Taxis circulando por el centro de Nueva York. En vídeo, declaraciones de varios taxistas sobre su precariedad. Foto: Getty | Vídeo: Reuters
Mohammad Mahbu quiere de vuelta la vida que tenía en Bangladesh. El taxista se abre paso con agilidad entre el tráfico que congestiona las avenidas de Nueva York. Lo hace con la experiencia de llevar dos décadas al volante. Pero su sueño quedó atrapado hace cinco años en un atasco al que no ve salida. Debe 650.000 dólares por un medallion, el permiso que le da derecho a operar un taxi amarillo. Cada vez son más los que como él cuentan el lastre que soportan.
Se estima que en Nueva York hay unos 6.000 taxistas independientes como Mahbu con un medallion. La deuda media es de medio millón de dólares. Unos 950 ya se han declarado en bancarrota. Estos permisos llegaron a considerarse una inversión más rentable que un piso en Manhattan. “Era un funcionario con un gran sueño”, recuerda durante una protesta en la escalinata del Ayuntamiento al recordar su vida en Bangladesh. “Ahora soy un mendigo”.
Trabaja todas las horas que puede para mantenerse a flote, como Hakan Humusoglu o Vinod Malhotra. Comentan que es muy difícil llegar a final de mes teniendo que pagar las letras de los préstamos. La ansiedad es patente cuando hablan de su futuro financiero. “Todo lo que pasa por sus taquímetros”, señala Bhairavi Desai, del sindicato New York Taxi Workers Alliance, “va directo a pagar deudas, al coche y al seguro”.
En el epicentro de la crisis están las prácticas predatorias seguidas por las entidades que les facilitaron los créditos y los intermediarios. The New York Times publicó en mayo una investigación en la que reveló cómo la ciudad y los reguladores fueron cómplices al permitir que se inflara el valor de los medallions en las subastas. Por uno de estos permisos se llegó a pagar casi un millón en 2014.
Eso fue antes de que servicios alternativos como Uber cambiaran las reglas de juego e inundaran las calles con sus coches negros. La ciudad aprobó estos permisos y se benefició con su venta. Mahbu podría haber sacado a subasta el suyo, pero no le resolvería ni una tercera parte del problema. Con suerte lograría transferirlo por 175.000 dólares. Es el precio que se pagaba hace 15 años.
Suicidios
Muchos de estos taxistas viven en Queens y el Bronx, barrios que representa la progresista Alexandria Ocasio-Cortez. Durante una audiencia en el Congreso cargó contra las prácticas predatorias que llevaron a miles de taxistas a la ruina. “Es gente corriente”, señaló, “la mayoría inmigrantes que tratan de empezar una vida”. Calificó la conducta de los prestamistas de criminal y defendió rescatar a los afectados. “Los reguladores lo sabían”, afirma, “la ciudad lo sabía”.
Nicolae Hent, otro taxista, espera que esta crisis fuerce a la ciudad a “resolver el problema que han creado”. Debe 120.000 dólares. Aunque no se le ve tan desesperado como a otros de sus colegas, conocía bien a Nicanor Ochisor, uno de los taxistas que se suicidó. Cuentan que todo les iba bien hasta la irrupción de Uber. A partir de ese momento, dice Mouhamadou Aliyu, el negocio “se hizo más difícil cada día”.
Fue la muerte de Douglas Schifter la que empezó a poner en evidencia las dificultades emocionales y financieras de los profesionales del taxi. Sucedió en febrero de 2018. Se quitó la vida a las puertas del Ayuntamiento. En una nota en las redes sociales explicaba que las calles de Nueva York están plagadas de conductores “desesperados por dar de comer a sus familias” y acusó a Uber de forzarles a operar bajo costes. “No seré un esclavo que trabaja por calderilla”.
“Están pavimentando las calles con su sangre, su sudor y sus lágrimas”, insiste Desai. La Taxi and Limousine Commission, la agencia que regula el negocio, niega cualquier culpa. “Los principales responsables son los bancos y las cooperativas de crédito”, insisten. Pero la agencia no hizo nada para prevenir la burbuja especulativa. Entre 2002 y 2013, con Michael Bloomberg de alcalde, se subastaron 1.260 permisos. El precio máximo pagado fue de 524.000 dólares.
Fuego cruzado
Con Bill de Blasio se ofrecieron 200 permisos en 2014. El más alto se pagó a 965.000 dólares. La presión es cada vez mayor para el regidor demócrata. Acaba de presentar una serie de recomendaciones para empezar a poner coto a los abusos en la industria y aliviar la situación financiera de los afectados. Pero se quedó corto. El concejal Mark Levine lidera ahora una iniciativa legislativa para salir al rescate de los afectados por estos abusos.
La idea es que la ciudad adquiera los préstamos con un descuento para poder refinanciarlos en mejores condiciones, “tenemos una deuda moral con estos conductores que han sufrido las consecuencias de una crisis que hemos ayudado a crear”. El alcalde rechaza la idea del rescate y calcula que una intervención financiera directa costará 13.000 millones a la ciudad.
De Blasio canceló las ventas de medallions con la irrupción de Uber. No se realizó ni una sola subasta desde que empezó el desplome de precios en 2015. “Hemos intentado muchas cosas para ayudar a los taxistas”, asegura, citando el límite que se impuso el año pasado a los coches que pueden operar bajo las nuevas plataformas y el salario mínimo garantizado para los conductores.
“Hay que ser realistas”, insiste De Blasio, “no tenemos ese dinero”. La New York Taxi Workers Alliance califica la cifra del rescate de exagerada y la rebaja a entre 1.800 y 2.700 millones. “No tiene perdón decir que es imposible”, discrepa Levine, señalando a todo lo que se hizo durante la crisis financiera, cuando se tiró el flotador a los grandes bancos. “Los conductores tienen el derecho a vivir con dignidad y a un futuro sin pobreza”, concluye Desai,
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