WASHINGTON – La Casa Blanca empezó el lunes a jugar sus mejores cartas contra la investigación para someter a un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, al impedir el testimonio de cuatro de sus funcionarios ante los comités de la Cámara Baja que indagan en el caso de Ucrania.
El desafío de la Casa Blanca se interpretó en Washington como el inicio de una probable racha de sequía de nuevos testimonios de cargos oficiales, y como una señal de que los investigadores de la Cámara de Representantes podrían haber tocado techo en su búsqueda de información para abrir un juicio político al mandatario.
La oposición demócrata, que controla la Cámara Baja, criticó a la Casa Blanca por obstruir la comparecencia de los testigos y tachó la maniobra de “obstrucción” del trabajo del Congreso.
Pero los demócratas no dieron señales de nerviosismo, porque muchos en el partido creen que ya tienen pruebas más que suficientes para abrir un juicio político contra Trump por haber presionado a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente y aspirante presidencial Joe Biden.
“Estos testigos son significativos, y la Casa Blanca entiende que son significativos. Podemos deducir de la obstrucción de la Casa Blanca que su testimonio podría ser aún más incriminatorio para el presidente”, dijo el presidente del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, en declaraciones a la prensa.
El propio Trump dio órdenes de que no compareciera por lo menos uno de los cuatro funcionarios que habían sido convocados mediante citación judicial, John Eisenberg, según reveló el abogado de éste, William Burck, en un comunicado.
Eisenberg es uno de los principales abogados del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, y los investigadores estaban interesados en interrogarlo porque supuestamente recibió varias quejas de funcionarios tras la llamada que Trump mantuvo en julio con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Ante esas inquietudes, Eisenberg propuso trasladar la transcripción de la llamada a un servidor clasificado y restringir el acceso a la misma, según el diario The Washington Post.
Los otros funcionarios que se negaron a comparecer son un abogado de la Casa Blanca, Michael Ellis; y dos asesores de Trump de menor rango, Brian McCormack y Robert Blair.
La situación pareció ser el preludio de una nueva dinámica en la investigación: esta semana hay otros siete funcionarios o exfuncionarios convocados a testificar ante los comités de la Cámara Baja – incluido el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton – y hasta ahora ninguno de ellos ha confirmado su asistencia.
Además, hay baches legales como el planteado por el que fuera “número dos” de Bolton, Charles Kupperman, que ha acudido a los tribunales para que decidan si debe o no comparecer, en un caso judicial que no empezará a tramitarse hasta el 10 de diciembre.
Schiff aseguró el lunes que los demócratas no piensan “retrasar su trabajo” por las trabas legales y políticas, y el partido ha dado señales de querer concluir la investigación en la Cámara Baja antes de la Navidad, para que el juicio político en el Senado interfiera lo menos posible con las elecciones primarias de 2020.
Mientras, los comités encargados de la pesquisa publicaron las dos primeras transcripciones de las audiencias que mantuvieron a puerta cerrada en octubre: la de Marie Yovanovitch, que hasta el pasado mayo fue la embajadora de EEUU en Ucrania; y la de Michael McKinley, un diplomático que renunció a su cargo hace tres semanas.
McKinley era asesor del secretario de Estado, Mike Pompeo, y su testimonio confirma que dimitió por considerar que algunas funciones clave de la política exterior estadounidense habían caído en las manos de funcionarios decididos a usarlas para mejorar las perspectivas electorales de Trump, como su abogado Rudy Giuliani.
“Me perturbó la idea de que estuviéramos contactando a Gobiernos extranjeros para conseguir información negativa de rivales políticos”, afirmó McKinley a los investigadores.
El funcionario afirmó que su renuncia se debió en parte a que Pompeo decidió no defender a Yovanovitch cuando el entorno de Trump presionó para expulsarla de su cargo de embajadora en mayo.
Yovanovitch, por su parte, reveló en su testimonio que el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, le aconsejó que “tuiteara que apoyaba al presidente” Trump si quería mantenerse en su puesto.
La exembajadora también dijo que se sintió “amenazada” por Trump cuando se enteró de que éste aseguró en su llamada con Zelenski que iban a “pasarle algunas cosas” a ella, y que cuando la despidieron, el Departamento de Estado le aconsejó tomar el primer avión disponible desde Kiev “porque estaban preocupados” por su seguridad.
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