Entre 2014 y 2018 casi nueve millones de facturas falsas fueron expedidas, denunció la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat. Autoridades de todos los niveles dejaron que sucediera, y generaron incentivos para violar la ley.
Durante los últimos cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto la falsificación de facturas aumentó 21 veces, hasta llegar a casi nueve millones de facturas falsas expedidas, denunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la funcionaria explicó que para que se llegara a este nivel tan crítico tenía que tener “la anuencia de muchos poderes”, incluyendo las altas esferas del Gobierno Federal, pero también una aceptación amplia de la sociedad en su conjunto.
“Es un contexto de evasión y de un incumplimiento a la ley monumental, una falta de solidaridad social tremenda, donde cada quien maximiza sus beneficios y nos hacemos unas ideas para justificarlo”.
Para generar un ambiente de evasión fiscal tan amplio implicó que “todos tenían conocimiento”, expuso la funcionaria federal.
“Había un dejar pasar, dejar hacer, y este tipo de cosas generalmente no las dejas hacer si no tienes un beneficio”.
Durante la entrevista reconoció que los montos de facturas falsificadas y de evasores de impuestos hechos públicos hasta este momento es solo una parte de un universo más amplio, ya que para que se publique es necesario seguir un proceso administrativo.
“Hay un universo afuera que no hemos podido publicar”, sostuvo Ríos-Farjat.
Las indagatorias realizadas al interior del Servicio de Administración Tributaria identificaron una relación fuerte entre el incremento en la falsificación de facturas y el uso de la Compensación Universal, un esquema mediante el cual los contribuyentes que contaban con un saldo a favor por el pago de impuestos, por ejemplo el IVA, y los compensaba para saldar el pago de otros impuestos que presentaban adeudos.
El problema es que los contribuyentes solicitaban las compensaciones de forma automática sin que Hacienda pudiera fiscalizar dichas transacciones.
“Eso era un atractivo para el que deseara hacer trampa y para que el crimen organizado lavara dinero”.
Esta práctica fomentaba tanto la evasión fiscal como el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada, expuso la titular del SAT, quien detectó que los llamados “factureros” conocían tan bien el modo de operación de Hacienda, y sabían cuánto tiempo tardaría el SAT en identificar sus irregularidades, que operaban dentro de este marco de tiempo.
Ríos-Farjat dijo que no ve “con malos ojos”, las iniciativas que buscan aumentar las penalidades para los que presentan facturas falsas, pero sí dijo estar en desacuerdo con el término “terrorismo fiscal”, utilizado por legisladores de oposición para describir estas acciones.
“No es terrorismo, es cumplimiento a la ley”, sostuvo, y explicó que lo sería si no hubiera mecanismos de defensa, si no hubiera procedimientos administrativos para orientar a la gente, y si no se fueran a implementar campañas informativas como piensan hacerlo.