Abengoa ha vuelto a ampliar el plazo para cerrar el plan de reestructuración. A última hora de este jueves ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto, se ha procedido a extender el plazo hasta el 17 de noviembre de 2020 “con el objetivo de dar un periodo de tiempo adicional para que la Junta de Andalucía pueda aportar el compromiso de apoyo financiero” de 20 millones de euros. Esta es la única condición que no depende del grupo y que está aún pendiente.
La sociedad reitera que este nuevo retraso perjudica de manera significativa la continuidad de los negocios de Abengoa Abenewco 1 y su grupo, que ven limitadas sus posibilidades para acceder a nueva contratación y para cumplir con sus obligaciones corrientes, con lo que la demora en el cierre debe llegar a su fin. Por tanto, si llegado el día 17 de noviembre de 2020, no se tiene certeza en cuanto a la posibilidad de proceder con dicho cierre en los siguientes días, el Consejo de Administración de Abengoa Abenewco 1, “habida cuenta de que la viabilidad del grupo estará gravemente comprometida y atendiendo a sus deberes fiduciarios, tomará las decisiones que le correspondan, atendiendo a sus deberes fiduciarios, para proteger los intereses de Abengoa Abenewco 1 y de todos sus grupos de interés”.
La nueva ampliación supone otra vuelta de tuerca, ya que desde el 29 de septiembre, cuando acabó el primer periodo para cerrar el plan de salvación, se han ido dando plazos de distinta amplitud siempre con la misma advertencia de que si no recibían los 20 millones la empresa estaba abocada al concurso de acreedores. Sin embargo, se han cumplido los plazos sucesivamente y la última decisión nunca se ha tomado con la esperanza de que se alcanzara un acuerdo.
La empresa ha llegado a amenazar al Gobierno andaluz de trasladar la sede a otra comunidad, mientras este sostiene que no encuentra la fórmula para entregar los 20 millones de la controversia. Una de las posibilidades, que cada vez se está haciendo más factible, para evitar la suspensión de pagos, es que la cantidad que falta para cerrar el plan salga de los acreedores financieros y no de la Junta de Andalucía, se cumpla o no la citada amenaza de sacar la empresa del territorio andaluz.
La firma de infraestructuras y energía, la primera de Andalucía con 3.000 trabajadores, genera 5.000 empleos indirectos, pero su situación es delicada: ha hecho varias ampliaciones de plazo de siete o 15 días desde que se presentó este tercer plan de reestructuración. En todo caso, cualquier acuerdo tendría que recibir el visto bueno de todos los implicados; es decir, los acreedores bancarios y el Gobierno, que participa a través del ICO y el Cesce, así como de los proveedores.
El grupo afrontó un plan de reestructuración en 2017 en el que se realizó una quita y recapitalización de deuda por valor de 7.000 millones de euros. Posteriormente, en 2019, en una segunda reconversión, se capitalizaron otros 3.000 millones. En total, una quita del 95%. Ahora, en esta tercera reestructuración, ha acordado la financiación de 230 millones con aval del ICO del 70%; líneas de avales de 300 millones con apoyo del Cesce; quita del 50% de la deuda con los acreedores financieros y una solución para la deuda comercial con los proveedores, a los que se les ofrece el 5% de los flujos de caja y fondos procedentes de la venta de activos.
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