Azcón dijo que el proceso fue irregular y fueron señaladas detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y pruebas que los tribunales ordenaron excluir por haber sido obtenidas ilegalmente.
“Es un asunto jurídico descomunal”, afirmó Acosta y explicó que las irregularidades en la integración del expediente provocaron que las resoluciones judiciales fueran impugnadas durante años y que el proceso tuviera que reponerse en distintas ocasiones.
Los tres hombres fueron detenidos en agosto de 2002 en el Estado de México, aunque los secuestros que les imputaron habían ocurrido en Tlaxcala.
Ellos no tienen ninguna relación con Tlaxcala; de hecho, varios de ellos no conocían Tlaxcala.
Acosta explicó que policías de Tlaxcala acudieron a sus domicilios con documentos para que algunas personas comparecieran como testigos, pero terminaron llevándoselas detenidas.
Recordó el caso de Alejandro Hernández Mora, a quien buscaban mediante uno de esos oficios y que, según relató, era un niño de 10 años y en su lugar, los agentes se llevaron a su hermano.
“Les aclaran (a los policías), ‘oigan, vienen por Alejandro, pero Alejandro es un niño, es un niño de 10 años’”, narró el abogado, quien cuestionó que los agentes procedieran sin una investigación suficiente sobre las personas que buscaban.
Según Acosta, durante el traslado de los detenidos se cometieron violaciones al debido proceso, entre ellas la demora injustificada para ponerlos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.
También denunció que fueron torturados para obtener grabaciones de sus voces utilizadas en la investigación.
La acusación estaba muy mal hecha, la investigación era muy deficiente.
Asimismo, Acosta dijo que se impugnaron las actuaciones y promovió amparos para denunciar las irregularidades que los tribunales federales ordenaron excluir pruebas que consideraron obtenidas ilegalmente, entre ellas declaraciones de las víctimas de secuestro, testimonios de un familiar y un dictamen pericial de identificación de voces.
Mencionó que la exclusión de esas pruebas fue determinante para revisar la situación jurídica de los acusados, pues formaban parte de los elementos utilizados para sostener las imputaciones.
El abogado recordó que en 2017 se emitió una resolución relacionada con el llamado efecto corruptor del proceso, impulsada durante la intervención del entonces ministro Arturo Zaldívar.
Sin embargo, el caso continuó durante años sin una resolución definitiva que les permitiera recuperar su libertad.
En el transcurso del proceso, los acusados también fueron absueltos del delito de delincuencia organizada, pero la causa por secuestro siguió abierta y el expediente pasó a la justicia de Tlaxcala.
Finalmente, el 21 de octubre de 2026, el juez Alfredo Pérez Águila ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, en cumplimiento de un amparo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala.
La resolución estableció que no existían elementos suficientes para corroborar su probable responsabilidad en los secuestros, expuso el abogado.
Mientras tanto, Acosta destacó que la lucha de los familiares fue fundamental para mantener vivo el caso durante más de dos décadas, junto con el acompañamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“Es un homenaje a las familias de ellos; sus familias, la solidaridad, mucho me temo que ellos seguirían en la cárcel”, dijo y reconoció a las familias que afirmó nunca dejaron de exigir la inocencia y la libertad de sus seres queridos.
El abogado explicó que se incorporó a la defensa cuando los acusados llevaban años presos y que tuvo que estudiar un expediente complejo para preparar nuevos recursos legales; también recordó la intervención de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Señaló que en 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que las detenciones eran arbitrarias y recomendó concederles la libertad inmediata.
Finalmente, Acosta Azcón refirió que actualmente, un policía enfrenta una causa penal por presuntas torturas, aunque varios fueron señalados por su involucramiento en las detenciones.
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