La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Ejecutivo, supone una fuerte sacudida en el tablero político español procedente de los tribunales. Resulta difícil hallar en Europa países en los que los asuntos judiciales tengan tanta relevancia en la vida política. En este caso, afecta a la misma cúpula del Gobierno, que acumula una nueva dificultad en un momento crítico para España. La petición del magistrado, que ve indicios de denuncia falsa y revelación de secretos, entre otros delitos, se produce en el marco del caso Dina, una pieza menor dentro de la macrocausa Tándem, que acumula más de 27 casos abiertos por las presuntas actividades delictivas de un “clan policial mafioso” liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La petición del juez es un paso grave, aunque por el momento Iglesias no esté imputado.
Los hechos son los siguientes: a la asistente de Podemos Dina Bousselham le fue robado el móvil en noviembre de 2015; su tarjeta llegó a la revista Interviú en enero de 2016 y sus responsables entregaron el original o una copia por un lado a Pablo Iglesias y por otro a Villarejo; parte de ese contenido fue publicado en varios medios de comunicación; Iglesias guardó la tarjeta y no se la devolvió a Bousselham hasta meses después; en ese momento, estaba inservible; en el teléfono había documentos y pantallazos de conversaciones con miembros de Podemos.
La Audiencia empezó a investigar este caso tras encontrarse los archivos en casa de Villarejo, entendiendo que era verosímil que él hubiera organizado el robo del móvil y filtrado ese contenido. Así lo ha estado investigando también la Fiscalía. García Castellón cambia ahora radicalmente de hipótesis: achaca a Pablo Iglesias y al equipo jurídico de Podemos un montaje para aparecer como víctimas de las cloacas del Estado.
En una llamativa divergencia de criterio, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvió a Iglesias el pasado 16 de septiembre la condición de perjudicado que previamente García Castellón le había revocado. Los magistrados afirman que la hipótesis Villarejo sigue siendo verosímil y que “no hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a alguna de estas alternativas” que plantea el juez, y que en todo caso la pieza de la Audiencia no sería el lugar adecuado para investigar esas otras posibilidades.
El Supremo tendrá ahora que pronunciarse y tendrá que hacerlo en un clima marcado por la creciente politización de la justicia. De manera estructural, por la injustificable negativa del PP a renovar el Poder Judicial. También por el nombramiento como fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo de Sánchez de la saliente ministra de Justicia. Es necesario que la política garantice una escrupulosa sustancia y apariencia de imparcialidad para devolver a los ciudadanos confianza en la justicia. La decisión del Supremo aclarará el camino judicial de Iglesias y, en su caso, la necesaria asunción de responsabilidades por parte del vicepresidente segundo del Gobierno.
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