“En el balance de la gestión de la 4T en temas socioambientales abundan más las sombras que las luces”, escribe Leticia Merino.
Por Leticia Merino*
Hace dos años, un grupo de 47 académicos y miembros de diversas organizaciones civiles presentamos a los equipos de los candidatos presidenciales la “Agenda Ambiental 2018”, un diagnóstico sobre los problemas ambientales más acuciantes del país y una serie de propuestas para afrontarlos (www.susmai.unam.mx). Los problemas ambientales afectan gravemente la salud pública y los modos de vida de millones de mexicanos en ciudades y zonas rurales, por lo que enfrentarlos y revertirlos exige importantes cambios económicos y enfrenta grandes resistencias políticas.
Destacábamos la sobrexplotación, sobreconcesionamiento y contaminación de la mayoría de las cuencas hidrológicas; el agotamiento de los suelos y el uso indiscriminado de agrotóxicos por parte de la agroindustria y el control del sistema agroalimentario mexicano por unas cuantas corporaciones -tema este último que ha tenido consecuencias fatales en el contexto de la pandemia por Covid-19. También documentamos el avance de la deforestación y el descuido gubernamental del manejo forestal comunitario, estrategia en la que México ha sido pionero y cuyas aportaciones a la sustentabilidad han sido ampliamente reconocidas… fuera de México. Nos referimos al limitado progreso del país en la transición hacia una matriz energética con menor huella de carbono y el avance desmedido de las concesiones mineras, favorecidas por el marco legal más permisivo de América Latina.
Pensábamos que la voluntad de cambio que expresaba la coalición “Juntos haremos historia” representaba una importante ventana de oportunidad para el avance de México hacia la sustentabilidad. Así, en este momento es pertinente cuestionar: ¿Cómo han evolucionado estos problemas y la capacidad institucional para atenderlos luego de tres titulares al frente de la SEMARNAT y a dos años de la 4T?
En el tema de la gestión del agua se presentan señales alentadoras. El acaparamiento del agua de los acuíferos, su privatización, contaminación y la escasísima capacidad de tratamiento han sido por años objeto de denuncia de un importante movimiento popular por la defensa del derecho humano al agua. Este movimiento, aglutinado en la Coordinadora nacional Agua para tod@s, Agua para la vida, presentó en marzo una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas respaldada por las firmas de 130 mil mexicanos y mexicanas e impulsó un importante trabajo legislativo que llevó a construir importantes consensos con otras iniciativas sobre el tema. El propio presidente reconoció la corrupción imperante en la Conagua y designó nuevos responsables en cuatro de sus subdirecciones y respetó los resultados de la consulta popular que rechazó el proyecto de construcción de una cervecera de la empresa “Constellation Brands”, que afectaría gravemente el acceso al agua de la población de Mexicali. No obstante, la pugna por el control de Conagua se mantiene y el presidente de la propia Comisión de Recursos Hídricos del Congreso, Feliciano Flores, desconociendo sus compromisos con la construcción de consensos en torno a una nueva ley social y ambientalmente sostenible, presentó, junto con el panista Mario Mata, una nueva iniciativa que busca mantener el estatus quo de acceso privilegiado al recurso para los grandes concesionarios.
Por otra parte, tanto para el presidente, como para la secretaria María Luisa Albores, actual titular de la Semarnat, el programa “Sembrando Vida” representa la apuesta ambiental más importante de la administración actual. Este programa otorga un subsidio de $5000 mensuales a productores particulares que destinen sus tierras a la siembra de árboles frutales y maderables; se trata sin duda un importante apoyo para la economía familiar de quienes disponen de tierras y puede contribuir a restaurar algunas de las áreas degradadas que abundan en el trópico mexicano. No obstante, “Sembrando Vida”, que cuenta con recursos mucho mayores que los de la Comisión Nacional Forestal, la Dirección General Forestal y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, no es una política ambiental ni sustituye las acciones de estas instituciones, encargadas de promover el manejo, la protección contra plagas e incendios y la restauración forestales; de autorizar los aprovechamientos forestales y los cambios de uso del suelo y de perseguir los delitos ambientales en fuerte ascenso durante la pandemia. Estas instituciones sin financiamiento ni apoyo político están hoy a la deriva y sus funciones permanecen como tareas pendientes, amén de que en algunas regiones, como la península de Yucatán, la debilidad del diseño de SV ha dado lugar a remoción de la selva para inscribir parcelas al programa. El abandono de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con un presupuesto tres veces menor que hace 10 años y recursos equivalentes a 7 pesos por hectárea para proteger al 12% de las tierras del país, es tema de preocupación particular.
Al inicio de su mandato, el presidente López Obrador se comprometió a prohibir la fractura hidráulica para la extracción de gas lutitas (fracking) y a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, a pesar de la constante denuncia sobre los enormes costos sociales y ambientales de estas actividades, la Secretaría de Energía ha publicado lineamientos y ha asignado financiamiento a la fracturación hidráulica. Mientras la minería fue declarada por el gobierno actividad esencial durante la pandemia, privando a las comunidades del agua necesaria para la prevención de contagios, manteniendo el esquema productivo de enclave, sin promover generación de valor agregado ni diversificación económica, manteniendo escasas contribuciones fiscales y a la generación de empleos.
Durante el año de gestión del secretario Toledo se anunció la promoción de la agroecología y la prohibición de químicos altamente tóxicos como el glifosato utilizado masivamente en los cultivos transgénicos. A partir de la renuncia del funcionario, la Secretaría de Desarrollo Rural, echó marcha atrás a esa iniciativa a la que el secretario Alfonso Romo, con fuertes intereses en la agroindustria, ha calificado de ideológica, ignorando la vasta evidencia científica sobre los peligros que entraña el uso del glifosato a y de semillas transgénicas.
Los combustibles fósiles, incluyendo el petróleo y el carbón, son el eje de la política energética de la 4T. Se ha asumido un peligroso discurso que asocia la promoción de estos combustibles con el nacionalismo y las energías renovables con el neoliberalismo, sinónimo de todo mal. Se niegan o minimizan los graves impactos a la salud pública del uso de hidrocarburos y más aún de la operación de las carboeléctricas y la realidad inminente del cambio climático, sin considerar tampoco el incumplimiento de compromisos internacionales, que al gobierno de la 4T no parecen quitarle el sueño.
La construcción de la sustentabilidad requiere participación social informada, como movilización en defensa de la calidad ambiental y el derecho a la vida y en la cogestión de bienes ambientales críticos como el agua, los territorios y los sistemas agroalimentarios. Nada más lejos de la gobernanza democrática que el autoritarismo con que el gobierno de la 4T ha impuesto sus proyectos emblemáticos, destacando en este sentido el Tren Maya, que ha dejado de lado cualquier preocupación ambiental y los derechos de las comunidades peninsulares, llegando a atacar virulentamente, con información manipulada desde la presidencia, a quienes han osado oponerse a esa iniciativa.
En el balance de la gestión de la 4T en temas socioambientales abundan más las sombras que las luces, se evidencia una comprensión muy limitada de estos problemas y de sus consecuencias, mientras se maneja una narrativa que reduce la política ambiental a la siembra de árboles en parcelas particulares, con una distribución de recursos cercana a lo clientelar.
*Leticia Merino es coordinadora del Observatorio académico y el Seminario universitario de sociedad, medio ambiente e instituciones de la UNAM.