El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido una nueva propuesta de control de alquileres al Ministerio de Derechos Sociales para intentar sellar un borrador de la futura ley de vivienda. El departamento encabezado por José Luis Ábalos apuesta por limitar el incremento de los alquileres en las áreas tensionadas (la denominación para los lugares donde se considere que los arrendamientos han escalado por encima de lo razonable) a un 10% del precio que tuvieran en el contrato anterior. La medida se aplicaría exclusivamente para los nuevos contratos que se firmasen en esas zonas. Transportes, que lleva el peso de la negociación por la parte socialista del Ejecutivo, considera que se ajusta a lo pactado en el acuerdo del Gobierno de coalición. Derechos Sociales, que lleva la negociación por la parte de Unidas Podemos e insiste en su objetivo no es congelar las rentas sino bajarlas, todavía no ha respondido a la propuesta. Pero la ministra Ione Belarra ha negado en Twitter que haya acuerdo, como ha publicado algún medio de comunicación.
La propuesta socialista conjuga el límite a las subidas de rentas con una prórroga forzosa para los alquileres existentes, como habían dado ya a conocer fuentes de Transportes. En tanto que el área se considerase tensionada (la declaración dependería de un procedimiento en el que participarían el Estado y las comunidades autónomas y se haría por tres años), el arrendatario al que se le acabase el contrato podría decidir prolongarlo hasta tres años, en prórrogas anuales, manteniendo las mismas condiciones. Además, en el paquete de medidas que propone el PSOE se mantienen los incentivos fiscales, la primera propuesta que hizo el partido mayoritario en el Gobierno para regular los arrendamientos. Estos contemplan bonificaciones fiscales del 90% para los caseros que, en una de esas zonas, aceptasen firmar un nuevo contrato rebajando el precio del anterior al menos en un 10%.
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Con la combinación de las tres medidas, fuentes de Transportes señalan que su propuesta “cumple escrupulosamente los acuerdos firmados” y responde al objetivo de “acabar con las subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres”. Quedan por tanto a la espera de recibir respuesta del Ministerio de Derechos Sociales, con el que llevan meses discutiendo sobre la manera de regular los alquileres en la que será la primera ley estatal de vivienda de la democracia. “La única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales”, ha respondido Belarra en Twitter.
Aunque las posturas se han acercado mucho en los últimos meses, hace dos semanas fuentes de Unidas Podemos ya señalaban que la propuesta de congelación de rentas mediante la prórroga forzosa de los alquileres “no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda”. Salvar esta norma —impulsada por En Comú Podem junto con las fuerzas nacionalistas y recurrida por el PP y el Gobierno en el Tribunal Constitucional— es uno de los objetivos de Unidas Podemos. De hecho, es la fórmula aplicada en Cataluña, donde se establece un baremo de precios que funciona como tope en función de la localización del arrendamiento, la que Belarra ha defendido en su tuit al hacer alusión a los “índices de referencia”.
Las nuevas discrepancias afloran en un día significativo para la futura ley de vivienda. Atascada desde principios de año, este miércoles expira el plazo teórico que el Gobierno se había dado para aprobar un borrador de la ley y enviarlo al Congreso. Así se recoge en el plan de recuperación remitido a Bruselas, en el que además se contempla una larga tramitación parlamentaria. Según ese documento, la aprobación definitiva de la norma no llegaría hasta el segundo semestre de 2022.