Donald Trump confirmó este martes a primera hora del fracaso de las negociaciones con Guatemala para que se convirtiera en “tercer país seguro”. El acuerdo que pretendía lograr el republicano hubiese supuesto que todos los migrantes que lleguen a Estados Unidos en busca de asilo, pudieran ser automáticamente derivados a Guatemala para esperar ahí la respuesta a su solicitud. “Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE UU, algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario acuerdo de tercer [país] seguro”, alegó el mandatario en Twitter.
Como represalia, Trump ha amenazado al Gobierno de Jimmy Morales con aplicarles “vetos, aranceles o impuestos a las remesas” o “todas juntas” y aprovechó para recordar que “nueve meses atrás” —en realidad fue hace cinco— ordenó el fin de las ayudas económicas, que suponían una “GRAN” carga a los contribuyentes. El mandatario se refería a la orden de eliminar los programas de asistencia al denominado Triángulo Norte centroamericano (formado, además de Guatemala, por Honduras y El Salvador), quienes precisamente lideran la llegada de grupos familiares a la frontera de EE UU con México.
El presidente Jimmy Morales responsabilizó a la Corte de Constitucionalidad por haber impedido que su Gobierno declarara a Guatemala como un “tercer país seguro”. “Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, sin las facultades para entrometerse en política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales”, expresa Morales en un comunicado publicado en redes sociales.
Morales acusa a los magistrados del Constitucional de “tomar decisiones que ponen en peligro la excelente relación bilateral con nuestro principal socio económico (EE.UU.)”, pero obvia que, por mandato constitucional, un convenio binacional debe ser sometido y aprobado previamente por el Congreso y que, en ningún momento, el Constitucional impidió tal acuerdo. Únicamente recordó a Morales que debe someterse a lo establecido en la legislación
La decisión unilateral de Morales con respecto a convertir a Guatemala en un “tercer país seguro”, siendo uno de los países con mayores índices de violencia y de impunidad en el mundo, le ha costado críticas al mandatario, entre ellas de antiguos ministros de Exteriores, del Procurador de los Derechos Humanos y hasta de Sandra Torres, la candidata a la presidencia con altas posibilidades de triunfar en las votaciones del 11 de agosto. “Basta de negociar a espaldas del pueblo y en secreto. No comprometa más el futuro de los guatemaltecos”, declaró.
En una comunicación telefónica con EL PAÍS, el ex candidato presidencial Manfredo Marroquín calificó las declaraciones de Jimmy Morales como una muestra del cinismo con que ha conducido al país. “Es una muestra de la política del cinismo de su Gobierno, marcado por la ineptitud. Durante la gestión de Morales se ha duplicado la cantidad de migrantes hacia Estados Unidos y ahora pretende entregar el territorio guatemalteco para garantizarse la impunidad al fin de su mandato”, subrayó.
La amenaza de la Casa Blanca llega una semana después de que pusiera en marcha una orden que obliga a los migrantes haber solicitado asilo en otro país antes de llegar a EE UU. Esto afectará a los centroamericanos que llegan a la frontera a través de México: muchos de ellos no tendrán la opción de pedir la protección en la primera potencia mundial.
El republicano también ha estado barajando la opción de hacer que su vecino del sur se convierta en un “tercer país seguro” -hasta ahora solo existe un acuerdo de este tipo entre EE UU y Canadá-. Después de la amenaza arancelaria, México se comprometió a tomar medidas para frenar el flujo migratorio en su territorio y así impedir que lleguen a la frontera norte. Las autoridades mexicanas dieron a conocer este lunes que el flujo se había reducido en un 36,2% en el último mes y medio. Con los avances como respaldo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, volvió a descartar un acuerdo de tercer país seguro: “No estamos de acuerdo y no es parte de la agenda”.
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