La experta en temas energéticos afirmó que los contratos que se pretenden renegociar tienen claúsulas que protegen a las empresas contra hechos imprevistos.
En la negociación que realizan la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas del sector energético, sobre los contratos para la construcción de gasoductos, es muy probable que lleguen a un acuerdo, ya que en caso de irse a un litigio, el gobierno de México perdería.
En entrevista para Aristegui En Vivo, la experta en temas energéticos, Miriam Grunstein, comentó que los contratos que se pretenden renegociar tienen claúsulas que protegen a las empresas contra hechos imprevistos que sobrepasen sus capacidades.
Explicó que en casos como los de Guaymas – El Oro, Atco y Carso, la resistencia social postergó mucho las obras.
“Como estas situaciones de alguna manera se prevén y el Estado que es el anfitrión y necesita estos proyectos tiene que garantizar su rentabilidad y ofrece cláusulas de caso fortuito y fuerza mayor.
“Entonces, en caso de que no se pueda terminar la construcción de las obras el Estado tiene que pagar la cantidad mínima… Este cargo se acumuló y ya debemos los mexicanos miles de millones de dólares, lo cual sí es una muy mala noticia”, abundó.
Grunstein dijo que el Estado, al ser anfitrión debe garantizar la rentabilidad, por lo que ofrece cláusulas de caso fortuito y causa mayor. En el supuesto en que no se termine la construcción, el Estado debe pagar la cantidad mínima, en #AristeguiEnVivo? https://t.co/nQUeL85M5T pic.twitter.com/KkKPYV2yA0
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) 4 de julio de 2019
Desde su punto de vista, lo que conviene es que la CFE se ponga de acuerdo con las empresas prestadoras de transporte de gas natural.
La experta refirió que la empresa canadiense Atco obtuvo su licitación con CFE después de la Reforma Energética, pero no se informaron sobre si la Secretaría de Energía había hecho una consulta libre e informada en las comunidades indígenas de la zona, como lo establecen los tratados internacionales.
En respuesta, las comunidades se ampararon “contra los actos constitutivos de derechos de la empresa”, y posteriormente un presidente municipal se compromete a garantizar el acceso a los terrenos por donde pasaría el gasoducto a cambio de una cantidad de dinero.
“Atco se resiste y de ahí hay bloqueos, extorsiones. Realmente un infierno para la empresa y un infierno para las autoridades”, señaló.
Además, explicó que, paralelo al gasoducto, otro problema en la zona es el robo de combustible.
Grunstein indicó que la CFE debe considerar qué le conviene más: si hacer un acuerdo con las empresas o meterse en un pleito, “que seguramente va a perder”.
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“Yo creo sinceramente que van a llegar a un acuerdo porque los costos serían demasiado altos tanto para las empresas como para el gobierno si se rompe la negociación”, dijo.
Al recordar que México le debe 900 millones de dólares a IEnova y TransCanada por el ducto marino, indicó que las empresas tendrán que ponderar cuánto dinero pueden condonar al gobierno respetando la rentabilidad de su proyecto.
La experta previó que en caso de irse a arbitraje, la CFE tendría muy pocas posibilidades de tener éxito.
A continuación la entrevista completa: