La iniciativa de reforma que busca aumentar los pagos en salarios caídos en juicios laborales no cuenta con el aval de la STPS, denunció el presidente de Coparmex. Su promotor, Napoleón Gómez Urrutia, detalla su propuesta.
El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, acusó que la iniciativa de reforma que busca aumentar los pagos en materia de salarios caídos en juicios laborales no cuenta con el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta iniciativa, aprobada en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado de la República, busca aumentar el tope al pago de salarios vencidos de 12 a 24 meses que, en caso de juicio, los patrones deben cubrir a los trabajadores que están demandando. También incluye aumentar la tasa de interés de 2.0 a 4.0 por ciento.
En entrevista para Aristegui en Vivo, el líder patronal consideró que el dictamen aprobado en comisiones en el Senado “va en sentido contracíclico del espíritu de la reforma del 1 de mayo”, promulgada por el presidente López Obrador, que -entre otros aspectos- busca ampliar los mecanismos de conciliación entre patrones y trabajadores ante disputas laborales, para disuadir los litigios.
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La iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, “nos llevará a un escenario desafortunado, en el cual habrá incentivos para prolongar los litigios”, sostuvo De Hoyos, y enfatizó que la reforma del 1 de mayo “se procesó con un diálogo a fondo entre los distintos sectores y el gobierno”.
El titular de la Coparmex expuso que antes no existía un límite en el periodo para acumular salarios caídos durante la resolución de un conflicto laboral, pero con la reforma de 2012 se impuso un tope de un año, para evitar pérdidas económicas que pusieran en riesgo la viabilidad financiera de las empresas.
“Lo que ocasionó, más allá de que hubo casos en los que tenían razón los trabajadores o los patrones, es una práctica nociva de prolongar de manera indefinida los litigios laborales, y ganando, finalmente, coyotes y algunos abogados, o, en casos muy particulares, algunos trabajadores que lo hacía de forma deliberada”.
De Hoyos afirmó que esto generó “una tendencia a hacer litigiosa la resolución de conflictos laborales, pero, además, prolongarlos en el tiempo, una situación en la que perdían todos. “Perdía la empresa, perdía el trabajador que no tenía su liquidación oportunamente, y se saturaron las juntas de conciliación y arbitraje con muchos miles de asuntos”.
Estamos restituyendo la justicia laboral: Gómez Urrutia
El promotor de la iniciativa, el senador Napoleón Gómez Urrutia, rechazó las afirmaciones del presidente nacional de la Coparmex, las cuales catalogó como una “manipulación de la información que están haciendo a favor de sus intereses”, y aseguró que la reforma que propone “no tiene nada de regresiva, está tomada con base a la nueva justicia laboral que debe prevalecer en el país”.
“Muchos de estos empresarios no han querido cambiar ni ceder ninguno de sus privilegios que acumularon durante tantos años, y por los cuales existe una gran desigualdad e inequidad en contra de los trabajadores”.
Gómez Urrutia afirmó que la agrupación patronal sí consensó con la Secretaría de Trabajo la iniciativa de aumentar el periodo para el pago de salarios y lo que sucedió es que “la Secretaría de Trabajo utilizó los argumentos de la Coparmex”.
“Yo lo consulté con diferentes dirigentes sindicales, y con senadores y senadoras de los diferentes partidos políticos este acto de justicia”, expuso.
El senador recordó que la reforma laboral que redujo a un año el periodo máximo para el pago de los salarios caídos fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, un día antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón.
Expuso que su propuesta de reforma inicial que presentó dejaba abierto el tiempo para acumular salarios caídos, lo que consideró como “justo, porque la mayoría son despidos arbitrarios que hacen las empresas porque no les gustan los trabajadores, o porque se quieren afiliar a una organización que no les conviene por sus intereses particulares”.