A una semana del asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marisol Romero Zamora, y el director de la Policía Municipal, Geovanny Emmanuel González Morellano, fueron imputados por el delito de extorsión agravada. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.
La audiencia inicial de formulación de imputación se realizó este martes en la Ciudad Judicial de Cuautla. La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo que no fueron dados a conocer los argumentos de las partes ni los datos de prueba presentados ante el órgano jurisdiccional.
Según la imputación formulada por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), ambos funcionarios municipales habrían participado, desde julio de 2025, en actos de intimidación contra dos personas. De acuerdo con la acusación, las víctimas fueron presuntamente golpeadas y amenazadas para obligarlas a entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño.
Romero Zamora y González Morellano fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión, cinco días después del asesinato de Valentín Lavín Romero, ocurrido dentro de la presidencia municipal de Temoac.
En el caso de Romero Zamora, la causa quedó registrada bajo la carpeta técnica JCC/842/2026. González Morellano enfrenta la misma imputación y permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento judicial.
El caso ocurre en medio de las investigaciones que rodeaban al alcalde Valentín Lavín Romero antes de su asesinato. El edil era investigado por su presunta participación en los homicidios del defensor del territorio Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos y a la termoeléctrica de Huexca, así como de la activista Sandra Rosa Camacho.
Tras el crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Lavín Romero era uno de los objetivos del Operativo Enjambre, una estrategia federal para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.
La audiencia de continuación fue programada para el 1 de agosto, fecha en la que el juez determinará si los datos de prueba presentados son suficientes para vincular a proceso a Romero Zamora y González Morellano.
Hasta el momento, ambas personas conservan la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal conforme avance el proceso.