Árbitro del complejo equilibrio de fuerzas demográficas que rige en la orilla oriental del río Jordán, el rey Abdalá II consiguió frenar las protestas populares en 2012, en la estela de las revueltas de Túnez y Egipto, con la promesa de reformas políticas que cayeron más tarde en el olvido. El monarca volvió a contener el malestar social hace un año mediante la destitución fulminante de un primer ministro que se limitaba a aplicar el ajuste fiscal que exigía el Fondo Monetario Internacional para salvar al país de la bancarrota. “El pasado diciembre”, recuerda Al Rantawi, director del Centro de Estudios Políticos Al Quds, “la policía tomó las calles para bloquear otra oleada de manifestaciones antes de que pudiera emerger, pero los problemas políticos y económicos siguen sin resolverse en Jordania”.
Después de arrastrar los pies durante semanas pese a las presiones de Riad y de Washington, el Gobierno de Abdalá envió a un desconocido subsecretario al seminario económico sobre el “acuerdo del siglo” entre israelíes y palestinos apadrinado por la Casa Blanca a finales de junio en Baréin. Fue la vía elegida por Amán para dar espalda a la iniciativa estadounidense.
El Gabinete del monarca hachemí dio el pasado martes un nuevo giro diplomático para marcar distancias al reanudar las relaciones plenas con Qatar. Amán retiró a su embajador en Doha hace dos años cuando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto rompieron sus lazos con Qatar y le sometieron a aislamiento económico.
Mientras Riad ha recortado en el último año su apoyo financiero a Jordania como medida de presión para que se sume al plan de paz de Trump, el Gobierno catarí ha ofrecido ayudas por un monto de 500 millones de dólares (445 millones de euros), así como empleos para 10.000 trabajadores jordanos. Al igual que Turquía, su gran aliado regional, Qatar cuestiona la hoja de ruta diseñada por Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente de Estados Unidos, por no incorporar la solución de los dos Estados, mayoritariamente avalada por la comunidad internacional.
Con una tasa de desempleo que se acerca al 20%, la economía jordana se ha debilitado después de tres lustros de guerras en Irak y Siria, que han dinamitado su papel como núcleo de intercambios económicos y eje de servicios financieros en Oriente Próximo. Su creciente vulnerabilidad le obliga a buscar nuevos equilibrios regionales en un ejercicio de funambulismo diplomático.
“El ‘acuerdo del siglo’ de la Casa Blanca supone una amenaza existencial para Jordania”, advierte Al Rantawi en su oficina de Amán, antes de describir el barril de pólvora demográfico sobre el que se asienta la estabilidad del reino. De los 10,5 millones de habitantes del país, solo 7,5 tienen nacionalidad jordana, si bien se dividen casi al 50% entre los beduinos o transjordanos, élite que controla las fuerzas de seguridad y el poder político, y los de origen palestino, que dominan en parte el mundo de los negocios.
Entre los tres millones de residentes sin pasaporte, más de la mitad son exiliados sirios y yemeníes, o inmigrantes egipcios. El resto son refugiados palestinos sin nacionalidad jordana. “Conceder el pasaporte y el derecho de voto a más de un millón de palestinos, como propugna el plan Trump al negarles el derecho de retorno, haría saltar por los aires los contrapesos de la estabilidad de Jordania”, concluye el director del Centro Al Quds, cuyos artículos sobre el seminario de Baréin fueron censurados por las autoridades de Amán.
Con un 25% de los votos, el Frente de Acción Islámica, rama jordana de los Hermanos Musulmanes, solo obtuvo 14 de los 130 escaños de la Cámara baja en las elecciones de 2016, las primeras a las que se presentó la hermandad después de haber boicoteado los comicios durante un decenio. “La ley electoral no sirve; el sistema no es representativo”, lamenta Musa al Wahsh, jefe del grupo parlamentario islamista. Tres cuartas partes de la Asamblea y la totalidad del Senado están en manos de diputados independientes, procedentes de grupos tribales y sectores económicos que sostienen a la monarquía. “Necesitamos un Gobierno elegido por el voto del pueblo y no por la decisión de otros”, apostilla Al Wahsh en alusión a los poderes preponderantes que la Constitución aún otorga al rey.
La sociedad civil se moviliza para ocupar el vacío político
La parálisis de las reformas políticas y económicas urgentes, que no encuentran en Jordania una vía de expresión en los partidos y el Parlamento, está siendo contrarrestada por la sociedad civil al ocupar el vacío que dejan las instituciones. La asociación que agrupa a los 15 principales colegios profesionales del país encabeza las protestas sociales desde junio del año pasado. “No se han cumplido las promesas que nos hicieron poner fin a las huelgas y manifestaciones”, asegura Rami al Shawawrah, coordinador de la asociación y vicedecano del Colegio de Abogados.
“Las decisiones no deben estar solo en manos del rey, sino de un Gobierno elegido en las urnas”, resume el lema de un movimiento secundado por profesionales agobiados por la crisis económica y por los jóvenes, que sufren una tasa de paro del 36%. Los Hermanos Musulmanes han respaldado las movilizaciones sociales, aunque sin intervenir en su organización ni cuestionar el papel integrador del monarca jordano.
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