Purdue Pharma se declara en bancarrota para agilizar las demandas por los opiáceos

Purdue Pharma se convirtió en los últimos años en el emblema de la epidemia de la adicción a los analgésicos. La semana pasada se anunció un acuerdo parcial con 24 fiscales. Ese pacto, sin embargo, está sujeto a la aprobación de un tribunal para que tenga validez. Si así fuera, se resolverían de manera permanente todas las demandas contra Purdue por parte de las autoridades estatales y locales que buscan recuperar los costes provocados por la epidemia de opiáceos.
La compañía, que llegó a tener ingresos multimillonarios, ahora se derrumba por el peso de las miles de demandas. Los Sackler acuerdan transferir la totalidad de sus activos en la compañía a una entidad que se crea para “beneficiar a los demandantes y al pueblo estadounidense”. El montante de la compensación ronda los 10.000 millones de dólares, que se destinará a la lucha contra la crisis. A esta cantidad se suman 3.000 millones de la fortuna familiar y 1.500 millones de la venta de su negocio farmacéutico fuera de EE UU.
El laboratorio de Stamford (Connecticut) está acusado de haber comercializado de forma agresiva el OxyContin sin informar a los pacientes del efecto adictivo del analgésico, que es mucho más potente que el tratamiento contra el dolor que venden sus rivales. Esa dependencia llevó a los consumidores a acudir a otras drogas, como la heroína y el fentanilo. La derivada más trágica de esta espiral son las muertes por sobredosis.
La legislación estadounidense de bancarrota permite en su Capítulo 11 a una compañía declararse en suspensión de pagos para proteger sus activos. El consejo de administración aceptó dar este paso este domingo y crear una nueva empresa que, entre otras cosas, se encargará de distribuir gratuitamente medicamentos para tratar la sobredosis por los opiáceos, así como tratamiento para combatir la adicción.
Steve Miller, presidente de Purdue Pharma, asegura que la compañía está lista para pasar página y en la nota de prensa anunciando la suspensión de pagos y que el acuerdo permitirá desbloquear “los recursos esenciales para los colectivos afectados” por todo el país por la crisis de los opiáceos. El ejecutivo añade, además, que esta solución permitirá evitar un litigio que iba a ser muy prolongado y costoso.
Pero el caso no está aún resulto. Los Sackler tienen una fortuna estima en 13.000 millones, según Forbes. Es una de las familias más ricas de los EE UU. La oficina de la fiscal neoyorquina Letitia James sigue adelante con la batalla y acusa a los dueños de haber transferido 1.000 millones de su patrimonio a Suiza. Además, junto a Connecticut y Massachusetts, quieren una garantía de 4.500 millones.
Miller admite que necesita sumar más estados para poder aplicar el pacto. “La mejor repuesta es poner todo el valor de la compañía sobre la mesa y usar todos los recursos a ayudar a las comunidades que sufren la crisis en lugar de en la batalla contra todas las demandas”, insiste, al tiempo que deja claro que la nueva entidad no busca beneficio alguno con la distribución de tratamientos de rescate.
Se calcula que la epidemia de opiáceos en EE UU se lleva por delante 130 vidas al día. El pacto evita, sin embargo, que la compañía admita su responsabilidad en la crisis pese a que los fiscales le señalan como la principal responsable. Purdue Pharma no cotiza en Wall Street, por lo que no está obligada a publicar sus resultados. Ya advirtió, sin embargo, que la cascada de demandas ponía en riesgo su negocio.
Insys Therapeutics, otra compañía que comercializa este tipo de drogas, se declaró en suspensión de pagos en junio pasado incapaz de soportar los costes legales de las demandas contra las farmacéuticas. Mallinckrodt, por su parte, logró evitar la bancarrota tras llegar a un pacto con los demandantes a comienzos de mes. Purdue Pharma acordó en marzo pagar 270 millones para zanjar la demanda del fiscal de Oklahoma.